Las investigaciones anticorrupción que incomodaron al presidente de Guatemala

Jimmy Morales, presidente de Guatemala. / EFE

El cierre unilateral de la misión anticorrupción de la ONU en Guatemala crispó las tensiones en el país centroamericano y encendió las alarmas en la región. Sin embargo, aunque la decisión del gobierno guatemalteco en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, fue revocada este miércoles por la Corte Constitucional de ese país, el pleito entre el Ejecutivo y la Cicig no es algo nuevo ni inesperado.

"El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el Gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo", decía un comunicado publicado por su oficina.

Tras años de desencuentros, el gobierno liderado por Jimmy Morales anunció este martes 8 de enero el fin del acuerdo que vinculaba a su país con la Cicig, instituida en el país centroamericano desde el año 2007 y liderada en la actualidad por el abogado colombiano Iván Velásquez. En sus doce años de operación, la Cicig cooperó con el Ministerio Público en desactivar algunas de las mayores redes de corrupción en el país.

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Algunas de sus investigaciones, por ejemplo, terminaron en el encarcelamiento y juicio de tres expresidentes: Alfonso Portillo (2000 – 2004), acusado en 2009 por el delito de malversación de fondos y corrupción; Álvaro Colom (2008-2012), enjuiciado por haber financiado de manera ilícita su campaña presidencial, y Otto Pérez Molina (2012-2015),  involucrados en un entramado de corrupción conocido como “El caso de la Línea”.

Sin embargo, para Jimmy Morales, así como para sus antecesores, la Cicig se convirtió en un incómodo inquilino dentro de su país. Aunque en el 2015 Morales consiguió una amplia victoria en las elecciones presidenciales, gracias en parte a las investigaciones de la comisión anticorrupción, dos años después los focos de la Cicig equipo se posaron sobre el presidente guatemalteco y su familia.

El viraje se dio a inicios del 2017, cuando la Cicig acusó al hermano de Jimmy Morales, Samuel, y a uno de sus hijos, José Manuel, por participar en un fraude fiscal. De acuerdo con la comisión, ambos hombres fueron detenidos por emitir facturas de eventos falsos en 2013, para recibir fondos del Estado.

A ambos se les acusó de presentar facturas por un total de US$26.000, por eventos que nunca se realizaron, como desayunos y comidas, según la agencia de noticias EFE.

Pero como suele pasar con algunas investigaciones, esta llevó a otra más grande.

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Presidente salpicado

Morales, quien llegó a la Presidencia con el lema “ni corrupto ni ladrón”, habría fallado al declarar contribuciones de USD$1 millón, algo que, según la exfiscal general de ese país, Thelma Aldana pudo haberse prestado para el lavado de activos. Las denuncias contra Molina llegaron por primera vez en noviembre de 2016, cuando el Tribunal Supremo Electoral detectó el flujo de fondos de empresarios anónimos a las cuentas de su campaña a la Presidencia.

Desde entonces, la popularidad del presidente -un actor neoevangélico sin experiencia política se resquebrajó, mientras que la de la Cicig aumentó considerablemetne, al punto de ser la institución mejor valorada por los guatemaltecos (70% de acuerdo con últimos sondeos).

Además, Morales está envuelto en una polémica tras la revelación de gastos de lujo en 2017 por unos US$42.000. El rotativo Nuestro Diario publicó que la oficina de seguridad presidencial pagó lentes de marca, licores, masajes y flores, entre otros gastos. El mismo medio evidenció compras por US$1,4 millones en 2017 por alimentos, entre ellos mariscos y carnes finas, para el presidente, personal y actividades en la casa presidencial.

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En el mismo 2017, el mandatario trató de expulsar al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, tras declararlo persona non grata después de que la Cicig y la fiscal general Thelma Aldana solicitaran ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que le levantara la inmunidad al mandatario para que fuera investigado por el delito de financiación electoral ilícita.

En ese caso, el máximo tribunal suspendió la orden y no permitió que se expulsara a Velásquez, quien se encontraba en El Salvador. Desde entonces, el jurista colombiano no ha regresado a Guatemala y mantiene la coordinación de la Cicig desde el extranjero.

Tensión con las Naciones Unidas

Y, según el presidente guatemalteceo, ésta es una de las razones por las que decidió cancelar el convenio con Naciones Unidas.

“El silencio, pasividad y negativa para buscar soluciones generaron incertidumbre nacional sobre el actuar de la Cicig”, denunció Morales.

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Sin embargo, de acuerdo con el diario local Prensa Libre, la decisión de finalizar la misión depende única y exclusivamente de la ONU: “El acuerdo de creación de la comisión, suscrito entre Naciones Unidas y el estado de Guatemala establece que solo la ONU puede dar por terminado el convenio”, dice el medio de comunicación.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rechazó categóricamente la decisión e instó a las autoridades guatemaltecas a respetar los compromisos sobre la comisión.

Los tiempos cambian, pues cuando Morales ganó la Presidencia prometió extender hasta el 2021 el mandato de la Cicig. Ahora que ya no le sirve, la comisión tendrá hasta septiembre de este año de avanzar en las investigaciones. Una carrera contra el reloj.