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El día que Jimmy Morales ganó la presidencia de Guatemala, en 2015, una de sus primeras acciones fue reunirse con el abogado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se instaló en ese país desde 2007, mediante acuerdo con Naciones Unidas, para combatir la corrupción y la impunidad.
Entonces, el mandatario electo manifestó su satisfacción con “el proceder y el funcionamiento” de la Comisión y la persona que la dirigía y prometió que este organismo estaría en el país en 2021.
Desde hace tres años, la CICIG y el Ministerio Público (MP) han desmantelado varias estructuras criminales que tiene en prisión y procesados, entre otros, a Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, supuesto líder de la estructura de La Línea, dedicada a la defraudación aduanera.
Hasta ese momento, Velásquez contaba con la simpatía de Morales. Incluso en abril del 2016, apenas tres meses después de haber asumido la Presidencia, Jimmy Morales le pidió a la ONU la prórroga del mandato del ente internacional hasta 2019.
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Pero las cosas cambiaron y Morales no solo no renovó al mandato de la CICIG, que deberá terminar su trabajo en Guatemala en 2019 por orden presidencial, sino que prohibió la entrada al país del colombiano Iván Velásquez, por considerar que “atenta contra la seguridad y la paz”.
“El Consejo de Seguridad Nacional recomendó al presidente de la República, Jimmy Morales, prohibir el ingreso al territorio nacional del señor Iván Velásquez por considerarlo una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”, aseguró una nota de la Presidencia.Una resolución de la Dirección General de Migración que fue hecha pública da cuenta de la orden de la Presidencia de Guatemala. En la carta, que es enviada a todos los agentes de migración del país, se explica que “por orden del presidente guatemalteco se giraban instrucciones para impedir el ingreso del señor Iván Velásquez al territorio nacional por cualquier puesto fronterizo”.
Morales acusa a la CICIG y particularmente a Velásquez de sembrar el terror judicial, llevar a cabo investigaciones sesgadas y partidarias y violar las leyes locales e internacionales. El Gobierno dice que Morales le solicitó al secretario de la ONU, António Guterres, que nombre a un sustituto para Velásquez, y añade que será respetuoso del mandato de la Comisión, cuyo periodo vence en septiembre de 2019.
De mal en peor
Desde hace un año la relación entre Iván Velásquez y Jimmy Morales va de mal en peor. El 27 de agosto del año pasado, el mandatario guatemalteco declaró “non grato” al jurista colombiano por injerencia en asuntos internos e intentó, sin éxito, expulsarlo del país.
En reciente visita a Naciones Unidas, Guterres se reunió con el presidente Morales, con quien habló del trabajo de la CICIG. Cuatro días después de la cita, el mandatario guatemalteco intentó expulsar a Morales del país. Entonces Guterres dijo que le sorprendía esa reacción, pues en la cita “jamás hubo una petición para destituir al abogado colombiano”. Y le expresó su “apoyo total al comisionado”.
Era una perla más en la historia de desencuentros entre Morales y Velásquez. Morales aseguró recientemente que el comisionado había intentado presionar por diferentes medios y de forma ilegal a los diputados para que aprobaran reformar constitucionales sin dejar que el Congreso discutiera libre e institucionalmente las modificaciones.
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Ya la CICIG y el Ministerio Público (MP) habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio contra el mandatario para que le quitaran la inmunidad e investigarlo por financiación electoral ilícita en 2015.
Aunque la Corte dio luz verde al proceso, los diputados arroparon al presidente y la demanda judicial no prosperó. Un año después se vuelve a solicitar el desafuero del jefe de Estado por el mismo delito y la decisión estará otra vez en manos de los legisladores.
Investigar a la familia del presidente
Desde que José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales, hijo y hermano del mandatario, respectivamente, fueron detenidos por un caso de corrupción, la simpatía de Morales por Velásquez se convirtió en odio... y persecución.
Los dos familiares del presidente enfrentan aún un proceso judicial. Eso, aunado a que otras personas allegadas al mandatario y él mismo se han visto salpicados. Entonces el discurso público cambió. Morales primero acusó a la CICIG de seguir líneas ideológicas, de manipular el poder Judicial y de extralimitarse en sus funciones.
Después se empezó a debilitar el apoyo policial a la CICIG, al retirar a agentes de la seguridad perimetral de la sede, sacar a investigadores y aumentar los engorrosos trámites legales para solicitar el apoyo de la Policía Nacional Civil en los operativos que desarrolla conjuntamente con la Fiscalía.
La CICIG se ha convertido en uno de los mejores aliados del Ministerio Público y, en conjunto, desde abril de 2015, han desbaratado varias redes criminales que funcionaban bajo la sombra del Estado. Una de ellas fue La Línea, una red dedicada a la defraudación aduanera, que tiene en prisión y en proceso judicial al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Se estima que el expresidente Pérez Molina defraudó al Estado guatemalteco por una suma cercana a los US$3,5 millones, pero su sucesor, Jimmy Morales, parece haber llegado mucho más lejos.
Otros secretos de Morales
Morales, quien llegó a la Presidencia con el lema “ni corrupto ni ladrón”, habría fallado al declarar contribuciones de $3.000 millones, algo que, según la exfiscal general de ese país, Thelma Aldana pudo haberse prestado para el lavado de activos. Las denuncias contra Molina llegaron por primera vez en noviembre de 2016, cuando el Tribunal Supremo Electoral detectó el flujo de fondos de empresarios anónimos a las cuentas de su campaña a la Presidencia.
(Ver más: Gobierno de Guatemala prohíbe entrada de Iván Velásquez a ese país)
Morales está envuelto en una polémica tras la revelación de gastos de lujo en 2017 por unos US$42.000. El rotativo Nuestro Diario publicó que la oficina de seguridad presidencial pagó lentes de marca, licores, masajes y flores, entre otros gastos. El mismo medio evidenció compras por US$1,4 millones en 2017 por alimentos, entre ellos mariscos y carnes finas, para el presidente, personal y actividades en la casa presidencial.
El presidente defendió que esos pagos se hagan con dinero del Estado. “¿Por qué es que yo tengo que pagar (los artículos de lujo) de mi salario?”, preguntó el gobernante ante cuestionamientos de periodistas. La Contraloría ordenó al jefe de seguridad presidencial devolver al menos US$26.600 por los gastos de lujo, aunque la cantidad puede ser mayor, pues continúa una revisión de auditoría.
El presidente de Guatemala ha abierto todos los frentes para impedir que la CICIG, incluido Velásquez, continúe desarticulando la corrupción en el país centroamericano, sin importar que, para ello, haya revivido la incertidumbre de los años de la guerra y la pugna con la máxima magistratura del país.