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Las preguntas que deja la nueva cooperación militar con EE. UU.

Colombia ya hace parte del Escudo de las Américas, pero el alcance de la nueva cooperación militar con Estados Unidos aún es una incógnita. Estas son las claves para entender qué podría cambiar con la llegada de tropas estadounidenses a operaciones contra el narcotráfico.

Hugo Santiago Caro

15 de agosto de 2026 - 07:01 p. m.
Pete Hegseth en reunión con Jorge Mora, general en retiro y ministro de Defensa de Colombia.
Foto: Ministerio de Defensa
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Menos de una semana después de asumir el poder, el presidente Abelardo de la Espriella cumplió su promesa. Desde Cali, en su alocución inaugural, afirmó que una de sus primeras órdenes en materia de política exterior sería la adhesión al Escudo de las Américas y así ocurrió. El jueves, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, firmó junto al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, el acuerdo por el cual Colombia entra a formar parte de la iniciativa de seguridad promovida por Estados Unidos, de la que hacen parte 19 países de la región.

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Colombia no empieza ahora a cooperar militarmente con Estados Unidos. Lo nuevo es que esa cooperación puede pasar del entrenamiento, la inteligencia y la asistencia a operaciones ejecutadas de manera conjunta en territorio colombiano. O, por lo menos, así lo dejó entrever Hegseth en la declaración que hizo después de firmar con Mora el acuerdo, en un evento en Panamá al que también asistió el senador republicano Bernie Moreno. “A través del recién inaugurado presidente, Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas”, dijo Hegseth. Luego, durante la semana, afirmó desde Panamá que, junto con los socios de EE. UU. en Latinoamérica, ya están planeando operaciones conjuntas en tierra, tan letales como los ataques contra lanchas, que ya cumplen un año y que, según la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington, han causado 221 muertes. “Van a tener el mismo efecto en tierra y por eso estamos trabajando con Ecuador y Colombia, con socios, para llevar la lucha a los DTO (organizaciones designadas terroristas) en tierra”, dijo Hegseth, comparando los ataques con los hechos contra Al Qaeda e ISIS en el pasado.

Sin embargo, hasta la fecha de esta publicación, eso es lo que sabemos: lo que afirma Estados Unidos. Se desconoce qué se pactó con Colombia para su adhesión al Escudo o hasta dónde permitirá el gobierno de De la Espriella la operación de fuerzas estadounidenses en el país. Porque “operación conjunta” puede significar muchas cosas. Durante la implementación del Plan Colombia (2000-15), por ejemplo, hubo una amplia cooperación militar entre ambos países. Pero, según Luis G. Moreno, exdiplomático estadounidense y exdirector de narcóticos de la embajada de EE. UU. en Colombia durante esa época, esta se desarrolló bajo términos muy específicos, como el envío de asesores para Colombia —la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad— entrenar al Batallón Antinarcóticos de la Policía Nacional, bajo determinados códigos de la ley.

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Para el exfuncionario, tal vez esa es la clave con la que hay que leer estos anuncios. Todo lo que ocurra partirá del Status of Forces Agreement (SOFA), acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas. “Hay que esperar si hay partes que son clasificadas o que son nuevas, que se hayan firmado con el nuevo gobierno. Y preguntar bajo cuáles títulos de la ley estadounidense están estos soldados que vienen. ¿Van a funcionar unilateralmente o trabajarán en conjunto con unidades colombianas? Y si van a respetar la soberanía de Colombia”, analiza. Son los detalles de estos acuerdos los que pueden determinar cuestiones fundamentales como la jurisdicción, las inmunidades y qué ocurre frente a la actuación de un militar estadounidense en Colombia. Claro, para esto también hace falta en Colombia un trámite ante el Congreso de la República. Existen antecedentes recientes, como el de 2020, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al gobierno de Iván Duque suspender las operaciones de una brigada militar estadounidense tras una tutela interpuesta por 25 senadores. Sin embargo, en la región hay antecedentes recientes de cooperación militar con el actual Gobierno de Estados Unidos. En Ecuador, por ejemplo, hace casi un mes, militares estadounidenses y ecuatorianos comenzaron a realizar patrullajes conjuntos en la región de Esmeraldas para combatir la presencia de bandas criminales que operan desde ese país.

De hecho, desde Ecuador, Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), resalta dos operaciones conjuntas recientes, en la Amazonia y cerca de las islas Galápagos, que tuvieron cierto impacto mediático. “En al menos uno de los dos casos de las operaciones hay una discusión sobre una potencial ejecución extrajudicial por un bombardeo a barcos, donde no se ha podido probar la presunción del cometimiento de un delito. Sobre el de la Amazonia hubo una serie de confusiones; de hecho, hubo argumentaciones contrarias de las Fuerzas Armadas sobre un campamento, una granja lechera en Sucumbíos, que decían que era parte de los comandos de la frontera, pero nunca se logró probar. Tampoco hay ninguna investigación en la Fiscalía”, explica.

Es en esos escenarios donde cobran importancia las condiciones bajo las cuales entrarán y operarán los militares estadounidenses: qué pueden hacer, quién los controla y, sobre todo, quién responde si una operación termina en un abuso o en un error. Moreno también cuestiona la transparencia de la administración Trump en estas operaciones. Según su lectura, tanto en aguas latinoamericanas como en Oriente Medio, las acciones del Departamento de Guerra han ocurrido con un control limitado del Congreso estadounidense y sin un balance público suficiente. Pero las preguntas no son solo jurídicas. También están relacionadas con lo que puede ocurrir sobre el terreno cuando una operación militar se basa en inteligencia cuestionada o se amplía la participación de fuerzas extranjeras. Fernando Bastías, defensor de derechos humanos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador, ha seguido de cerca la militarización de la seguridad en ese país. Fue el abogado de las familias de los cuatro menores de edad asesinados por el Ejército ecuatoriano en 2024.

Frente a lo que ocurre en Ecuador, advierte que el enfoque militar puede ser arriesgado: “La Policía necesita apoyo; sobrepasan nuestras capacidades. Ese es el argumento técnico que incluso la Corte le ha avalado al presidente (Daniel Noboa). Pero, en la práctica, lo que se ha hecho es desplazar a la Policía Nacional, que es la autoridad civil encargada de enfrentar al crimen organizado (...) El primer error fue haber desplazado a la Policía Nacional en vez de potenciarla, fortalecerla y depurarla: la reemplazaste por las Fuerzas Armadas”.

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Sin embargo, Renato Rivera destaca que Colombia tiene su experiencia en la lucha contra el narcotráfico y en la cooperación con Estados Unidos, estudiada incluso en otros países de América Latina. Ecuador puede ser un punto válido de referencia, pero Colombia parte de una base conocida.

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La experiencia del Plan Colombia demuestra que la cooperación militar con Estados Unidos no es nueva para el país, pero el anuncio del Escudo de las Américas abre una etapa distinta si, como ha dicho Washington, los militares estadounidenses pasarán de asesorar y entrenar a participar directamente en operaciones. Por ahora, más allá del anuncio político, no se conocen los detalles que permitirán establecer hasta dónde llegará esta nueva alianza: qué podrán hacer las fuerzas estadounidenses, bajo qué reglas operarán y quién responderá si una de esas operaciones saliera mal.

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Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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