‘Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua permanecen impunes’: CIDH

Un manifestante muestra una bandera ensangrentada durante una protesta contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, el 16 de septiembre de 2018.

Foto: AFP - INTI OCON

Hace cuatro años, el 18 de abril de 2018, Nicaragua vivió una jornada de protestas que culminó en la represión de la sociedad civil. En el marco de este aniversario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que “permanecen en completa impunidad las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de la represión estatal, que resultaron en 355 personas fallecidas, más de 2.000 heridas, cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud, más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios y más de 135 organizaciones de la sociedad civil, cuya personería jurídica fue cancelada. Asimismo, miles de personas han sido forzadas a desplazarse a otros países”.

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El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) es la herramienta por medio de la cual la CIDH ha documentado el desarrollo de la crisis política, social y de derechos humanos en el país, así como las graves violaciones a los derechos humanos y el progresivo debilitamiento del Estado de derecho. La concentración del poder en el Ejecutivo y la persistencia en la impunidad están entre las razones de la profundización de la crisis nicaragüense, no sin olvidar la voluntad del actual Gobierno de perpetuarse de manera indefinida en el poder, el clima de represión, el cierre de los espacios democráticos, la prohibición de protestas sociales, la clausura y allanamiento de medios de comunicación independientes y la detención arbitraria de los líderes de la oposición.

El llamado de la CIDH, cuatro años después de lo ocurrido, es el mismo: acceso a la justicia, reparación, la reconstrucción de su democracia y el derecho a la memoria y a la verdad de las graves violaciones los derechos humanos cometidas. Asimismo, insta a los Estados de la región y a los órganos políticos de la OEA a “hacer uso de todas las herramientas convencionales disponibles que faciliten el restablecimiento de los derechos humanos y la institucionalidad democrática”.

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