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La JIFE, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, sostuvo una reunión virtual con altos funcionarios del Gobierno de Uruguay centrada en un tema: la legalización del cannabis en ese país suramericano, en 2013.
En ese año, el gobierno uruguayo adoptó la ley que legalizó el consumo recreativo de cannabis, informó este organismo de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas.
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La Junta recordó que la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 establece que el uso de cannabis debe limitarse a actividades médicas y científicas, y que otras normativas prohíben su “producción, distribución o venta”.
“Estos diálogos con los Estados parte (de los tratados) mejorarán el entendimiento mutuo y facilitarán la cooperación para cumplir con las obligaciones legales y los objetivos de las convenciones”, concluyó la JIFE.
Uruguay fue el primer país del mundo en legalizar la marihuana, una medida que siguió años después Canadá y más de una decena de Estados de EE. UU., y en México se ultima también una normativa que regula su consumo.
En Uruguay la normativa que regula la venta y el consumo de cannabis se aprobó bajo el gobierno de izquierda del Frente Amplio, que en 2020 cedió el poder al presidente de centroderecha, Luis Lacalle Pou.
Normas peligrosas
En 2019, el organismo de la ONU había acusado a Uruguay y Canadá de poner en peligro la aplicación de la normativa internacional al aprobar leyes que permiten la venta de cannabis para fines recreativos.
“La aplicación universal y plena de los tratados corre un grave peligro porque algunos Estados parte, como Canadá y Uruguay (así como varios estados de los Estados Unidos), han legalizado el consumo de cannabis con fines no médicos”, señala la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe de 2018, difundido en Viena.
“Las medidas adoptadas por esos países y jurisdicciones estatales pueden socavar los tratados. Además, pueden alentar a otros Estados parte a seguir su ejemplo y usarlo para justificar sus propias acciones”, agrega este órgano independiente dentro de Naciones Unidas.
Según la JIFE, la legalización del consumo reduce los riesgos percibidos y la reprobación social de su consumo, y conlleva un desvío de esa droga a la población menor de edad que no puede comprarla de forma legal.
El informe recuerda que el cannabis es una droga perjudicial para la salud, especialmente de los más jóvenes, y se ha asociado con la pérdida de la memoria y la atención o incluso con las aparición de trastornos sicóticos.
“La legalización del cannabis con fines recreativos, como se ha visto en un pequeño número de países, representa no solo una dificultad para la aplicación universal de los tratados y para los signatarios de los mismos, sino también un problema importante para la salud y el bienestar, en particular de los jóvenes”, resumió el presidente de la JIFE, Viroj Sumyai.
Uruguay y Canadá han argumentado que la regularización del cannabis es una medida eficiente para luchar contra el mercado negro de esta substancia.