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Decenas de miles de estudiantes, docentes, personal universitario y representantes de la política, el sindicalismo y la sociedad civil se manifestaron en las calles de toda Argentina en defensa de la educación superior pública y contra las políticas del Gobierno de Javier Milei en este ámbito.
“Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente”, leyó Piera Fernández, estudiante y presidenta de la Federación Universitaria Argentina en la emblemática Plaza de Mayo, epicentro de la convocatoria que inundó las calles aledañas.
“La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla”, prosiguió.
“Esto es importante para los que estudiamos y para los que trabajamos, porque la educación pública levanta un país”, dijo a la AFP Nicolás Villagra, un estudiante de la Universidad de Buenos Aires.
Las marchas se convocaron por el estado de emergencia presupuestaria que declararon las universidades luego de que el gobierno de Milei resolviera prorrogar para este año el mismo presupuesto que recibieron en 2023 aun cuando la inflación interanual en marzo rozó el 290 %.
“No esperen la salida de la mano del gasto público”, advirtió Milei el 22 de abril al anunciar en cadena nacional que las cuentas públicas registraron superávit en el primer trimestre.
Centrales obreras y partidos opositores de todo el arco político se adhirieron a la convocatoria, los profesores universitarios acompañaron con una huelga, las universidades privadas se unieron al reclamo y muchos participaron espontáneamente.
En la ciudad de Córdoba, centro del país y sede de la prestigiosa universidad homónima, decenas de miles de estudiantes colmaron las calles también llevando libros en alto, según imágenes de la televisión.
De momento, las protestas transcurrieron en orden y sin incidentes reseñables.
“Orgullosos hijos”
Argentina promulgó en 1884, bajo la Presidencia de Julio Argentino Roca, la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria, base del actual sistema educativo nacional, que incluye la gratuidad hasta la educación superior (universitaria) y alcanza a los extranjeros.
“Somos orgullosos hijos de la universidad pública argentina”, proclamó la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, en su discurso al término de la marcha de Buenos Aires.
La dirigente universitaria afirmó que “la educación es un derecho humano fundamental, porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad” y consideró el actual como “un período crítico como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional”.
En su discurso, reclamó la actualización de salarios y gastos de funcionamiento porque, dijo, la universidad pública se encuentra “en marzo de 2024 con valores de septiembre de 2022″; también la mejora de los jubilados y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
La reputación de la educación pública en Argentina
Milei puso en duda la transparencia del uso de los fondos y la calidad de la enseñanza al sugerir que las universidades públicas “se usan para hacer negocios turbios y adoctrinar”, según escribió en la red X el fin de semana.
“No podemos poner en sospecha 200 años de historia. Aún con muy bajo presupuesto la UBA está entre las tres mejores de América Latina”, señaló al respecto el decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Luis Brusco.
Unos 2,2 millones de personas estudian en el sistema universitario público, elegido por el 80% de los estudiantes frente a las instituciones privadas, en un país con casi la mitad de sus 47 millones de personas en la pobreza.
El sistema estatal de enseñanza superior goza de gran prestigio académico y fue cuna de los cinco premios Nobel de Argentina, tres de ellos en ciencias duras, además de desarrollos científicos y tecnológicos reconocidos a nivel mundial.
Bajo la línea de pobreza
La semana pasada, y al calor de las protestas universitarias, Milei concedió “aumentar en 70 % las partidas de gastos de funcionamiento en marzo y otro 70 % en mayo”, además de una suma extraordinaria para hospitales universitarios, con lo cual el gobierno considera que la discusión “está saldada”, dijo este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Los gastos de funcionamiento excluyen los salarios docentes, que representan el 90 % del presupuesto universitario.
“De las cuatro categorías docentes, tres han caído bajo la línea de pobreza”, afirmó el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, al dar cuenta de una escala salarial docente cuyo piso es de 100.000 pesos mensuales (112 dólares).
Además, las tarifas de energía treparon un 500 % este mes poniendo a las universidades al borde de la parálisis, dijeron autoridades.
“Al ritmo al que nos están dando dinero, solo podremos funcionar entre dos y tres meses”, aseguró el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi.
Para Rubén Arena, docente y graduado de la facultad de Ciencias Económicas, la protesta busca “defender el futuro de Argentina y muchas generaciones que van a poder acceder a una educación de excelencia”.
El recorte de gastos es necesario, dijo el manifestante de 48 años, “pero no como se está ajustando en las universidades, que permiten un movimiento social ascendente”.
La semana pasada varios edificios dependientes de la UBA debieron racionar el uso de elevadores, apagar luces en espacios comunes, limitar los horarios de bibliotecas, reducir el uso de agua caliente y limitar programas de extensión universitaria, como parte de las medidas de emergencia.
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