Hace cinco años San Antonio de los Baños, en Cuba, volvió a amanecer sin luz. Llevaba días así, pero ese 11 de julio fue diferente. Los apagones, la escasez de alimentos y de medicamentos, y el hastío acumulado de años de promesas rotas llevaron a un grupo de vecinos a organizar una protesta en el parque frente a la iglesia del pueblo. Nadie esperaba mucho, pero hacia las 10 de la mañana, cientos de personas estaban en la calle gritando “patria y vida” y “libertad”.
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En cuestión de horas, luego de que un joven empezara a transmitirlo todo en vivo, las protestas se extendieron a otros 62 lugares del país en lo que serían las mayores manifestaciones contra el régimen desde el Maleconazo de 1994. Para una sociedad que vivía acostumbrada a la censura y la represión, el movimiento fue una luz de esperanza. El presidente Miguel Díaz-Canel llegó a San Antonio escoltado en autos de lujo, pero salió abucheado.
Desde entonces, “es como si de manera diaria vivieras en un 11J”, dice la opositora Marthadela Tamayo. Si bien no se ha visto una protesta tan masiva, la oposición da fe de que hay manifestaciones todos los días, pero la represión estatal ha hecho que difícilmente vuelva a verse un fenómeno como el de ese año.
A Yoan de la Cruz, el joven que transmitió en vivo el inicio del estallido social, lo encarcelaron hace solo dos meses y lo enviaron a la unidad de operaciones de Guanajay, conocida como “el Técnico”. ¿Su delito? Haber entregado remesas enviadas desde Estados Unidos. En un país donde el 89 % de la población vive en pobreza extrema, las remesas son la única línea de supervivencia para miles de familias, como la de De la Cruz.
“Todo el mundo lo hace, y yo nunca he visto que alguien cayó preso por eso”, dijo su madre, Maribel Cruz, a Martí Noticias.
Yaxys Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), dice que su caso ilustra algo más amplio: la transformación del arsenal legal con que el régimen reprime en la isla.
“Después del 11J aprobaron un nuevo Código Penal que aumenta el número de tipos delictivos para llevar a la cárcel por protestar”, explicó a El Espectador. “Las personas pueden ser condenadas a cuatro o cinco años de prisión por convocar una manifestación pacífica, por tomar una foto en una cola o simplemente por darle a compartir en Facebook a una crítica al régimen”, agrega.
Para la oposición, el cargo contra De la Cruz era solo un pretexto para cobrarle su participación en el estallido social masivo. El problema, advierte Cires, es que la represión ya no se concentra solo en opositores y disidentes conocidos, sino que hoy puede recaer sobre cualquier ciudadano.
Tan solo en el primer semestre de 2026, la OCDH documentó al menos 1.949 acciones represivas: 257 detenciones arbitrarias, 488 retenciones ilegales en viviendas y 300 acciones en el ámbito carcelario, mayoritariamente contra presos políticos. Entre los sectores más golpeados está la prensa, con 91 casos de arrestos a periodistas independientes.
“Los están matando lentamente”, advirtió el OCDH en un informe. El aparato represivo, afirma Cires, “se mantiene intacto”, mientras el régimen “no tiene capacidad ni voluntad para resolver los problemas cotidianos del pueblo cubano”.
Las condiciones de hoy son incluso peores que cuando ocurrió el 11J. Esta misma semana colapsó por completo el sistema eléctrico del país. En los hospitales de La Habana no hay servicio de tomografía porque los equipos están averiados. En el principal centro oncológico de Cuba, 1.200 pacientes esperan radioterapia y el 80 % de la tecnología está obsoleta o dañada. Las cirugías cardiovasculares cayeron de 400 en 2018 a un centenar hoy.
La tasa de supervivencia infantil por cáncer bajó del 85 al 65 %. “Cuando usted acorta el período de hemodiálisis, está acortando la vida”, le anotó a la AFP la jefa de Nefrología del hospital Hermanos Ameijeiras, donde 72 pacientes dependen de 13 riñones artificiales obsoletos, de los cuales solo 11 funcionan.
Aunque el sector privado creció, pero para la mayoría es una ilusión: un litro de aceite cuesta más del 60 % de la pensión de un jubilado. “Hay opciones, pero no hay dinero para comprar”, le explicó a la AFP una maestra jubilada de 77 años. El aparato represivo, en cambio, no tiene ese problema de recursos.
“Las condiciones socioeconómicas y políticas son incluso peores que cuando sucedieron las protestas de 2021”, afirma Cires. Por eso, “casi todas las noches hay protestas en Cuba. El pueblo está en las calles. El estallido social se mantiene, de una forma diferente”, dice el vocero de la OCDH.
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El riesgo ante este escenario es que las protestas, así como los presos que quedan de las mismas, no se vuelvan “paisaje” en el ciclo cubano. ¿Qué puede cambiar la balanza para que no sea un estallido eterno? Para Cires, tres cosas deben ocurrir al mismo tiempo. Primera, que el pueblo cubano no abandone las calles. Las protestas, así no tengan la magnitud del 11J, deben seguir.
Segunda, que la comunidad internacional mantenga una presión sostenida, “como la que existió contra el ‘apartheid’ en Sudáfrica”, según Cires. Y tercera, que la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, cumpla un papel activo, algo que, por “cercanía geográfica y realidad geopolítica”, considera inevitable, considerando lo que ha significado Cuba para la región.
“Lo que le pasa al pueblo cubano le puede pasar a cualquier país de nuestra región”, advierte Cires. “Así se lo dijimos en su momento a los venezolanos y nos dijeron que Venezuela no era como Cuba. Miren la situación en que se encuentran”.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, también advirtió hace unas semanas en Panamá que “en Cuba, Venezuela y Nicaragua no enfrentamos tres crisis distintas, enfrentamos un mismo método: el de silenciar, encarcelar, desterrar y, sobre todo, mentir”. El autoritarismo del siglo XXI, dijo, “ya no necesita tanques en las calles, porque aprendió a vigilar los teléfonos, a perseguir más allá de las fronteras y a convertir el exilio en una política de Estado”.
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