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Las últimas semanas han mostrado crecientes tensiones entre Estados Unidos y Colombia por diversos motivos. Luego de la decisión del gobierno de Donald Trump de descertificar al país en materia de lucha contra el narcotráfico y de quitarle la visa al presidente Gustavo Petro, el informe de este año sobre la trata de personas bajó al país en su calificación.
Según el documento del Departamento de Estado, “el Gobierno de Colombia no cumple con los estándares mínimos para la eliminación” de esta problemática, “pero está realizando esfuerzos significativos para lograrlo”, aunque “no fueron serios ni sostenidos en comparación con el período del informe anterior”. De ahí que el país pasó del Nivel 1 al Nivel 2 en la medición estadounidense.
En particular, el estudio detalló que, si bien Colombia ha incrementado las investigaciones alrededor de posibles crímenes de trata de personas y ha condenado a más traficantes, “los servicios para las víctimas fueron inadecuados, y el énfasis del Gobierno en la atención de emergencia superficial no abordó las necesidades de las víctimas de cuidados complejos a largo plazo, esenciales para su recuperación”.
A renglón seguido, se lee que, en mayo de 2024, la administración terminó un contrato con una ONG que brindaba ayuda a víctimas adultas, incluyendo albergues de emergencia, dejándolas vulnerables a la revictimización. Entre el 85 % y el 95 % de ellas quedaron sin acceso a una atención adecuada.
A eso se sumó el hecho que la administración inició un número significativamente menor de procesos judiciales, identificó a menos víctimas y redujo la financiación para las iniciativas contra la trata de personas, además de que adjudicó la subdenuncia sistemática de casos a la ausencia de un protocolo.
Aunque el Nivel 2 no implica sanciones automáticas, sí supone una señal de alerta diplomática y puede derivar en restricciones de cooperación o en un mayor escrutinio internacional. Vale recordar que la última vez que Colombia estuvo en esta categoría fue en el 2014. Dos años después volvió a escalonar en la clasificación, gracias a avances en condenas, coordinación institucional y protección a las víctimas.
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