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En un artículo sobre el papel de Colombia en el narcotráfico mundial, The New York Times aseguró que no existe evidencia de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, lidere o tenga vínculos con organizaciones criminales. La declaración llega en medio de la creciente disputa diplomática entre Colombia y Estados Unidos, acrecentada por las operaciones militares contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico.
El presidente Donald Trump ha calificado a Petro como un “líder ilegal de drogas” y advirtió que podría ser “el siguiente”, tras una serie de ataques a barcos que Washington asegura estaban vinculados al narcotráfico y que inicialmente tenían como objetivo a Venezuela. Petro respondió con dureza, afirmando que Trump “no merece otra cosa que la cárcel” por ordenar la destrucción de las embarcaciones y la muerte de sus tripulaciones.
Aunque el enfoque del mandatario colombiano frente a la política antidrogas ha sido objeto de fuertes críticas internas y externas, el diario estadounidense subraya que esas objeciones no se traducen en pruebas de vínculos criminales. Petro ha sido señalado por sectores políticos y analistas de ser demasiado permisivo con los cultivadores de coca y con grupos armados ilegales, pero, según el diario, no hay evidencia que sustente acusaciones de que haga parte o dirija redes delictivas.
Según destaca el NYT, durante casi medio siglo, Colombia se ha consolidado como el mayor productor mundial de cocaína debido a su geografía, a décadas de conflicto armado y al control histórico de amplias zonas rurales por grupos ilegales. A pesar de estrategias respaldadas por miles de millones de dólares de Estados Unidos, incluyendo fumigaciones aéreas, extradiciones, erradicación forzada y ofensivas militares, ninguna ha logrado reducir de manera sostenida el negocio.
Petro llegó a la Presidencia en 2022 con la promesa de cambiar el enfoque: priorizar el desarrollo rural, concentrar los esfuerzos judiciales en los grandes jefes del narcotráfico y dejar de criminalizar a los campesinos cocaleros. Su gobierno presentó una política antidrogas a diez años que incluía la sustitución de cultivos, la ampliación de usos legales de la hoja de coca y una regulación más amplia del cannabis. Sin embargo, gran parte de estas iniciativas no se ha materializado.
Pese a su discurso crítico frente a la llamada “guerra contra las drogas”, Petro ha mantenido la cooperación en seguridad con Estados Unidos. De hecho, las incautaciones de cocaína en Colombia están en niveles récord. Bajo presión de Washington y de la oposición interna, el gobierno ha anunciado un retorno parcial a estrategias tradicionales, como la erradicación forzada y el uso de herbicidas con drones.
El New York Times concluye que el aumento simultáneo de producción e incautaciones evidencia el límite del enfoque represivo. Para los analistas citados, mientras exista demanda global de cocaína, el problema persistirá. En ese contexto, el diario enfatiza que la controversia sobre Petro es política y diplomática, no judicial, y que no hay pruebas que lo vinculen con el crimen organizado.
“Aun cuando los cambios internos se estancan, Colombia ha tomado medidas para impulsar el debate internacional. En marzo, en el principal foro de políticas de drogas de las Naciones Unidas, Colombia logró apoyo para una revisión independiente de la clasificación de la hoja de coca en los tratados internacionales sobre drogas. El Sr. Petro asumió el cargo argumentando —correctamente, dicen los analistas— que atacar a los pequeños agricultores es inútil porque simplemente resiembran”, destaca el diario.
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