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Nicaragua solicitó su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA), que desconoció la legitimidad de los comicios del 7 de noviembre, con los que el presidente Daniel Ortega fue electo para un cuarto mandato consecutivo.
“Me dirijo para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la OEA, conforme al artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización”, dice la carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y firmada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada.
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En la carta, dirigida a Almagro, el canciller dice que actúa por instrucciones del presidente Ortega. El proceso de salida dura dos años, plazo en el cual Nicaragua debe cumplir con obligaciones que tenga pendientes con el organismo.
Ortega, un exguerrillero de 76 años y en el poder desde 2007, obtuvo su cuarto mandato consecutivo, con siete de sus posibles rivales de oposición presos, bajo cargos de conspiración y otros delitos formulados previo a los comicios, en medio de fuertes críticas internacionales.
Estados Unidos le tiene prohibida la entrada a él, a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y a sus ministros.
El gobierno de Daniel Ortega tomó la decisión de retirar a Nicaragua de la OEA, luego de que la Asamblea General desconociera la legitimidad de las elecciones nicaragüenses, con el apoyo de 25 de sus 34 miembros. Las elecciones “no fueron libres, justas, ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, declaró la OEA, que advirtió que tomaría medidas con base a la Carta Democrática, que incluyen la posible suspensión de Nicaragua del organismo.
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El gobierno dijo que actuó con base a un llamado que le hizo el lunes el Congreso y que luego fue respaldado por los otros poderes del Estado, todos bajo control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda). El consenso oficialista es retirarse de la OEA, por considerarlo “injerencista” y que “obedece” a los intereses de Estados Unidos.
Managua mantiene tensas relaciones con Washington a raíz de las condenas y sanciones contra más de 30 funcionarios nicaragüenses, por corrupción y violación a los derechos humanos durante la represión de las protestas contra el Gobierno de Ortega en 2018.
De acuerdo a un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las manifestaciones dejaron 355 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales más de 150 continúan presos, y más de 103.000 exiliados.
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