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Apenas el domingo se le escuchó decir a Daniel Ortega que no habrá más elecciones en Nicaragua y ya se están moviendo las fuerzas políticas afines a él para llevar a cabo las reformas que permitan cumplir con ese objetivo. Una de ellas, por ejemplo, sería abolir la Asamblea Nacional, según informó el diario La Prensa.
El Legislativo nicaragüense anunció la preparación de un plan de trabajo para cumplir con lo dicho por Ortega durante el acto de conmemoración del aniversario número 47 de la Revolución Popular Sandinista. Para ello, una fuente política le detalló al medio opositor que el objetivo de los legisladores será introducir una reforma constitucional para abolir la Asamblea Nacional y el Estado. La idea es, según eso, elegir 1.500 diputados que se reunirán solo una vez al año.
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La fuente política le confirmó a La Prensa que “esa reunión anual la tendrán para elegir, cuando sea el caso, al presidente por un período de 10 años”, lo que significaría que Ortega se proyecta en el poder al menos hasta sus 91 años, cuando se cumplirían casi tres décadas de su dictadura.
La Asamblea Nacional, la cual Ortega mencionó que trabajará leyes que “les pongan un muro, un golpe a los golpistas, a los vendepatrias”, anunció a través de un comunicado que los legisladores “están iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla con las orientaciones presidenciales”.
En paralelo, se ha sabido que, en los últimos seis meses, el régimen de Ortega y de su esposa Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua, ha despedido a más de 3.200 trabajadores públicos, según las cifras del Banco Central del país, citadas también por La Prensa. Solo en el mes de mayo, 369 servidores fueron removidos de sus cargos. Así, desde noviembre de 2025, 3.207 personas han quedado desempleadas. Para tener de referencia un plano más amplio, en cuatro años y medio han salido 7.451 funcionarios, casi la mitad de ellos en los últimos meses.
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Estos recortes, de acuerdo con la información del diario, se han consolidado como respuesta a una orden emitida desde la Presidencia. Es decir, es una decisión directa de Ortega y de Murillo, quienes desde agosto de 2024 son los responsables de decidir sobre las plazas del Estado. Esto aumentó el control de ambos sobre la planilla estatal. Las áreas donde se han visto los recortes son: magisterio, salud, dirección, servicios administrativos, puestos técnico-científicos y producción.
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