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El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este lunes la escuela de negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles, bajo el argumento de que incumplió con las leyes que lo regulan.
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La sede del Incae en Nicaragua, ubicado en las afueras de Managua, acogió en 2019 una fallida mesa de negociación con la que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018, en la que participó el Vaticano y la Secretaría General de la OEA.
El Incae, inscrito ante el Ministerio de Gobernación desde el 1 de enero de 2009, fue disuelto por estar “en incumplimiento con sus obligaciones” ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro de esa cartera, según el Acuerdo Ministerial número 106-2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
La cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las ONG, indicó que disolvieron el Incae por no presentar sus estados financieros 2020, 2021 y 2022, asimismo porque detectaron “inconsistencias” en los estados financieros de los períodos 2015-2019. Además, por incumplir con “los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no se registraron como agentes extranjeros”.
Asimismo, la cartera de Gobernación, que dirige María Amelia Coronel Kinloch, acusó al Incae de obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, “ya que, al no cumplir sus obligaciones, no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acordes a sus objetivos o fines”.
En lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles del Incae, el Ministerio de Gobernación ordenó a la Procuraduría General de la República traspasarlos a nombre del Estado de Nicaragua.
El Incae, clasificada en diversos escalafones como una de las escuelas de negocios más importantes a nivel internacional, publicó un comunicado en el que informa “con profunda tristeza” de la cancelación de la personería jurídica por orden del Gobierno de Nicaragua.
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El Incae indicó que la decisión publicada este lunes en el diario oficial La Gaceta de Nicaragua afecta la operación en el campus Francisco de Sola, en las afueras de Managua, al que califica como “parte esencial de nuestra historia y cuna de nuestra institución”.
“A casi 60 años de su fundación, lamentamos profundamente esta situación debido a que en el transcurso de todas estas décadas INCAE ha sido fiel a su misión de contribuir activamente en el desarrollo sostenible de Nicaragua y de la región”, señala el pronunciamiento firmado por el presidente del Consejo Directivo, Roberto Artavia Loría, y el rector, Enrique Bolaños Abaunza.
El Incae, con sucursales en Costa Rica y Nicaragua, se define “como la mejor escuela de negocios en América Latina” y que “ha impulsado el progreso de la sociedad latinoamericana a través de la formación de talento de líderes regionales por medio de las Maestrías y Programas Ejecutivos”. Más de 4.000 personas se han graduado en el campus de Nicaragua.
“Por más de cinco décadas, se ha trabajado junto a empresas, organizaciones internacionales y profesionales del más alto calibre para resolver problemas, desarrollar capacidades y prepararlos para responder a las demandas del futuro”, explicó esa escuela de negocios en su página web.
Organizaciones y dirigentes opositores nicaragüenses condenaron y rechazaron este lunes el cierre y la confiscación del Incae.
“Cerrado el INCAE y confiscadas sus instalaciones. La consigna de los Ortega Murillo es muerte a la educación”, manifestó la histórica exguerrillera Dora María Téllez en su cuenta en la red social X (antes Twitter).
“Entre menos educado el pueblo nicaragüense, mejor para ellos. Su única oferta para Nicaragua es arrasar con todo. Incapaces y temerosos”, dijo la exguerrillera sandinista disidente, excarcelada y expulsada a Estados Unidos en febrero pasado.
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De esta forma el Incae se suma a una lista de organizaciones, medios de comunicación y universidades que han sido cerradas por el Gobierno de Nicaragua en el marco de una crisis sociopolítica que comenzó en 2018 con unas protestas populares contra el mandatario Daniel Ortega.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega logró la reelección para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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