Nayib Bukele y Marco Rubio se saludaron en español. En su visita a El Salvador, el secretario de Estado de Donald Trump fue recibido por el presidente salvadoreño, que portaba sus usuales gafas estilo piloto, emulando la idea que desde que llegó al poder ha tratado de mostrar: ser un presidente “cool”. Ambos se encontraron a orillas del turístico lago de Coatepeque, donde el mandatario reside, y tras la reunión surgió la propuesta de enviar a presos estadounidenses a cumplir su pena al país centroamericano, tanto ciudadanos como residentes, así como a miembros de grupos delincuenciales como la pandilla MS-13 (de El Salvador, Honduras y Guatemala) y el venezolano Tren de Aragua. La idea causó desconcierto, no solo porque es difícil encontrar un antecedente en el derecho internacional, sino porque el Estado salvadoreño ha sido fuertemente criticado por la violación a los derechos humanos en sus cárceles, sobre todo en el marco del estado de excepción de Bukele, que lleva casi tres años en vigor y ha llevado a la detención de más de 80.000 personas, en medio de denuncias de tortura y violación al debido proceso.
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“Le hemos ofrecido a Estados Unidos la oportunidad de externalizar partes de su sistema penitenciario”, escribió el mandatario salvadoreño en su perfil de X. Allí mismo un usuario tuiteó: “¿Podemos enviar a Bob Menéndez?”, exsenador estadounidense condenado a 11 años de cárcel por soborno. La cabeza del Ejecutivo respondió: “Sí, con mucho gusto lo recibimos”. Según él, los convictos que lleguen serían enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel que inauguró en 2023, en medio de la implementación de su cuestionada política de lucha contra las pandillas. Calificada como “una oferta de amistad” que “ningún país ha hecho”, Rubio respondió que Estados Unidos estaba “increíblemente agradecido” y que le comentó la propuesta a Trump, quien se mostró abierto a la posibilidad. Más adelante, estando en Costa Rica, otro destino en su primera gira internacional luego de estrenarse como secretario de Estado, agregó que revisará la legalidad de la propuesta: “Tenemos una Constitución, todo tipo de cosas, pero es una oferta muy generosa”.
Henri Fino, coordinador de la oficina de asesoría legal anticorrupción en la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), recuerda que Bukele ya se había ofrecido a ayudar a Estados Unidos para disminuir la tasa de homicidios, e incluso también había dicho que le podía ayudar a Haití a solucionar la grave crisis de seguridad que vive, pero la más reciente propuesta es otra cosa: “El presidente está ofreciendo a El Salvador como una cárcel para los criminales estadounidenses, y eso va en contra de la soberanía y la dignidad del pueblo salvadoreño”. El abogado cree que lo dicho por Bukele, más que un acto de diplomacia, es una actitud servil hacia el republicano, con quien comparte al menos dos características: ser mediático y un líder que incluso va más allá de la ley. En el caso de Trump, siendo el primer presidente estadounidense que llega a la Casa Blanca tras ser declarado culpable en un caso de falsificación de registros, en un intento por ocultar la relación que sostuvo con la actriz para adultos Stormy Daniels. Bukele, por su parte, por haber logrado la reelección, a pesar de que la misma Constitución la prohibía.
Fino no descarta que la propuesta del presidente salvadoreño tenga, de fondo, la idea de ganar simpatía frente a su homólogo estadounidense, en un intento por frenar las deportaciones de connacionales irregulares, manteniendo, en consecuencia, el Estatus de Protección Temporal, que ya fue revocado para los venezolanos. Eso, sin embargo, dice que no es una garantía, menos con la personalidad del nuevo ocupante de la Oficina Oval. Además, pone en duda la idea que se ha divulgado acerca de que Bukele ha solucionado el problema de la seguridad: “Aunque él busca afianzar esa credibilidad y esa falsa imagen, el problema es que aquí no hay nada de eso. Su estado de excepción ha impuesto terror y las cosas no se hacen por respeto a la ley, sino por el miedo a la represión y a la cárcel”.
El Salvador es el país con mayor tasa de encarcelamiento en el mundo. Así lo muestran los datos de la organización World Prison Brief, que estima que por cada 100.000 habitantes hay 1.086 personas detenidas. En la lista le siguen Cuba (794), Ruanda (621), Turkmenistán (576) y Estados Unidos (531). La cuestión, según Fino, es que ese sistema penitenciario, en el que hay reclamos de hacinamiento extremo, falta de garantías e incluso muertos bajo custodia, no es el que le está poniendo sobre la mesa a Washington. El que le está ofreciendo es el de su centro contra el terrorismo, que se estima que debe estar ocupado en un 50 %, más o menos con unos 20.000 reclusos. Si antes del régimen de excepción había unos 35.000 presos, ahora, sumados los más de 80.000 que hay bajo esa medida, la cifra puede rondar los 120.000. De por sí, sin tener en cuenta la capacidad del CECOT, no había capacidad para más de 22.000 detenidos en el país. Es decir, desde antes de su apertura, el modelo estaba desbordado y colapsado. En palabras suyas: “Se sabe que este es un sistema penitenciario violador de los derechos humanos. Si nos convertimos en la cárcel de los delincuentes estadounidenses, eso sería una bofetada para el pueblo salvadoreño, especialmente para las víctimas que siguen reclamando justicia”.
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