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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el martes el estado de excepción en siete provincias “por grave conmoción interna”. La medida se conoció en medio de los bloqueos en algunas vías del país y del rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, lo que ha elevado su costo. Los manifestantes también se movilizaron por la inseguridad en las carreteras del país.
El estado de excepción en Ecuador se decretó para las provincias de Carchi (fronteriza con Colombia), Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.
El presidente Daniel Noboa argumentó en un decreto que la medida se debe a “las paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta” y afectando el “derecho a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”.
El estado de excepción restringe el derecho a la reunión y otorga el control del orden público a la Policía y las Fuerzas Armadas. “Esta situación requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos, el orden público y la paz social”, señaló el decreto del Ejecutivo.
Con el estado de excepción, las autoridades limitan las aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día, con el objetivo de paralizar servicios públicos e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos. Sin embargo, no implica restricción al derecho a manifestarse, “siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía”, aclaró el decreto.
La declaratoria llegó mientras sindicatos y sectores sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), rechazaron el alza del precio del diésel, a raíz de la eliminación del subsidio.
Desde el lunes iniciaron protestas parciales en Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura, y el martes 16 de septiembre se registraron bloqueos en el norte de Pichincha y en vías de Carchi. En consecuencia, la sede del Ejecutivo se trasladó de forma temporal a Cotopaxi y la de la Vicepresidencia a Imbabura.
El detonante de las nuevas protestas y bloqueos en Ecuador
El pasado viernes 12 de septiembre, el Ejecutivo dispuso la eliminación de un subsidio de US$ 1.100 millones al diésel, usado por el transporte pesado, de pasajeros y el sector agrícola, entre otros.
Por tanto, los precios de este combustible, usado ampliamente en el campo, la pesca y otros sectores primarios, así como en el transporte de pasajeros y de carga por carretera, pasaron de US$ 1,80 por galón (3,78 litros) a US$ 2,80.
El Gobierno advirtió que está abierto al diálogo, pero no “a la negociación ni a la extorsión” por parte de los sectores afectados. Añadió que no cederá en su decisión de eliminar el subsidio y usar esos fondos para beneficiar a quienes realmente lo necesitan.
Sindicalistas de distintos sectores anticiparon que radicalizarán las protestas en rechazo a la medida, en tanto la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo en el país, indicó que la administración de Noboa “está llevando al límite la paciencia popular”.
Para reducir el impacto de la medida, las autoridades ofrecieron el pago de compensaciones monetarias desde US$ 400 a US$ 1.000 mensuales a los transportistas y programas de apoyo social y agrícola, así como la entrega de tractores.
En la víspera, el Gobierno afirmó que depositó más de US$ 1,1 millones en incentivos productivos a más de 1.600 transportistas de las modalidades intercantonal (rural, urbano y combinado), inter e intraprovincial.
Mientras, 70.000 productores se convirtieron en los primeros beneficiados del Bono Recursos de Apoyo e Inversión para el Crecimiento Económico Sostenible (RAÍCES) de mil dólares.
No obstante, los manifestantes también rechazaron la inseguridad en las vías y denunciaron ser víctimas de robos, asaltos y extorsiones, entre otros delitos más, por lo que exigieron mayor atención del Gobierno.
Con información de las agencias AP y EFE
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