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El presidente de Perú, Francisco Sagasti, anunció la designación de un nuevo comandante general de la Policía, la instalación de una comisión de modernización de esta institución y gerentes públicos para la gestión de sus recursos, como parte de una reforma tras la violencia en las manifestaciones a inicios de este mes.
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“He adoptado la decisión de designar como nuevo comandante de la policía, al general César Augusto Cervantes”, anunció Sagasti en un mensaje al país por televisión, seis días después de asumir el poder tras el efímero gobierno de Manuel Merino. “Estas medidas tienen por finalidad fortalecer a la Policía”, añadió el mandatario centrista.
Cervantes reemplazó al general Orlando Velasco, quien estaba en el mando de la Policía desde el 7 de agosto, aunque este jefe no ha sido responsabilizado por la represión de las protestas contra Merino porque estaba con licencia por enfermedad.
Dos muertos y más de un centenar de heridos dejó la represión policial de las manifestaciones en Lima contra Merino, quien renunció cinco días después de asumir el mando en reemplazo del popular mandatario Martín Vizcarra, luego de que éste fuera destituido por el Congreso.
Con el fin de volver a conectar a la Policía Nacional con la ciudadanía, el gobernante dispuso “que se fortalezca el sistema de protección a la familias de las víctimas y brigadistas que dieron apoyo en las movilizaciones públicas, en coordinación con las organizaciones de derechos humanos (...) Queremos darle tranquilidad a los familiares”, agregó Sagasti.
“Defender la democracia”
Con la designación de Cervantes, 15 generales de la policía pasan a retiro, indicó el ministro del Interior, Rubén Vargas, a la radio RPP. “Queremos una policía que siga defendiendo la democracia, los derechos fundamentales, que nos devuelva la seguridad y las garantías”, dijo Vargas.
Sagasti dispuso además crear una comisión, encabezada por el ministro Vargas, que recomiende en 60 días acciones para modernizar y fortalecer a la Policía. El mandatario dijo que con esta reforma quiere “conectar a la policía con la ciudadanía”.
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Vargas anunció el domingo una investigación administrativa, que puede alcanzar a generales y otros oficiales, tras la muerte de dos jóvenes manifestantes por la represión en Lima, el 14 de noviembre. “Las investigaciones están realizándose con absoluta prioridad y respetando el debido proceso”, dijo este lunes el ministro. “No quiero adelantarme a ningún tipo de sanción”.
El uso de escopetas que disparaban perdigones de plomo y canicas (bolitas) de cristal dejó además un centenar de heridos en el centro de Lima y hubo también denuncias de abusos sexuales a mujeres detenidas en comisarías.
Misión de ONU
La Fiscalía abrió hace una semana una investigación penal preliminar contra Merino y dos de sus ministros por la represión, que puede alcanzar también a otros funcionarios y policías. La Fiscalía trata de determinar la “línea de mando” en el gobierno y la policía en esos días para definir a quiénes llevar ante la justicia.
Una misión de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos visitó Lima para obtener información sobre la represión policial, que incluyó “reportes de uso indebido de armas menos letales y de agentes vestidos de civil”, según la ONU.
“Tuvimos la oportunidad de conocer más de la situación en Perú por medio de nuestra observación directa y del diálogo franco con sus protagonistas”, incluidos familiares de los dos jóvenes muertos, destacó Jan Jarab, jefe de delegación y representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, citado en un comunicado.
Gerentes civiles
Tras asumir el poder el 17 de noviembre, Sagasti introdujo varios cambios en la cúpula del Ministerio del Interior, del cual depende la Policía.
Además, el presidente anunció este lunes la designación de “gerentes públicos” civiles en tareas de administración en la Policía, en medio de sospechas de corrupción en la adquisición de implementos de bioseguridad en el marco de la pandemia del coronavirus, según medios locales.
Más de 33.700 policías peruanos han contraído el coronavirus, de los cuales han muerto más de 500, según cifras oficiales. El país andino de 33 millones registra 950.000 contagios de COVID-19 y más de 35.000 muertos.
El presidente dijo que esta reforma busca darle “transparencia e integridad” a la Policía, en alusión a los presuntos actos de corrupción durante la pandemia.