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Antes de que sus detractores le otorguen el cargo, lo que ha hecho hoy el portavoz de John Boehner, Barack Obama ya se lo había concedido a sí mismo. El presidente de EE.UU. había dicho con anterioridad que de actuar de forma unilateral ante la reforma migratoria se convertiría en lo que no es, en “un emperador”, en “un rey”. “Soy la cabeza del poder ejecutivo y estoy llamado a seguir la ley”. La cita es de enero de 2013.
Febrero del mismo año, respuesta similar ante parecida pregunta sobre qué hacer con los más de 11 millones de indocumentados que residen en el país: “El problema es que soy el presidente de Estados Unidos. No soy el emperador de Estados Unidos. Mi trabajo es ejecutar la leyes que se aprueban y hasta ahora el Congreso no ha actuado para cambiar lo que yo considero un sistema de inmigración roto”.
Meses después, con la suerte de las elecciones legislativas ya echada y el Congreso en manos republicanas a partir de enero, Obama sumó su nombre al de presidentes que decidieron cambiar el curso de la historia a golpe de decreto ejecutivo, circunvalando la autoridad del Congreso. Bajo una acción ejecutiva, Abraham Lincoln firmó la proclamación de emancipación que hacía libres a los esclavos y Harry Truman usó el mismo recurso para poner fin a la segregación en el Ejército. Y aun así, todo el ruido mediático no deja escuchar que Obama ha sido, desde William McKinley (1897-1901), el presidente que menos órdenes ejecutivas ha firmado (193 frente a 185; George W. Bush emitió 291 y Bill Clinton 364).
Obama defendía su postura durante el pasado fin de semana en la rueda de prensa al final de la cumbre del G-20 en Brisbane (Australia), donde se encontraba en el tramo final de su gira asiática. “Mi posición no ha cambiado”, dijo, justificando su intención de gobernar por decreto en lo que a legalizar a irregulares se refiere. La Casa Blanca explicó su declaración al decir que los cambios en los comentarios del presidente en los últimos años reflejan un giro en el énfasis, no en la opinión.
Dicho de otra manera, los matices son importantes: la anterior opinión del mandatario enfatizaba los límites de su autoridad porque en ese momento estaba centrado en que el Congreso pasara una ley que reformara de manera integral la ley migratoria. En este momento, ahora, sigue la Casa Blanca, el mandatario enfatiza su habilidad para actuar.
El diario The Washington Post le recordaba al mandatario unas palabras de principio de año en un editorial de este martes: “Actuar en solitario no es como funciona nuestra democracia”. “Créanme, la idea de hacer esto solo es muy tentadora”, dijo presionado por los grupos a favor del cambio. “Y no sólo con la reforma migratoria, pero así no es como funciona nuestro sistema, así no está escrita nuestra Constitución”, declaró entonces quien fue profesor de derecho constitucional.
En este paso que va a tomar Obama hay mucho de estrategia política de cara al futuro y poco de improvisación —legalizar con una orden ejecutiva ahora alrededor de cinco millones de inmigrantes sin papeles asfalta un peligroso camino para quien venga detrás y ose revocarlo—. Porque, desde luego, si se han esperado seis años se podría esperar más y no sucumbir a este repentino lanzarse en brazos de una unilateralidad que decía rechazar. No existe una crisis que amenace la seguridad de la nación, que esté forzando la mano del presidente para actuar por decreto.
El debate interno ya bulle dentro del Partido Republicano y supondrá una prueba importante para el liderazgo de ambas cámaras. John Boehner y Mitch McConnell deberán probar que pueden gobernar y obviar las voces más estridentes que les van a reclamar que, por ejemplo, si Obama decide anunciar su acción ejecutiva antes del 11 de diciembre —fecha límite para financiar el Gobierno— despoje de fondos las partidas que financian el sistema e incluso se llegue a un nuevo cierre del Gobierno. Pero si el presidente da su golpe de timón después de esa fecha, lo que sufrirá un revés será sin duda la confirmación ante el Senado de la nueva secretaria de Justicia, Loretta Lynch.
Ante lo que parece el inminente anuncio presidencial de que alrededor de cinco millones de personas podrían dejar de vivir en las sombras, la derecha no parece tan motivada en sus ataques políticos a la Casa Blanca por la inmigración ilegal en sí como por el método escogido por Obama para integrar a esas personas a la legalidad estadounidense. Lo que no deja de ser sorprendente, ya que dos de los últimos tres presidentes republicanos —Ronald Reagan y George Bush padre— hicieron lo mismo al extender la amnistía a los familiares que no quedaban protegidos por la última gran reforma migratoria, la dictada en 1986.
Por Yolanda Monge, Especial de El País, Washington
