[Opinión] “Roe vs. Wade”: no permitiremos retrocesos

Algunas activistas por el derecho al aborto organizaron una manifestación frente a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Foto: AFP - Agencia AFP

Mujeres, imaginen que al despertarse hoy se encontraran con la noticia de que no pueden votar. Se fueron a dormir con un derecho, que ha sido suyo durante décadas, despertaron y ya no está, les ha sido arrebatado. Suena absurdo e injusto, ¿no? Eso es lo que puede estar a punto de ocurrirle a 36 millones de mujeres, niñas y hombres trans en Estados Unidos de eliminarse “Roe vs. Wade”, el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que legalizó el aborto en ese país en 1973 y lo calificó como derecho fundamental.

Hace unas semanas se conoció la filtración de un borrador de la opinión del juez Samuel Alito en el cual se señala la intención de anular “Roe vs. Wade”. Hasta este momento, el aborto sigue siendo legal en Estados Unidos, pero no está muy claro aún cuál será la decisión definitiva que se dará a finales de junio. Lo que sí es claro es que durante casi 50 años las mujeres de ese país han tenido el derecho de decidir libremente sobre sus cuerpos. Es claro también que si se anula “Roe vs. Wade”, 26 estados estarían listos para prohibir el aborto y el 41 % de las mujeres en edad reproductiva en los Estados Unidos se verían afectadas, pues los proveedores de servicios de aborto más cercanos cerrarían sus clínicas. Es decir, se deberá no solo viajar sino disponer de más recursos para poder interrumpir un embarazo.

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Durante 50 años el aborto ha sido un derecho reconocido en Estados Unidos, un derecho como la educación, el voto y la propiedad privada, que no fueron dados por los patriarcas fundadores, sino que tuvieron que ganar los movimientos feministas con sus luchas históricas, con movilizaciones y argumentos. Y, entonces, después de tanto luchar y tratándose de un asunto central para las mujeres, ¿de un día para otro en Estados Unidos ese derecho fundamental simplemente no existirá más? Nos resulta increíble que algo así pueda ocurrir y que exista incluso como posibilidad en el siglo XXI, cuando los Estados deberían caminar hacia la garantía de más derechos, no hacia eliminar los ya alcanzados o poner en riesgo a sus ciudadanas por desaparecerlo de sus opciones reproductivas. Resulta aún más absurdo en estos tiempos en los que sabemos, apoyadas por datos, que penalizar el aborto produce mayores riesgos para la vida y la salud de miles de niñas y mujeres.

Aunque tenemos marcos legales y contextos sociales distintos, conocemos las fatales consecuencias de impedir el acceso al aborto y el pésimo mensaje democrático que daría este nefasto cambio, más en un país que se precia de respetar las libertades individuales y la intimidad de las personas. Cuando desde el Movimiento Causa Justa interpusimos la demanda contra el delito de aborto del Código Penal colombiano argumentamos que la penalización y criminalización no impide que las mujeres aborten. Por el contrario, genera y perpetúa el estigma alrededor del aborto y representa mayores cargas para el sistema de salud, pues empuja a quienes necesitan acceder al aborto a contextos inseguros.

Además, porque tanto en Colombia como en Estados Unidos, quienes más resultan afectadas por la criminalización y la prohibición del aborto son siempre las mismas: las afro, las indígenas y otras personas racializadas, las habitantes de zonas rurales, las personas con discapacidades, las migrantes y las personas de bajos recursos. La penalización y las barreras de acceso afectan más a unas que a otras: por ejemplo, en América Latina y el Caribe el 80 % de las violaciones sexuales de niñas y adolescentes se concentran en víctimas entre los 10 y 14 años.

La tendencia en el mundo ha sido ampliar las leyes de aborto en los últimos 25 años. En este momento de la historia, el aborto debería ser un derecho tan amplio y sólidamente establecido que ninguna persona dude que tomar decisiones libres sobre el propio cuerpo es una garantía constitucional, protegida por el Estado. Tal como nadie duda hoy de la importancia que tiene para la democracia que todos y todas podamos votar sin discriminación.

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La situación por la que pasa Estados Unidos en este momento nos recuerda la importancia de acompañar los cambios en las legislaciones con la despenalización social o, en otras palabras, con pedagogía, información y diálogo. Por eso, desde el Movimiento Causa Justa, hace muchos años, entendimos que las batallas judiciales por sí mismas no son suficientes para garantizar derechos si estas no van acompañadas de cambios culturales y sociales profundos.

La apuesta del movimiento feminista tiene que seguir siendo esa: ocupar todos los espacios de opinión pública hasta que nuestros derechos se vuelvan costumbre, que no estén sujetos a vaivenes políticos o impulsos autoritarios, y que la sociedad interiorice que permitir el acceso al aborto es garantizar vidas dignas y con autonomía para todos y todas. Mientras los gobiernos y las autoridades públicas estén dispuestos a prescindir de los derechos de las mujeres, y con ello a poner en riesgo las vidas de las niñas y mujeres, deberán tener claro que les hará frente un movimiento vigilante y activo, con una voz alta y clara.

En Colombia, en febrero de este año, logramos, a través de una sentencia de la Corte Constitucional, que el aborto se despenalizara libremente hasta la semana 24. Una de las decisiones más progresistas que existe en el mundo en cuanto a derechos reproductivos y que hace parte de una línea jurisprudencial que sobre este derecho ha desarrollado progresivamente, desde el 2006, el Alto Tribunal. Desde el movimiento Causa Justa, nuestra meta es, en el plano legal, seguir trabajando hasta eliminar el delito de aborto del Código Penal y, de manera más amplia, más allá de lo legal, que las mujeres tengan cada vez más libertad y autonomía.

Estamos convencidas de que el derecho penal no es la vía idónea para regular nuestro acceso a servicios de salud reproductiva y mucho menos el goce de nuestros derechos. Para ello debe existir una mejor regulación, mediante políticas públicas, que contribuya a prevenir las muertes y complicaciones por abortos inseguros y el embarazo no deseado, así como programas de educación sexual integral, información, acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos y atención en salud sexual y reproductiva. Estrategias más útiles, eficaces y justas para que todas las maternidades sean deseadas.

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Esperamos que desde Colombia y desde la región latinoamericana siga creciendo esta marea verde y logremos inspirar a que en otros lugares del mundo sigamos avanzando y logremos defender los derechos alcanzados, no solo en las Cortes, también en las calles, en los medios, en las casas y en la cotidianidad más profunda. No podemos olvidar que el aborto libre es en este momento la lucha social y cultural más importante de nuestro siglo y no permitiremos retrocesos.

Adenda. A propósito de no bajar la guardia en la defensa de nuestros derechos, en la actual campaña electoral para la Presidencia de Colombia, las mujeres enfrentamos serios riesgos por parte de quienes ponen en entredicho las conquistas alcanzadas y pretenden que estas sean “revisadas”. Las voces que presentan visiones trasnochadas sobre el lugar que las mujeres deberíamos ocupar en la sociedad y buscan excluirnos de la política, no pueden tomarse a la ligera, deben entenderse como amenazas a la democracia y responderse desde distintas orillas, entre ellas, votando a consecuencia y reclamando la garantía de los derechos ganados a pulso.

*Directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.

**La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

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