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El presidente panameño, Juan Carlos Varela, sancionó la ley que establece una pensión vitalicia de 600 dólares para los bebés sobrevivientes a una intoxicación en el Seguro Social, y para los padres de los 10 neonatos que murieron en 2013 por esa causa, informó una fuente oficial.
La Ley 64 de 22 de octubre de 2015 fue publicada este lunes en la Gaceta Oficial y establece que los niños sobrevivientes a este envenenamiento cobrarán su pensión por medio de sus representantes legales, y de forma personal y directa después de cumplir los 18 años, si son autosuficientes, detalló la Presidencia en una declaración oficial.
El instrumento también dispuso que en el caso de los padres de los neonatos fallecidos, la pensión será divida en partes iguales para ambos.
La Junta Médica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que a 14 neonatos se les inyectó heparina con alcohol bencílico durante un evento de intoxicación aguda el 11 de junio de 2013 en la Caja del Seguro Social.
La ampliación de un informe del caso, ratificado por dicha Junta Médica el pasado mes de julio, concluyó que hay un total de 14 víctimas, de las cuales cuatro son supervivientes con secuelas y 10 muertos.
El Ministerio Público (MP-Fiscalía) de Panamá ha imputado cargos a un total de 14 personas por "el delito contra la vida y la integridad personal (Homicidio culposo)" de los 10 bebés fallecidos.
Entre los últimos imputados, el 13 de octubre pasado, se encuentra quien fuera director nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud en 2013, así como tres funcionarios de esa dependencia.
La pensión vigente desde hoy no es objeto de gravamen ni de embargo y no excluye el derecho a pensión o jubilación por la Caja del Seguro Social (CSS), recordó este lunes el Ejecutivo.
La iniciativa determinó que para que esta pensión vitalicia tenga sostenibilidad, su financiamiento provendrá del Tesoro Nacional, y será el Ministerio de Economía y Finanzas el que canalice los fondos y partidas presupuestarias correspondientes y hará los pagos mensualmente a la CSS, que actuará como agente de pago.
El parlamento panameño había aprobado esta ley el pasado 27 de agosto, y estaba a la espera de la sanción presidencial y su publicación en gaceta oficial.