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El gobierno peruano del izquierdista Pedro Castillo decretó un toque de queda durante buena parte del martes en Lima y el vecino puerto del Callao, tras un paro parcial de transportistas que causó bloqueos de rutas y disturbios.
“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear (...) y en aras de restablecer la paz y el orden interno (...), el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. del martes 5 de abril para resguardar la seguridad ciudadana”, dijo Castillo en un mensaje al país por televisión en la media noche del lunes. La medida, que de inmediato provocó expresiones de rechazo en las redes sociales, implica dejar encerrados en sus casas a los 10 millones de habitantes de Lima y el Callao.
Diversos hechos de violencia, incluidos la quema de casetas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron este lunes en diversas zonas de Perú, en la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo, quien está en el poder desde hace ocho meses.
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Las protestas, impulsadas por las alzas de los precios de los combustibles y los alimentos, se desarrollaron en Lima y las regiones de Piura, Chiclayo, La Libertad, Junín, Ica, Arequipa, San Martín, Amazonas y Ucayali, entre otras, y llevaron a suspender las clases en las escuelas por la restricción del transporte público.
“Hago un llamado a la calma, a la serenidad. La protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro de la ley”, indicó Castillo en su breve mensaje.
La Unión de Gremios de Transporte Multimodal de Perú reclama contra el alza de los precios de los combustibles y peajes, y el paro de sus afiliados se prolongaría hasta el martes.
En las regiones de Ica (sur) y Junín (este) hubo saqueos en comercios, según imágenes difundidas por televisoras locales. En Ica, a 300 km al sur de Lima, fueron quemadas algunas casetas de peaje en la ruta Panamericana, una de las principales vías del país.
Repudio
Castillo, un maestro rural de 52 años, anunció el toque de queda una semana después de salvarse de ser destituido por el Congreso, donde los opositores lo acusan de “falta de rumbo” de su gobierno y permitir la corrupción en su entorno.
La medida regirá este martes, mientras la economía peruana busca dejar atrás los perjuicios causados por la pandemia y en coincidencia con el aniversario número treinta del autogolpe de Estado del ahora encarcelado expresidente Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992.
La restricción de movimiento, al amparo de un estado de emergencia en la capital peruana, recibió de inmediato expresiones de repudio. “Toque de queda para restablecer el orden, medida autoritaria del gobierno de Pedro Castillo que demuestra ineptitud, incapacidad para gobernar. Es como terminar con los accidentes de tránsito prohibiendo la circulación de vehículos”, dijo a la AFP el analista político Luis Benavente.
“La medida dictada por el presidente Pedro Castillo es abiertamente inconstitucional, desproporcionada y violatoria del derecho a la libertad individual de las personas”, tuiteó, por su parte, el abogado Carlos Rivera, uno de los defensores de las víctimas del gobierno de Fujimori.
Por su parte, la periodista Rosa María Palacios escribió en Twitter: “Al filo de la medianoche no hay forma de informar y ser informado. Una medida tan radical, violatoria de todo derecho y desproporcionada solo revela que el gobierno ha perdido todo control del orden público”.
Alta desaprobación
En un intento de apaciguar los reclamos, el gobierno había eliminado el fin de semana el impuesto a los combustibles. Además, Castillo decretó un aumento del 10 % del sueldo mínimo, que subirá a 1.025 soles (USD 277) a partir del 1 de mayo.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal central sindical del país, rechazó el porcentaje de aumento salarial, indicando que es insuficiente y llamó a sus afiliados a marchar el jueves.
Estas protestas son las primeras de amplitud contra Castillo, cuya desaprobación alcanza al 66 %, según un sondeo de Ipsos de marzo.
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