Nuevas tensiones entre Corea del Sur y Estados Unidos surgieron tras la redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) que, el 4 de septiembre, terminó con el arresto de 475 trabajadores surcoreanos en una planta de Georgia dedicada a producir baterías para vehículos eléctricos de Hyundai, Kia y Genesis.
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Tras las detenciones, el gobierno de Corea del Sur anunció que empezará una investigación para determinar si hubo violación a los derechos humanos de los trabajadores arrestados por ICE.
Esta operación migratoria es la más grande realizada en un solo lugar desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició sus estrictas políticas contra la inmigración. En las imágenes de la redada se podían ver a los trabajadores con cadenas y esposas, lo que generó indignación en Seúl.
Algunos trabajadores relataron a medios locales las pésimas condiciones que enfrentaron durante su detención y denunciaron que fueron retenidos sin que se les informara sobre sus derechos.
Uno de los trabajadores contó a los medios que estaba indignado porque los agentes de ICE se burlaron de ellos con comentarios sobre “Corea del Norte” y “Hombre Cohete”, un insulto que Trump ha utilizado anteriormente para referirse al líder de Pyongyang, Kim Jong-un.
“Ambas partes, tanto la nuestra como la de Estados Unidos, estamos verificando si hubo fallas en las medidas adoptadas, y las empresas también lo están investigando”, dijo la portavoz presidencial Kang Yu-jung en una rueda de prensa. “Junto con la empresa implicada, estamos llevando a cabo una revisión más exhaustiva sobre posibles violaciones de derechos humanos”.
Un agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó para The Guardian que varias agencias federales, entre ellas ICE, el FBI y la DEA, “llevaron a cabo una operación de control autorizada judicialmente, ya que estamos realizando una investigación activa sobre prácticas laborales ilegales”.
¿Hubo violación de derechos humanos? Los matices de las leyes migratorias
“Sí, frente a los estándares internacionales, habría violación a los derechos humanos, pero las normas vigentes en Estados Unidos son mucho más restrictivas y permiten la detención por una mayor variedad de motivos, incluso sin orden judicial”, aseguró Walter Arévalo, profesor de derecho internacional en la Universidad del Rosario.
En Estados Unidos se puede detener y deportar a personas sin orden judicial, ya que la ley migratoria establece un sistema administrativo de control que permite estas acciones antes de cualquier procedimiento legal ante un juez, diferenciándose del sistema penal regular y sus garantías judiciales, según el American Immigration Council.
Estas leyes migratorias en EE. UU. no comenzaron con Trump, sino que se remontan a los tiempos del presidente John Adams, específicamente con las Leyes de Extranjería y Sedición (Alien and Sedition Acts) de 1798.
Estas leyes fueron un conjunto de cuatro estatutos que buscaban, en nombre de la seguridad nacional, restringir la inmigración y limitar ciertas libertades, incluyendo la facultad del presidente para detener y deportar a extranjeros considerados peligrosos sin necesidad de un juicio judicial.
Según trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional, los detenidos tenían prohibido trabajar en EE. UU. por haber cruzado la frontera “ilegalmente” o por permanecer después de la expiración de sus visas de trabajo.
Un portavoz de Hyundai Motor aseguró que ninguna de las personas arrestadas estaba empleada directamente por la compañía automotriz, la cual cumple “con todas las leyes y regulaciones en cada lugar donde operamos”.
“En materia migratoria resulta complejo restringir las facultades de las autoridades nacionales cuando se trata de individuos cuyo estatus no cumple con las condiciones establecidas para el permiso de trabajo. Por supuesto, Corea puede presentar una reclamación diplomática, pero en principio son limitadas las jurisdicciones frente a Estados Unidos donde pueda invocar algún procedimiento”, explicó Arévalo.
Las autoridades surcoreanas trabajarán junto con las empresas implicadas para “investigar a fondo cualquier posible violación de derechos humanos u otros asuntos”, dijo la portavoz presidencial durante una rueda de prensa.
“Corea puede presentar reclamaciones directas por las condiciones de detención, así como investigar si la planta operaba bajo algún esquema de inversiones internacionales y determinar si los trabajadores fueron detenidos de manera injusta o si contaban con permiso de trabajo”, añadió el profesor.
Las políticas migratorias impactan la economía estadounidense
Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, calificó la redada de “desconcertante” y afirmó que desalentaría futuras inversiones en Estados Unidos. Pero Trump insistió en que no debería ser así.
“No quiero ahuyentar ni desincentivar la inversión extranjera en Estados Unidos por parte de países o empresas”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.
“Les damos la bienvenida, acogemos a sus empleados y estamos dispuestos a decir con orgullo que aprenderemos de ellos y que, en un futuro no muy lejano, ¡les superaremos en su propio ‘juego’!”, agregó.
Asimismo, Lee aseguró que las empresas surcoreanas “no pueden evitar preguntarse si instalar una planta en Estados Unidos realmente vale la pena frente a los riesgos potenciales”.
Las redadas y persecuciones hacia los trabajadores migrantes en Estados Unidos sí están generando un impacto importante en la economía y en la inversión extranjera. La redada del jueves pasado significó un revés para el ambicioso proyecto de la compañía en Georgia, por ejemplo.
Adicionalmente, la semana pasada Hyundai anunció que la apertura de la planta se retrasará al menos dos meses. La planta forma parte de lo que sería la mayor inversión industrial en la historia del estado y había sido destacada por el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, como un gran impulso para la economía, según The Guardian.
“Las compañías extranjeras pueden retirar sus inversiones, plantas o centros de producción ante la falta de garantías, mientras que el ataque constante a los migrante,s documentados o no, que constituyen la fuerza laboral, afecta la producción, encarece los precios y termina golpeando a las propias industrias locales, pues no hay quien trabaje”, aseguró Arévalo.
Según la Thomson Reuters Foundation, el empleo de inmigrantes indocumentados sostiene a múltiples industrias como la manufactura, la agricultura y la construcción. Del mismo modo, el Instituto Peterson estima que la economía estadounidense podría reducirse en un 1,2 % para 2028 si el gobierno deportara a 1,3 millones de personas, lo que se considera el límite inferior del objetivo actual.
De acuerdo con una investigación del Instituto de Política Fiscal y Económica, las deportaciones masivas podrían provocar una enorme pérdida de ingresos fiscales y de aportes a los beneficios sociales.
Sin embargo, las deportaciones masivas y la persecución a inmigrantes fueron una promesa de la campaña presidencial de Trump. En 2024, el mandatario prometió llevar a cabo el mayor programa de deportaciones internas en la historia de su país, con el objetivo de expulsar a millones de personas.
Las 475 personas detenidas ya fueron deportadas a Corea del Sur, después de pasar una semana en uno de los centros de detención de ICE. Esta redada, la más grande reportada actualmente, deja incógnitas frente a las medidas migratorias cada vez más agresivas del mandatario Trump y sobre cómo estas afectan el funcionamiento de la economía de Estados Unidos.
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Por Laura Henao Arévalo
