Chile votará este domingo 4 de septiembre por el apruebo o rechazo del nuevo texto constitucional que busca reemplazar la denominada “Constitución de Pinochet”.
Esta es la etapa final después de un proceso constituyente de casi un año sin precedentes en América Latina que empezó desde el estallido social de 2019 donde el 80% de los chilenos votó a favor de cambiar por completo la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Aunque esta constitución efectivamente fue creada en la época de la dictadura militar chilena, es importante anotar que ha tenido varias reformas desde entonces.
Ahora, este proceso constituyente tuvo a 155 representantes elegidos popularmente que redactaron un texto constitucional totalmente nuevo.
Como resultado, el actual presidente del país, Gabriel Boric, recibió el pasado 4 de julio el trabajo de la Asamblea Constituyente en forma de un texto de 178 páginas, 388 artículos y 57 normas transitorias.
Ese será el texto que la población aprobará o desaprobará mediante el referéndum de resultado vinculante y participación obligatoria que se llevará a cabo el 4 de septiembre. Se calcula que unas 15 millones de personas votarán.
De todas formas, por ahora, el panorama parece inclinarse hacia el rechazo del nuevo texto. La última encuesta antes de la veda, la de AtlasIntel, publicada el 19 de agosto, muestra que el rechazo tiene una ventaja de aproximadamente 17 puntos porcentuales. El 58,4% de la población encuestada votaría por no aprobar el texto reformado.
Mientras tanto, el Gobierno de Boric apoya la aprobación del nuevo texto y ha intentado revertir la desventaja. El mandatario dijo que modificaría la propuesta a partir del 5 de septiembre para quienes quieren votar por el apruebo, pero aun con dudas.
Los artículos más controvertidos hablan de la justicia indígena paralela y de la disolución del Senado, mientras y los más aclamados hablan del medioambiente.
Es que por justicia indígena paralela se entiende un conjunto de normas que se basan en valores y principios culturales propios de sus pueblos. Estos resultan en procedimientos y prácticas propias, apartadas del sistema judicial nacional, que regulan la vida social en la comunidad y el territorio.
Lo que se propone se trata entonces de varios sistemas judiciales paralelos que se implementarían. Esto preocupa a los ciudadanos y ciudadanas porque, según el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rodrigo Bordachar, “no se conoce quiénes son las autoridades señaladas, su régimen jurídico y procesal aplicable o si se garantiza en ellos el debido proceso.” Es decir, aún no se conocen sus límites.
En cuanto a la disolución del Senado, explican que hasta ahora las leyes se están tramitando doble al pasar por la Cámara Alta y los diputados. Lo que se propone es cambiar al Senado por la Cámara de las Regiones que se conformará por representantes regionales que cambiarán cada 4 años, pero no participarán en la creación de todas las leyes sino solo en las de interés regional.
Los que rechazan este cambio argumentan que se parece mucho a un sistema unicameral que desequilibra el poder del presidente y que la Cámara de diputados terminaría gobernando.
Mejor dicho, los chilenos quieren que se cambie la Constitución, pero no los convence del todo esta nueva propuesta. Aunque no se sabe realmente cuántos ciudadanos han leído el texto.
De los integrantes de la Convención Constitucional también se han dicho varias cosas. 17 asientos fueron para representantes indígenas y, además, la tendencia política de la mayoría era muy marcada, entre independientes y de izquierda. El rechazo no solo se basa en lo que dice el texto sino que habla de situaciones que ocurrieron en todo el proceso. Un convencional votó mientras se duchaba y algunos no usaban mascarillas a pesar de la pandemia.
Aun así, la nueva Constitución aspira a ser plurinacional, intercultural, ecológica y regional. Habla de representación equitativa, de género y perspectiva de género.
También, en ella se le reconocen más derechos a la población indígena. Por ejemplo, en educación, se les concedería el uso de su propia lengua, especialmente el mapudungún. Y en esta misma línea, en la Constitución se nombra a otros diez “pueblos y naciones indígenas” aparte de los mapuches.
Otro artículo debatido es el 350 que estipula un mínimo del 50% de mujeres para todas las instituciones estatales autónomas. Se habla de la rigidez de la cuota de género.
Igualmente, como en otros lugares de Latinoamérica, en este nuevo texto se le conceden derechos propios a la naturaleza, lo cual es tomado como punto positivo adicional.
De todas formas, se apruebe o no, se sabe que debe seguir siendo revisada. Incluso, se trata también de una votación que hablará de la gestión de Boric y por eso, los expertos explican que el resultado influirá en las decisiones que tome frente a su gabinete.
