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Luego de que una demanda por difamación en contra de Rudy Giuliani, exabogado de Donald Trump, prosperara e implicara el pago de una multa de US$148,1 millones por daños y perjuicios, el también exalcalde de Nueva York se declaró en bancarrota. Unos documentos judiciales muestran que se acogió a la protección por quiebra. Giuliani debe millones de dólares en honorarios legales, así como en impuestos sobre la renta estatales y federales que no ha pagado.
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La semana pasada, un jurado le ordenó pagar a dos extrabajadoras electorales de Georgia, Ruby Freeman y Shaye Moss, dicha cifra millonaria por acusaciones infundadas de trampa en el marco de las elecciones de 2020, en las que resultó ganador Joe Biden y en las que, según sus alegatos, las extrabajadoras electorales hicieron artimañas en el conteo de los votos en el condado de Fulton, Georgia, el 3 de noviembre de 2020.
De hecho, el miércoles, Giuliani recibió la orden judicial de comenzar a pagar la multa de inmediato, por temor a que pudiera “ocultar sus bienes”. En un comunicado, su asesor político, Ted Goodman, dijo: “Nadie podría haber creído razonablemente que el alcalde Rudy Giuliani sería capaz de pagar una cantidad punitiva tan elevada. El capítulo 11 le brindará la oportunidad y el tiempo para presentar una apelación, así como brindará transparencia a sus finanzas, bajo la supervisión del tribunal de quiebras, para garantizar que todos los acreedores reciban un trato equitativo y justo durante todo el proceso”.
Ante el tribunal, Freeman y Moss dijeron que recibieron acoso y amenazas de muerte después de que Giuliani, que trabajaba para Donald Trump en ese momento, las señalara de fraude, causándoles una grave angustia emocional. Después de un juicio de cuatro días a principios de este mes, un jurado lo declaró culpable de difamación y le ordenó pagar US$148,1 millones a las dos mujeres, junto con US$237.000 en honorarios de abogados. Tras la decisión, Giuliani y su equipo de defensa legal argumentaron que pagar daños y perjuicios es “el equivalente civil de la pena de muerte” y que eso “será su fin”, indicó la abogada Beryl Howell.
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Ella, la misma que ordenó el pago inmediato de la multa, expresó en su orden: “Tales afirmaciones sobre las ‘dificultades financieras’ de Giuliani –no importa cuántas veces se repitan o se difundan públicamente y se informen debidamente en los medios– son difíciles de conciliar con el hecho de que él tuvo un portavoz que lo acompañó diariamente al juicio”.
Además, los abogados de las extrabajadoras electorales han dicho que Giuliani tiene “activos sustanciales” en Nueva York y Florida. En 2019, él puso a la venta su condominio en Palm Beach por US$3 millones, antes de retirarlo del mercado en 2020. En octubre, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos colocó el condominio bajo la figura de retención, después de que no pagara una deuda en impuestos de casi US$550.000. Su edificio cooperativo en Nueva York, en el barrio Upper East Side, de Manhattan, lo puso a la venta en agosto, por US$6,5 millones.
Freeman y Moss presentaron el lunes otra demanda contra Giuliani, pidiendo una orden judicial para impedir que él, quien ha seguido acusando a las mujeres de interferencia electoral, difunda más mentiras sobre ellas. Incluso después del juicio por daños y perjuicios de la semana pasada, Giuliani continuó diciendo que tenía “pruebas en defensa”, aunque no ofreció ninguna durante el juicio.
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