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Después de tres años de complejo litigio en Londres, el caso sobre quién puede acceder a las más de 30 toneladas de oro de las reservas venezolanas guardadas en el Banco de Inglaterra fue devuelto el viernes a la casilla de salida.
Tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres rechazaron un recurso presentado por las autoridades venezolanas contra el último de varios fallos que otorgaron el control de los lingotes, valorados en 1.900 millones de dólares, al opositor Juan Guaidó. Sin embargo, esto no significa que Guaidó o su entorno puedan acceder a los fondos.
Incluso podría alejarlos, dado que el opositor ya no es reconocido en el Reino Unido como presidente encargado de Venezuela. No obstante, el gobierno británico tampoco reconoce a Nicolás Maduro, por considerar fraudulenta su reelección de 2018.
Desde el principio de esta causa, algunos expertos estiman que los lingotes podrían simplemente permanecer en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra hasta que se celebren en Venezuela elecciones reconocidas por todas las partes.
Agregando complejidad al caso, los magistrados consideraron que, “a la luz del cambio de panorama” diplomático, la corte comercial que lo juzgó inicialmente deberá ahora “determinar el curso futuro de este litigio”.
En una complicada sucesión de fallos, recursos y contrarrecursos desde hace tres años, la justicia inglesa determinó que Guaidó era el representante legítimo de Venezuela, por haber sido reconocido por el gobierno británico cuando se autoproclamó “presidente encargado” en su calidad de presidente de la asamblea legislativa en 2019.
También que la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) que él había nombrado podía dar instrucciones al Banco de Inglaterra en calidad de cliente, y por lo tanto podría solicitar que le entregase el oro.
Y que la justicia inglesa no reconocía las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Caracas que invalidaron dichos nombramientos por considerar, entre otras cosas, que los jueces de esa corte están a las órdenes del presidente Nicolás Maduro.
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La pregunta de los 1.900 millones
Esta última decisión, tomada en julio de 2022 por la jueza Sara Cockerill de la división comercial de la Alta Corte de Londres, fue recurrida el pasado octubre por el BCV oficial, presidido por Calixto Ortega. Pero a la espera de que el Tribunal de Apelación analizara el caso, la realidad política cambió en Venezuela.
A finales de diciembre, la asamblea opositora elegida en 2015 --y aún reconocida por países como Estados Unidos y Reino Unido, que consideran ilegítimas las legislativas de 2020-- votó a favor de disolver el gobierno interino de Guaidó. Esta decisión fue aceptada por gobiernos como Washington y Londres.
En su decisión del viernes, los jueces Sarah Falk, Stephen Males y Stephen Phillips del Tribunal de Apelación confirmaron todas las decisiones judiciales previas, considerando que cuando fueron tomadas correspondían a la realidad política del momento, es decir, el reconocimiento del opositor por Londres como representante legítimo del país.
La decisión vuelve así a manos de Cockerill más de tres años después de que empezase a examinar la cuestión. El BCV de Ortega demandó en 2020 al Banco de Inglaterra para obligarle a entregar los lingotes, asegurando necesitar los fondos urgentemente para paliar la pandemia de covid-19.
Pero este, atrapado entre los dos grupos rivales, respondió que estaba recibiendo instrucciones contradictorias de otro BCV, el designado por Guaidó, quien dijo temer que el dinero fuera a los bolsillos de los “cleptócratas” o sirviese para reprimir a la población. Por consiguiente, la institución solicitó a la justicia británica determinar a quién debía obedecer.
Más de tres años después, la pregunta de los 1.900 millones de dólares sigue sin respuesta.
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