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El 4 de octubre, a las 7:23 de la mañana, Donald Trump publicó en Truth Social el anuncio de una nueva institución: "Tras el histórico acuerdo de la Casa Blanca sobre superinteligencia, en el que las compañías tecnológicas más importantes del mundo se reunieron y confirmaron sus responsabilidades ante el pueblo americano, anuncio la formación de la Super Intelligence Force (SIF)". La fuerza, escribió, coordinará al Gobierno Federal "para asegurar que América siga liderando al mundo en superinteligencia, que muchos dicen que es más grande que la Revolución Industrial y que internet".
Conviene leer con atención quiénes la dirigen, porque ahí está el mensaje. No un ministerio de ciencia ni una agencia de protección al consumidor: el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton; el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería, Emil Michael; y el director de la Oficina de Administración de Personal, Scott Kupor. Reportan, dice el texto, al presidente de Estados Unidos —"(¡YO!)", aclara— y a la jefa de gabinete. El grupo tiene 120 días para entregar un informe y un mandato expreso: responder a las amenazas habilitadas por esta tecnología mientras se evita "la sobrerregulación y la captura regulatoria que ahogarían la innovación y la competencia".
El acuerdo que invoca el anuncio se firmó cinco días antes. El 29 de septiembre, seis compañías —OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Nvidia y xAI— suscribieron en la Casa Blanca el Joint Commitment on Frontier Responsibilities. Es un documento de una página. Compromete a cada empresa a cuatro capas: controles internos que vigilen las capacidades de sus modelos en ciberseguridad, bioseguridad y riesgos químicos; salvaguardas para impedir que los sistemas accedan a infraestructura técnica de maneras no previstas; evaluaciones de auditores externos independientes; y un comité del directorio que revise los resultados. El propio texto admite que algún día podría tener sentido convertir esos pasos en leyes.
Por ahora no lo son. No hay sanciones, no hay obligación de publicar las auditorías y ninguna autoridad recibe competencia de control. Trump lo calificó de "moralmente vinculante" y anunció un "tremendo componente de autovigilancia". Ese mismo día firmó la orden ejecutiva 14434, que instruye a toda la rama ejecutiva a dejar de decir "inteligencia artificial" y hablar de "superinteligencia", y encarga en 60 días una propuesta legislativa para fijar esa definición en el derecho federal. El nombre no es un capricho: quien define el objeto, define el alcance de lo regulable.
Cinco maneras de regular la misma tecnología
Para medir lo que significa este giro, conviene ordenar el panorama. Hoy conviven, al menos, cinco modelos.
El primero es la regulación vinculante por niveles de riesgo. Su expresión es el Reglamento (UE) 2024/1689: prohíbe ciertas prácticas, impone obligaciones de gestión de riesgos, documentación, supervisión humana y calidad de datos a los sistemas de alto riesgo, y reglas propias a los modelos de propósito general. Con el Ómnibus Digital de 2026, sin embargo, Bruselas aplazó esas obligaciones hasta diciembre de 2027 y agosto de 2028. Ni siquiera Europa escapa a la presión de la competitividad.
El segundo es el modelo de tratado de derechos humanos. El Convenio Marco del Consejo de Europa, primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en la materia, no clasifica tecnologías: fija obligaciones de resultado. Protección de los derechos humanos y de la integridad de los procesos democráticos, dignidad y autonomía, transparencia y supervisión, responsabilidad, igualdad, privacidad, fiabilidad, recursos efectivos, garantías procesales, gestión de riesgos e impactos y mecanismos de supervisión independientes. Es neutral tecnológicamente y está abierto a Estados no europeos.
El tercero es la ley marco nacional que combina promoción y confianza. Corea del Sur es el caso más claro: define la "IA de alto impacto" por sectores —salud, energía, empleo, crédito, biometría forense, decisiones públicas—, exige explicación de resultados, supervisión humana y documentación, impone deberes de seguridad a los modelos que superan cierto umbral de cómputo y obliga a advertir cuando un contenido fue generado por una máquina. Sus multas, eso sí, apenas llegan a veintidós mil dólares.
El cuarto es el modelo de control estatal del contenido y de la infraestructura, que China administra a través de su Administración del Ciberespacio, y que ahora proyecta hacia afuera con la Organización Mundial de Cooperación en IA lanzada en Shanghái: membresía abierta a cualquier Estado soberano, sin examen de valores y con una agenda centrada en el desarrollo y en la brecha de capacidades.
El quinto es el derecho blando multilateral. Los Principios de la OCDE, a los que Colombia adhirió, la Recomendación de la UNESCO y el Pacto Digital Global, que creó un Panel Científico Internacional Independiente y un Diálogo Mundial sobre gobernanza de la IA. No obligan, pero fijan la narrativa que todos usan: evaluación de riesgos, transparencia, rendición de cuentas, reparación.
El sexto modelo
Lo que Washington está construyendo no encaja del todo en ninguno de los anteriores, y por eso merece nombre propio: autorregulación empresarial bajo dirección política del Ejecutivo. Las compañías fijan los estándares y se auditan a sí mismas; la Casa Blanca define los objetivos estratégicos, concentra la coordinación en la comunidad de inteligencia y la defensa, y se reserva la posibilidad de convertir después esos compromisos en normas.
Hay una pieza adicional que completa el diseño y que suele pasarse por alto. En diciembre de 2025, otra orden ejecutiva creó un grupo de litigio en el Departamento de Justicia para demandar leyes estatales de inteligencia artificial, condicionó fondos federales y encargó un proyecto de ley de preempción. Es decir: mientras se promueve la autorregulación nacional, se intenta desactivar la regulación que sí es exigible, la de los estados. Porque son California, Texas y Nueva York —y no el Congreso federal— los que hoy obligan a publicar marcos de seguridad, reportar incidentes críticos, proteger denunciantes, marcar la procedencia del contenido sintético o auditar los sesgos de los algoritmos de contratación.
La advertencia que quedó sin respuesta
Todo esto ocurre apenas semanas después de que las alarmas sonaran desde adentro. Un investigador que renunció a Anthropic escribió que quienes construyen estos sistemas creen seriamente que podrían "matarnos a todos" antes de que termine la década; el líder de alineación de esa misma compañía estimó esa probabilidad en más de un diez por ciento; un exingeniero de Google DeepMind se sumó. El 14 de septiembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Estados y empresas actuar con urgencia frente a riesgos "sin precedentes", advirtió que la autorregulación voluntaria es insuficiente y sostuvo que "ninguna empresa debería poder decidir por sí sola qué riesgos debe aceptar el mundo". La respuesta de Trump, ese mismo día, fue denunciar una "enfermiza conspiración" contra la IA.
Quince días después, esa autorregulación insuficiente se convirtió en la política oficial de la primera potencia tecnológica del planeta.
No se trata de ingenuidad. Se trata de una apuesta MAGA por la hegemonía: el riesgo de la "superinteligencia" que el propio Trump nombró primero no fue el daño a las personas, sino el de no llegar primero. Y aun así, el mismo gobierno acordó con Pekín, en septiembre, un diálogo bilateral sobre IA con un canal de comunicación para incidentes. Competencia estratégica y teléfono rojo, al mismo tiempo.
Para el derecho internacional, la lección es incómoda. Los compromisos de seis empresas privadas no son práctica de los Estados y no crean costumbre (en principio); pero sí pueden convertirse en el estándar de hecho que luego se codifica, si nadie construye la alternativa. Esa alternativa existe y tiene nombre: el convenio del Consejo de Europa, los principios de la OCDE, la arquitectura naciente de Naciones Unidas. A los países que no desarrollamos los modelos más poderosos nos corresponde defenderla, porque la pregunta de fondo no es quién gana la carrera, sino quién escribe las reglas del camino.
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Por Fabián Cárdenas
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