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El presidente electo Donald Trump ha reavivado las conversaciones sobre la abolición de la ciudadanía por derecho de nacimiento: la garantía, arraigada en el derecho consuetudinario y consagrada en la Constitución desde hace más de 150 años, de que cualquier persona nacida en Estados Unidos es automáticamente ciudadana estadounidense.
“Vamos a tener que cambiarlo”, dijo Trump en una entrevista televisada el domingo. “Quizá tengamos que volver al pueblo. Pero tenemos que acabar con ello”.
Trump fue impreciso en la entrevista sobre cómo piensa proceder una vez que asuma el cargo. Planteó la cuestión durante su primer mandato, pero no tomó medidas significativas en ese momento.
Esto es lo que hay que saber sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento y si el presidente podría ponerle fin.
¿La Constitución de Estados Unidos garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento?
Sí. La Decimocuarta Enmienda dice: “Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en el que resida”.
La parte relativa a la jurisdicción crea una excepción muy estrecha que hoy se aplica esencialmente solo a los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados. Aparte de eso, no se ha considerado que la ciudadanía o el estatus migratorio de los padres de una persona tenga ningún efecto sobre este derecho.
(El término “ciudadanía por derecho de nacimiento” también puede referirse a otra forma en que una persona puede nacer ciudadana estadounidense: teniendo un progenitor ciudadano. Esta fuente de ciudadanía, creada por la ley federal y no directamente por la Constitución, no ha figurado generalmente en el debate sobre políticas de inmigración, pero aparece en ocasiones en las elecciones presidenciales).
¿Puede el presidente abolirla por sí mismo?
No. El presidente no puede enmendar la Constitución, y una orden ejecutiva que tratara de poner fin o restringir el derecho sería casi con toda seguridad impugnada en los tribunales como una violación de la Decimocuarta Enmienda.
Algunos de los aliados de Trump han sugerido que el lenguaje de la jurisdicción en la enmienda podría interpretarse para excluir a los hijos de inmigrantes indocumentados, los principales objetivos de las demandas para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Hasta ahora, el abrumador consenso académico y jurídico ha sido que tal argumento tendría pocas o ninguna posibilidad de prevalecer en los tribunales.
Algunos juristas creen que esos argumentos seguirán sin prosperar en los tribunales. Pero la idea de que la Corte Suprema pueda en algún momento considerar persuasivos los argumentos a favor de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento “ya no es risible”, dijo Amanda Frost, profesora de derecho de la Universidad de Virginia y experta en leyes de inmigración y ciudadanía. Limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento fue la postura por consenso entre los candidatos presidenciales republicanos en las elecciones de 2024, y al menos un juez federal se ha mostrado dispuesto a considerarla.
“No creo que sea inconcebible, que es lo que habría dicho en 2019″, dijo la profesora Frost. “El terreno está cambiando”.
¿Otros países tienen la misma política?
Sí. Treinta y tres países y dos territorios —casi todos en el hemisferio occidental, incluidos México y Canadá— tienen una ciudadanía por derecho de nacimiento sin restricciones similar a la de Estados Unidos, según un recuento de World Population Review.
Otros 40 tienen versiones restringidas del derecho que pueden aplicarse, por ejemplo, solo a los hijos de residentes legales o de padres nacidos en el país, o que excluyen a los refugiados.
Varios países que, como Estados Unidos, tenían tradiciones de ciudadanía universal por derecho de nacimiento enraizadas en el derecho consuetudinario inglés —entre ellos Gran Bretaña, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda e India— han restringido o abolido el derecho en las últimas décadas.
¿Qué entienden los críticos por ‘turismo de parto’, ‘migración en cadena’ y ‘bebés ancla’?
Estos términos, utilizados por los partidarios de la línea dura antiinmigración y otros detractores de la ciudadanía por derecho de nacimiento, tienden a confundir dos consecuencias distintas de esta política.
Cada año, miles de mujeres embarazadas de otros países entran en Estados Unidos con un visado válido, dan a luz a niños que obtienen automáticamente la ciudadanía estadounidense y luego se llevan a los bebés de vuelta a casa o a un tercer país. Esta práctica, a veces denominada “turismo de parto”, es legal siempre que la madre obtenga su visa de forma auténtica y cumpla sus condiciones.
Trump y sus partidarios, sin embargo, tienden a hablar de futuras madres que entran ilegalmente en el país para dar a luz a lo que llaman burlonamente “bebés ancla”, que darían a la familia acceso a prestaciones públicas y un punto de apoyo hacia la residencia legal.
El Instituto de Política Migratoria estima que, a partir de 2019, alrededor de 4,7 millones de niños nacidos en Estados Unidos menores de 18 años vivían con un padre indocumentado, alrededor del 7 por ciento de todos los niños en Estados Unidos. Pero los estudios han encontrado que la gran mayoría de esos niños no cruzaron la frontera en el útero. El Pew Research Center calculó en 2022 que aproximadamente cinco de cada seis hijos estadounidenses de inmigrantes no autorizados nacieron dos o más años después de que sus padres entraran en Estados Unidos.
Tanto si se crían en Estados Unidos como si lo hacen en el extranjero, una vez que los hijos estadounidenses de padres no ciudadanos alcanzan la edad de 21 años, pueden patrocinar a miembros de su familia para obtener la residencia legal permanente, al igual que cualquier otro ciudadano estadounidense, una práctica ridiculizada por los críticos como “migración en cadena”. El patrocinio por familiares ha ocupado un lugar destacado en las historias de decenas de millones de inmigrantes en los Estados Unidos durante el último siglo.
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