Hace 10 años, el 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de República Dominicana emitió la Sentencia 168, con la cual unas 200 mil personas dominicanas de origen haitiano quedaron apátridas.
José David Escobar Franco
24 de septiembre de 2023
Las personas apátridas no pueden inscribirse en instituciones educativas o acceder a hospitales, abrir cuentas bancarias, casarse, comprar una casa o tener un trabajo formal; tampoco pueden participar en política, circular libremente en un territorio y, a menudo, son sujetos de detenciones y deportaciones arbitrarias.
La República Dominicana es uno de los países del mundo con mayor número de personas apátridas. Es el primero en América y el único en la región donde la apatridia es fruto de una decisión intencionada del Estado.
Hace 10 años, la Sentencia 168-13 modificó de manera retroactiva la parte de la Constitución que establece las reglas para adquirir la nacionalidad dominicana. Desde entonces, el Estado ha venido adoptando una serie de prácticas para desnacionalizar a personas nacidas allí que descienden de migrantes haitianos y quitarles arbitrariamente su nacionalidad dominicana. De esta manera, miles de personas viven con sus proyectos de vida truncados y quedaron sin la garantía de ningún derecho.
Isabel Bonilla y Katia Jiménez, las dos únicas juezas del Tribunal que votaron contra el fallo, fueron blanco de discursos de odio de grupos nacionalistas que celebraban la decisión del Tribunal.
Como respuesta a la presión internacional se emitió la ley 169 de 2014. Con esta se dividió a la población afectada en dos grupos: Grupo A, a quienes sus documentos les fueron incautados o desconocidos, y Grupo B, los que nunca tuvieron documentos. A los primeros se les iba a restituir su nacionalidad y a los segundos se les condicionó a registrarse como extranjeros, pese a no serlo, como única forma de iniciar un proceso de naturalización pasados dos años. A los segundos, que son la mayoría, no se les ha cumplido.
Monólogos de la apatridia
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La CIDH en sus informes corrobora el sentir de los dominicanos de origen haitiano que se quejan: hay un perfilamiento sistemático y arbitrario de la fuerza pública contra la gente negra.
Pero… ¿por qué contra los haitianos? Aunque hoy, 23 de septiembre de 2023, se cumple una década de la más grave crisis de apatridia en la región, la sentencia es el resultado de al menos dos siglos de tensión identitaria entre Haití y la República Dominicana. Los dos países que son parte de la isla de La Española comparten una historia de migración irregular de mano de obra barata promovida por las empresas estatales dominicanas, explotación, racismo y violencia.
Con la llegada al poder del presidente Luis Abinader Corona, de corte progresista, se esperaba que la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana fuese abordada con enfoque de derechos humanos. No sucedió eso. Por el contrario, el conflicto entre Haití y la República Dominicana se traduce hoy en la prohibición de la entrada de refugiados de Haití, restricciones a las mujeres haitianas embarazadas, la construcción de un muro fronterizo y, más recientemente, el bloqueo de la construcción de un canal de riego en Haití del río Masacre, un afluente hídrico que comparten los dos países. Hogla Enecia, periodista dominicana de origen haitiano, escribe.
“Por la apatridia tuve que tener novio y salí embarazada a los 17”
Nací en El Seibo, al oriente de la República Dominicana. Tengo siete hermanos, todos nacimos en la República Dominicana, y soy la única que no tiene cédula. Tengo tres hijos. El otro día mi hija me pidió el acta de nacimiento en la escuela, que se la mandaron a buscar. No se la pude entregar porque yo no la he declarado, entonces eso me está afectando. No pude declarar a mis hijos porque solo tengo un carnet, que es una residencia, y el acta de nacimiento, y en la Junta Central Electoral no me permiten declarar a mis hijos con eso. Me dicen que tengo que tener una cédula de identidad, y sin la cédula de identidad no los puedo declarar. Estoy inscrita en el grupo B, pero no estoy en el proceso de naturalización. Un día me hicieron ir a Santo Domingo. Fui con un grupo de personas y allá me entregaron la residencia. Me pidieron muchos documentos y los llevé todos: el papel del Ayuntamiento, el papel de nacido vivo, también me mandaron a buscar el acta de no bautismo y además siete testigos. Entonces me han dicho que el nombre de mi mamá está mal escrito y que yo tenía que ir a buscar el acta de defunción, porque mi mamá falleció, y cuando lo llevé me dijeron que no, que esa no es un acta de defunción, que yo tenía que buscar un abogado. Pero ya me habían llevado a Santo Domingo para darme la residencia, y de los 15 que fuimos, yo fui la única que no le dieron la cédula. Y yo siempre he llamado y no me han dado respuesta. No sé cómo debería estar escrito el nombre de mi mamá.
Tuve que dejar mis estudios en séptimo grado porque la directora de la escuela pública a la que iba me dijo que si entraba a octavo no iba a poder coger la Prueba Nacional, porque no tenía documentos, y después iba a tener que repetir. Me sentí muy mal porque vi que todos mis compañeros seguían estudiando y yo no podía estudiar.
Dejé la escuela a los 14 años y tuve que tener novio, y salí embarazada a los 17 años; tuve una hija porque no podía estudiar. En ese tiempo, mi madre ya había fallecido y no la tuve para que me aconsejara. Tuve que tener una pareja para tener algún tipo de seguridad.
Una vez yo estaba muy mal, solicité al padre de mi primer hijo que me mandara un dinero, y él me lo envió. Para ir a buscarlo tenía que presentar la residencia, pero cuando llegué a retirar el dinero me dijeron que no lo podía retirar porque en el carnet de identidad decía que soy haitiana y que necesitaba una cédula de identidad dominicana. El carnet dice que soy haitiana donde dice nacionalidad, pero nunca he ido a Haití.
Mi prima me consiguió un trabajo en Bávaro y no pude ir a trabajar porque cuando vieron la foto del carnet dijeron que no me podían aceptar porque yo era haitiana y que con ese documento no podía trabajar.
Entonces estoy obligada a hacer muchas cosas como casarme a temprana edad. Porque donde vivo, obligatoriamente para tener un cuarto de casa, tienes que tener una pareja que esté trabajando. Si no tienes una pareja que esté trabajando, no puedes estar ahí en ese lugar. No puedes tener un cuarto de casa, simplemente un cuarto de casa. Me está costando muchas cosas porque a veces paso muchas cosas con mi pareja y quisiera irme por él, pero digo, '¿Para dónde voy si con lo que tengo no puedo conseguir un trabajo digno?'.
Porque tengo miedo de salir. Yo viajo, pero con miedo de que me agarren y me deporten y yo no sepa a dónde voy, no sé de la cultura, dónde me vayan a llevar, no sé cómo me van a tratar, no sé nada. Por eso es mi miedo. Yo iba en una guagua y tuve que devolverme porque me llamaron y me dijeron, '¿Dónde estás?' Y yo le dije, 'Estoy casi llegando,' y me dijeron, 'No llegues porque la migración está ahí,' y cuando llegué el chofer me dijo, 'Mira, ahí adelante está inmigración. Si tú no tienes papeles, quédate a mitad de camino,' y yo tuve que quedarme en mitad de camino, no pude llegar porque tenía miedo de que me agarrara migración. Iba al parque Enriquillo a buscar a mi hijo. Estaba donde su padre.
En contexto
Las personas en situación de apatridia ven en riesgo su derecho a la educación y a la libre circulación, no pueden abrir cuentas bancarias ni acceder a un trabajo formal.
La apatridia afecta de manera diferenciada a las mujeres y se transmite de forma matrilineal. Las madres son las que normalmente asumen la tarea de declarar a sus hijos, pero no poseer documentos de identidad es un impedimento para hacerlo. Bridget Wooding, directora del Observatorio de las Migraciones del Caribe (OBMICA) explica que los funcionarios de salud no conocen la ley en detalle y no saben que a los hijos les corresponde la nacionalidad si uno solo de los padres es dominicano. “Actúan como notarios y no facilitan el proceso”, de este modo, la apatridia se reproduce.
El desorden administrativo para adquirir la nacionalidad es causante, de acuerdo con Wooding, de que existan familias donde algunos miembros tengan en orden sus documentos y otros no, como en el caso de Feliciana y sus hermanos. La fecha de nacimiento y el lugar donde se hizo el trámite son factores que, de manera indebida, pueden influir.
Según datos del PNUD, la tasa de embarazo adolescente en República Dominicana es del 22 %, por encima del promedio de América Latina. De acuerdo con el informe sobre género y apatridia, citado anteriormente, la vulnerabilidad en la que quedan las mujeres jóvenes por la privación del derecho a la nacionalidad limita sus opciones de vida. Eso conduce a que algunas entren a “relaciones de pareja transaccionales, tener embarazos precoces o incurrir en el trabajo sexual”.
VERÓNICA
20 AÑOS
Perdí una beca porque el gobierno me quiere mandar a Haití
Siempre tuve un buen nivel en la escuela. Por eso recibí una beca para cumplir mi sueño de estudiar medicina en Brasil. Pero cuando fui a sacar mi cédula, en la Junta Central Electoral me dijeron: “No, tú no eres de aquí, tienes que irte a tu país, Haití”. Es decir, tengo que ir a un país donde no conozco su política, su cultura; me mandan a un lugar que desconozco a buscar documentación, y eso lo veo muy penoso. Entonces me llevé la sorpresa de que no puedo aprovechar la beca. Muchas puertas se me han cerrado. No puedo tener un empleo digno y formal porque el Estado no me lo permite. Estoy privada, estoy desnacionalizada. Nací aquí, en San Rafael de Yuma, pero no puedo lograr lo que tanto me propongo. Son cosas que me han marcado de manera significativa.
Somos muchos los que estamos pasando por esta situación. Como joven, dije: “Bueno, no me voy a detener, si no puedo estudiar medicina, déjame coger un Curso Técnico”. Hoy en día soy manicurista profesional.
He experimentado sentimientos de culpa, depresión también. Estar estancada siempre en una habitación sin tener una salida, sin tener dónde refugiarte… estar privada, sin trabajo, sin poder comprar un teléfono porque necesitas documentación, y ni eso tienes. Tienes que acudir a otras personas para que te hagan favores, y son cosas que chocan el alma. Ahora mismo tengo mi celular gracias a otras personas. Para todo tienes que acudir a un intermediario que haga las cosas por ti.
Cuando salió la Sentencia 168-13, yo tenía 10 años. Al principio desconocía el tema por completo, no sabía lo que pasaba. Me enteré cuando ya había terminado el bachillerato y en la Junta no pude obtener mi documentación. Estoy inscrita en el libro de Extranjería, pero no logré coger ese plan para la naturalización. No lo quería coger porque no tengo el carnet, no tengo nada, absolutamente nada, solo tengo el acta que dice extranjera. Esa acta no me sirve para nada por el momento. No, nosotros somos dominicanos que estamos exigiendo nuestra documentación, y se nos niega donde quiera que vayamos. Decidí indagar y entender qué está pasando, por qué si nací aquí no puedo lograr lo que me propongo. Por eso hoy formo parte del colectivo ‘Dominicanos por derecho’. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo la nacionalidad que nos pertenece.
En contexto
Las personas en situación de apatridia ven en riesgo su derecho a la educación y el ejercicio de sus derechos políticos.
Un informe del Instituto de Derechos Humanos de la facultad de derecho de la Universidad Georgetown encuentra que uno de los efectos más inmediatos que tuvo la Sentencia 168-13 fue sobre el acceso a la educación. El informe señala que en República Dominicana se han aplicado políticas escolares discriminatorias, por las cuales algunos niños se quedaron sin ir a la escuela y adolescentes sin ir a la universidad. La falta de documentos, en algunos casos, ha sido usada como excusa para impedir la entrada a colegios o la inscripción en las pruebas nacionales.
Esto es grave si se considera que el acceso a la educación permite luego el ejercicio de derechos económicos. Es decir, limitar el acceso a la educación implica reproducir la pobreza. “Las leyes, políticas y prácticas del gobierno dominicano no permiten que los niños de ascendencia haitiana se den cuenta de su potencial educativo y les impiden cumplir sus ambiciones de trabajar en el mercado laboral formal, para mejorar su nivel de vida, y para contribuir plenamente a la sociedad dominicana”, reza el informe. Casos como el de Verónica representan el desperdicio de un potencial talento humano.
Estos sueños truncados y esta forma de exclusión, además, pueden repercutir en ansiedad, depresión y problemas de salud mental.
Los documentos de extranjería dados a los dominicanos inscritos en el grupo B llevan una leyenda que dice: “NO VOTA”. En efecto, la población afectada ve restringidos sus derechos políticos. No pueden votar ni ejercer cargos de elección popular. No representan un capital electoral y por ello su situación, pese a su gravedad, no es protagónica en la arena política dominicana. Sin embargo, las circunstancias no impiden a los afectados asociarse. El movimiento social: ‘Dominicanos por derecho’ y el movimiento ‘Reconoci.do’ son algunas de las agrupaciones que han exigido al Estado la restitución plena de la nacionalidad a quienes se les quitó. Estos movimientos han sido el método más efectivo de ejercer agencia política.
WILFRIDO
30 AÑOS
“No puedo transitar libremente, como los dominicanos puros”
Nacido en El Seibo, República Dominicana.
Me siento traicionado por mi Estado, que tendría que haber cumplido la ley a la cual nos acogimos. Nos exigieron muchas documentaciones. Yo confié de tal manera que deposité todos mis documentos, lo que se me pidió, porque según el Estado, se me daría la nacionalidad en dos años. Además, hemos tenido muchas presiones: si no nos ajustábamos al plan, si no nos regularizábamos, íbamos a ser expulsados debido a nuestra situación legal. Antes les decíamos "ser deportados", pero cuando te sacan del país donde naciste, no es una deportación, sino una expulsión.
Me siento traicionado porque cuando te exigen cosas para cumplirlas, haces esfuerzos, trabajas y buscas la manera de solucionar la situación, y cuando llegas al punto de solucionarla y llenar todos los datos que te piden, ves que ya han pasado diez años desde la sentencia y el Estado no ha cumplido.
Mi vida está al borde del colapso porque no puedo trabajar dignamente, no puedo estudiar. Incluso he tenido varias ofertas de trabajo, pero algunas me preguntan dónde está mi pasaporte porque mi cédula dice que soy extranjero. Otros me dicen que no, que mi cédula está vencida y por eso no pueden ofrecerme trabajo ni abrirme una cuenta bancaria. Tuve una cuenta bancaria que se creó durante la pandemia para quienes trabajaban directamente con una empresa, pero la cancelaron debido a que mi documento estaba vencido. Ahora no puedo retirar el dinero que tengo en esa cuenta porque está cancelada, y el banco dice que no me puede atender debido a mi documentación vencida. Tengo que depender de otras personas para que me presten sus cuentas cuando alguien quiere depositarme dinero por un trabajo que le he realizado.
Quiero que se cumpla fielmente la Ley 169-14, para que no quedemos en el limbo como estamos actualmente. Pero las oficinas encargadas de seguir nuestro caso y trabajar en nuestra situación están cerradas.
No puedo transitar libremente como lo hacen los que dicen ser dominicanos "puros". Cuando los oficiales me ven a distancia y notan que soy negro, me detienen, asumiendo que soy un migrante indocumentado. Para ir a mi trabajo todos los días, debo pasar frente a cinco o seis retenes de la policía o el ejército, y lo primero que me preguntan es: “Moreno, ¿dónde está tu documento?” Y yo les muestro mi documento, y me dicen: “Pero tu documento está vencido”. Les explico que fui favorecido por la Ley 169, pero ellos responden: “No sé nada de eso; el documento que me estás enseñando está vencido”. Cuando estoy en la zona turística de Bávaro, donde hay muchos extranjeros, se paran en los semáforos y, simplemente por mi color de piel, me piden los documentos. Entonces me pregunto si creen que no hay dominicanos negros. Me pregunto si vamos a tener que vivir esta misma situación todos los días, si vamos a tener miedo de salir a la calle porque estamos expuestos a que nos hagan pasar un mal rato, a que nos detengan y simplemente porque nuestra documentación está vencida, y se niegan a entender una explicación y nos exigen dinero. Siempre, cuando nos paran, dicen: “Bueno, estoy aquí desde esta mañana y no he desayunado”. Si no llevas 500, 300 o 200 pesos, te retienen la moto, te llevan preso, supuestamente para verificar si tus documentos son verdaderos o falsos. A veces he tenido que hablar con los comandantes y darles lo que tengo, aunque sea poco, para que me dejen ir.
Nunca me vi como un extranjero. En 2013, cuando se emitió la sentencia, fue catastrófico porque mi padre estaba haciendo gestiones para que yo fuera declarado y fuimos a la Junta, pero nunca nos dieron respuesta. Mis sueños y metas están bloqueados. Vivo con miedo de que me pidan la documentación. Esto ha sido trágico para mi vida, algo que nunca pensé que pasaría.
En contexto
Para las personas afectadas por la situación, recuperar su nacionalidad es una pesadilla burocrática que, una década después, sigue sin resolverse. Las oficinas estatales en distintos lugares del país no están alineadas frente a los requisitos por pedir para hacer los trámites de naturalización ni son ordenadas ni eficientes en los procesos administrativos. Así lo considera no solo Wilfrido, sino un informe sobre la implementación de la ley 169-14 del Movimiento Cívico no partidista Participación Ciudadana. Cuando la ley 169 se emitió, se dijo que el proceso tomaría no más de dos años, pero ha pasado una década.
Para Bridget Wooding, directora del Observatorio de las Migraciones del Caribe (OBMICA), el desorden administrativo es causante de la arbitrariedad de la fuerza pública, que no solo consiste en perfilamientos raciales, sino en hostigamientos y extorsiones. “La policía turística o el tránsito acaban asumiendo funciones de control migratorio que no les corresponden”, ha podido constatar la académica. Ella, al igual que las organizaciones internacionales como la ONU o la OEA, considera que esa arbitrariedad es sistemática, generalizada y con criterios raciales. Precisamente, el informe de país sobre República Dominicana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte también de una discriminación estructural: “El fundamento que subyace a la decisión del Tribunal Constitucional es un contexto de discriminación estructural principalmente basada en criterios raciales y étnicos contra personas de origen haitiano”. Los perfilamientos y el hostigamiento de la policía constituyen formas de violar el derecho a la libre circulación.