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El marco de la nueva agenda de cooperación entre México y Estados Unidos es el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, como se ha denominado al acuerdo que sustituirá a la Iniciativa Mérida. Ambos gobiernos reconocen la importancia de atender la violencia, desarticular las organizaciones criminales transnacionales y enfocarse en la prevención, a fin de crear las condiciones para una cultura de paz, atendiendo las causas fundamentales del crimen.
La viabilidad de la implementación de la agenda dependerá de que la diplomacia se logre traducir en una eficaz gestión de la propuesta de Plan de Acción, a concretarse en diciembre, donde se especificará lo que se realizará durante los próximos tres años. Sin embargo, el tráfico de drogas hacia Estados Unidos no se limita a la relación con México, implica también una agenda compleja con países como Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, productores de coca y de amapola. La política de control de drogas desde esos países hacia México y Estados Unidos no ha reducido el problema, por el contrario, es más complejo desde el punto de vista de producción, distribución, financiero y corrupción.
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En la coyuntura actual, los gobiernos de México y Estados Unidos tienen objetivos diferentes. El primero tiene como prioridad el combate al crimen organizado con el uso de inteligencia y la aplicación de la ley, así como la reducción del tráfico de armas desde el territorio de Estados Unidos, ya que el 70 % de las que son decomisadas provienen del país vecino.
Si bien el gobierno estadounidense comparte este enfoque, sus prioridades son otras. Por un lado, busca reducir el tráfico de migrantes irregulares, que en su mayoría atraviesan México en su recorrido desde Centroamérica, sumando la reciente migración de haitianos que viene desde Brasil. Por otro, busca frenar el flujo de fentanilo, un opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente, que está sustituyendo de forma acelerada el consumo de heroína en el país.
La relevancia del problema migratorio para Estados Unidos ha quedado plasmada en la participación del Secretario de Estado, Anthony J. Blinken, en la Reunión Ministerial Regional sobre Migración, que se llevó a cabo el pasado 20 de octubre en Bogotá. Entre las propuestas acordadas se pueden mencionar las siguientes: reforzar la aplicación de la ley en las fronteras mediante control de visados, protección de los migrantes más vulnerables, como las víctimas de la trata y el contrabando de personas, mejorar la gestión de los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia y haitianos en el marco regional, y, finalmente, promover proyectos de infraestructuras resistentes al clima que crean empleos en las comunidades expulsoras de migrantes. El problema del tráfico de drogas no fue una prioridad en la agenda del secretario Blinken en el marco del encuentro regional.
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El gobierno estadounidense pretende cambiar el enfoque de su política antidroga, pues ahora el énfasis está puesto en la salud pública. El problema es que históricamente la prioridad en la agenda estadounidense se ha enfocado en la intercepción de drogas, no en la reducción del consumo. Políticamente, las acciones policiacas son más visibles y tienen más impacto que las preventivas. No obstante, el consumo de drogas en la sociedad estadounidense, destacando el fentanilo en sus distintos derivados, sigue en aumento.
Finalmente, más allá de la relación con México, el gobierno estadounidense tiene otras prioridades relacionadas con la coyuntura interna, tales como avanzar en la vacunación, la reactivación económica mediante la aprobación del programa de infraestructura, avanzar hacia una agenda verde, la negociación comercial y de seguridad con China y la reforma migratoria. Por lo tanto, el combate a las drogas, más allá del control migratorio fronterizo, no parece que sea una prioridad para el gobierno estadounidense, por la complejidad multidimensional del tráfico y consumo de sustancias.
El gran reto de la nueva política del Entendimiento Bicentenario es su viabilidad en un marco en el cual los países latinoamericanos tienen prioridades diferentes. Una de ellas es promover políticas antidrogas basadas en los derechos humanos, desarrollo económico, inversión en infraestructura, sostenibilidad ambiental y una eficaz gobernanza de los conflictos en las comunidades productoras de opio y coca.
Por ello, es probable que en el corto y mediano plazo no se reduzca el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, proveniente de países latinoamericanos, ni el consumo de drogas de los estadounidenses, así como tampoco se podrá controlar el ingreso de armas hacia México ni el crimen organizado.
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José María Ramos es profesor e investigador del El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Tijuana, BC, México, en el Departamento de Estudios de Administración Pública. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario Ortega y Gasset.