Oriéntame, una de las instituciones formales y seguras para realizar una interrupción voluntaria del embarazo, abrió su primera sede en 1977 en Teusaquillo. Pocos meses después en esa misma zona se instalaron establecimientos que, de manera clandestina y con lógica puramente comercial, también ofrecían servicios de aborto. Para esa migrante venezolana, probablemente desinformada, angustiada y temerosa, también surge la posibilidad de ser persuadidas de desistir del aborto, pues en eso se empeñan agrupaciones religiosas que también forman parte del ecosistema de Teusaquillo.
Teusaquillo, el barrio central de Bogotá que otrora fue asiento de la clase alta capitalina, es hoy un microcosmos del aborto en Colombia. A través de este reportaje especial te ofrecemos un recorrido por sus calles y casas para descubrir lo que allí encontrará una mujer migrante venezolana que decida interrumpir voluntariamente su embarazo.

Tras la sentencia C-355 de 2006, el aborto en Colombia era considerado un derecho, pero solo estaba permitido bajo tres causales de excepción: embarazo fruto de una violación, malformación del feto y riesgo para la vida de la madre. De resto, era penalizado. Desde el 21 de febrero de 2022, la interrupción voluntaria del embarazo dejó de tratarse como un delito y pasó a ser un derecho en pleno. La Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia C-055, la cual modificó el artículo 122 del Código Penal y despenalizó así el aborto hasta la semana 24 de gestación (en adelante, siguen vigentes las tres causales de excepción). Este plazo permite a las mujeres en los lugares más apartados del país tener más tiempo para acercarse a sitios donde se puedan realizar una IVE segura. Así las mujeres gestantes pueden obtener un aborto a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

El fallo de la Corte Constitucional marca el inicio de un cambio en favor de una mayor garantía para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que acoge a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las migrantes venezolanas. Sin embargo, seis meses después del pronunciamiento del máximo tribunal colombiano, persisten las barreras para el acceso a un aborto seguro y de calidad. Muchos de esos obstáculos afectan de manera diferenciada alas mujeres migrantes y, en especial, a las que huyen de Venezuela.