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La Justicia venezolana entregó este lunes al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, la sede del diario venezolano El Nacional, cuyo embargo notificó en mayo pasado como parte de la indemnización por “daño moral” de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras una demanda del político.
“En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos (...) le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello”, publicó El Nacional.
#7Feb | Jueza, hermana del contralor Elvis Amoroso, entrega sede de El Nacional a Diosdado Cabello https://t.co/xSR3la6xvG
— El Nacional (@ElNacionalWeb) February 7, 2022
Cabello denunció al diario por replicar una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por EE. UU. por presuntos nexos con el narcotráfico. El TSJ dictó una sentencia que recoge que el rotativo venezolano debía pagar a Cabello 237.000 petros (criptomoneda promovida por el Gobierno venezolano) al valor de cambio del día, lo que suponía 13.369.170 dólares.
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“Con esta adjudicación ilegal, que por la irregular forma en que se ejecutó, bien podrá calificarse de ‘robo judicial‘, se completa parte de la condena impuesta a este diario, por los supuestos daños morales causados, cuando en ejercicio legítimo de su periodismo de investigación, este periódico transcribió un artículo del rotativo español ABC donde se afirmaba que funcionarios estadounidenses investigaban a Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico”, se lee en la publicación del diario El Nacional.
Después de presentar la querella, el poderoso dirigente lanzó varias amenazas al medio fundado hace ocho décadas y prometió convertirlo en una universidad o emplear sus terrenos para la construcción de viviendas populares. “Yo no quiero plata para mí”, dijo Cabello en una de sus declaraciones sobre el caso.
La justicia venezolana consideró que el vicepresidente del PSUV fue “víctima de un daño moral gravísimo”. Demandas similares fueron desestimadas a la vez en España y Estados Unidos contra medios de comunicación de esos países.
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