El gobierno de Alberto Fernández ha tomado distancia total de la estrategia de presión contra Nicolás Maduro en Venezuela. En marzo, el Ejecutivo argentino dio el primer campanazo cuando anunció su retirada del Grupo de Lima, instancia multilateral que se creó para darle apoyo a la oposición venezolana frente al oficialismo en ese país. Pero nuevas revelaciones muestran que esa no fue la única decisión adoptada por Fernández.
Un día después de anunciar su retiro del Grupo de Lima, la misión diplomática de Argentina en Países Bajos, que conduce Mario Oyarzabal, pidió el retiro de la carpeta que contenía la demanda contra Maduro ante la Corte Penal Internacional en La Haya, por violaciones a los derechos humanos en Venezuela y crímenes de lesa humanidad, la cual era acompañada por Colombia y otros países.
“El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota 01 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina”, señala una carta que dio a conocer el medio RT de Rusia.
En 2018, el expresidente argentino, Maurio Macri, anunció que junto a los mandatarios de Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, además del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, presentaba un pedido a la CPI para investigar a Maduro por presuntos crímenes cometidos por su Gobierno en Venezuela.
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Desde ese momento, varios informes han respaldado las denuncias de represión por parte del chavismo en Venezuela, dentro de los que destaca un documento publicado por la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, en la que destaca miles de abusos cometidos en el país, la falta de independencia judicial y de libertad de expresión.
La posición de Fernández frente a la situación en Venezuela había quedado plasmada en pronunciamientos como los que hizo hace menos de dos semanas. El 18 de mayo, el mandatario argentino opinó que “el problema de los derechos humanos en Venezuela estaba desapareciendo”, lo que, al igual que sus otras decisiones sobre la crisis venezolana, causó el rechazó de la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó.
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La representante de Guaidó en Argentina, Elisa Trotta Gamus, lamentó “profundamente” la decisión del gobierno argentino de defender a las víctimas venezolanas y de “beneficiar” a quienes “han cometido crímenes de lesa humanidad de manera probada y documentada”.
La revelación sobre la salida de Argentina de la demanda cae como un baldado de agua fría para la oposición, que espera que en los próximos días la CPI decida si comienza la investigación sobre las denuncias en Venezuela. En 2020, la Fiscalía de la CPI concluyó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos abril de 2017. Ese año se asesinaron a casi 200 venezolanos durante protestas.
La Cancillería argentina, entre tanto, le dijo al medio local Clarín que pese al retiro del apoyo a la demanda en La Haya, respeta la independencia judicial y las acciones de la Fiscalía. El proceso contra Maduro en este tribunal continúa pese a que ya no cuenta con la participación de Argentina.
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