“El problema no es la Corte Penal Internacional (CPI) que procesó a Putin o Netanyahu, o la Corte Penal Internacional que le dijo a Israel que no podía sitiar por hambre a Gaza”. Son las palabras de Luis Moreno Ocampo, en conversación con El Espectador, sobre la crisis actual del tribunal, que se encuentra bajo escrutinio, pero también bajo ataque. Él, que fue el primer fiscal jefe de la CPI, entre 2003 y 2012, cree que “el problema es que no funciona el sistema político mundial porque los líderes nacionales no están respetando las reglas mundiales”.
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Por un lado, Estados Unidos está liderando una cruzada para desmantelarla, mientras que países sobre los que la Corte ha puesto la lupa emprenden el camino para abandonarla. Al tiempo, escándalos internos han diezmado también su credibilidad.
Para Moreno, es una cuestión de poder. “Trump entiende poder y por eso ve que la Corte Penal Internacional es un obstáculo para superar sus operaciones mundiales”. En consecuencia, la gente, según el exfiscal jefe, tiene que entender que hay que apoyar al tribunal en su función, porque “si no, no hay límites al poder”.
Si uno lee la descripción de trabajo de la CPI, piensa en un órgano potente en el sistema político del mundo: es el único tribunal permanente encargado de juzgar genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión. La Corte siempre juzga a individuos, no a países ni a gobiernos. El problema, sin embargo: los países tienen la libertad de someterse a la Corte y pueden retirarse de ella. Cuantos más países se retiren, más se plantea la cuestión de la legitimidad y la eficacia del tribunal de La Haya.
¿Por qué le faltan dientes a la Corte?
Desde ya muchos años, se habla de la Corte Penal Internacional como un “tigre sin dientes”. Una de las razones es que gobiernos como los de Estados Unidos, China, Rusia e Israel no han ratificado el Estatuto de Roma, han votado en contra o se han retirado de la CPI.
Aparte de no ser miembros de la Corte, tienen algo en común: son Estados que se encuentran o que han estado en conflictos en los que se han cometido crímenes de guerra. Por eso, la crítica que se hace al tribunal es que se trata de sentencias que solo pueden hacerse valer en los Estados menos poderosos.
El hecho de que no tenga más dientes se debe a la soberanía de los Estados. “Los Estados no ceden ni el ejercicio de la violencia ni el ejercicio de la función jurisdiccional”, dice Zair Mundaray, abogado y exfiscal venezolano que está desde 2017 en exilio en EE. UU., en conversación con El Espectador.
“Mientras más fuerte y obligante fuera la Corte, menos Estados se iban a adherir”. Al final, esta se creó confiando en la buena fe de los Estados firmantes, cuenta Mundaray. Desde que comenzó a operar en el 2002, estas últimas semanas la Corte Penal Internacional afronta una de las etapas más delicadas de su historia, tanto en el ámbito interno como externo.
¿Qué ha pasado?
Estados Unidos anunció que quiere “desmantelar” el tribunal. El secretario de EE. UU., Marco Rubio, dijo que la Corte representa una amenaza a la soberanía estadounidense. Según un comunicado del gobierno, las medidas consideradas incluyen, entre otras, imposición de sanciones contra la Corte, revocación de visas, prohibiciones de viaje para el personal de la Corte y conversaciones diplomáticas con naciones extranjeras, instándolas a retirarse de la CPI.
Uno de los países a los que el gobierno de Trump no necesita persuadir es Israel. Antes de su viaje a Washington la semana pasada, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, habló con Rubio sobre la Corte. Según un comunicado de su oficina, Netanyahu argumenta que esta corte global “pone en peligro la justicia en el mundo” y limita la seguridad de los países “a las decisiones de funcionarios corruptos en La Haya”.
El viaje de Netanyahu a EE. UU. fue controversial. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, exigió al gobierno federal detener a Netanyahu, basándose en la orden arresto de la Corte Penal Internacional, que no tiene validez en EE. UU. porque este país no es miembro del Estatuto de Roma. A pesar de la demanda de Mamdani, Netanyahu se encontró con el presidente estadounidense Donald Trump.
Otros países siguieron la iniciativa estadounidense: Venezuela y Chad anunciaron su retirada de la Corte y se suman así a Burkina Faso, Mali y Níger.
“Lo que sí es relativamente nuevo es el nivel de agresividad que han alcanzado esos ataques”, opina Laura Betancur Restrepo, profesora de derecho internacional en la Universidad de los Andes de Bogotá. “Hemos pasado de las críticas políticas a sanciones personales contra jueces y fiscales, restricciones financieras y campañas explícitas para desacreditar a funcionarios internacionales.”
Desde los órdenes de arresto contra Netanyahu en 2024 por presuntos crímenes cometidos en Gaza, Washington ha intensificado su presión y ha impuesto sanciones a jueces y fiscales. Estas sanciones son para Betancur Restrepo “un ejemplo preocupante de una tendencia más amplia: castigar personalmente a quienes ejercen funciones independientes cuando sus decisiones resultan incómodas para las grandes potencias”.
Crisis interna de la Corte
Durante todos estos ataques externos frontales a la Corte, esta misma institución ha estado sin fiscal jefe. La Asamblea de Estados Partes, órgano de gobierno de la Corte, destituyó en días pasados al fiscal jefe, Karim Khan, por acusaciones de conducta sexual inapropiada.
Desde 2021, Khan era el tercer fiscal jefe de la CPI. Durante su mandato, en 2023, el tribunal penal de La Haya ordenó la detención de Vladimir Putin, presidente de Rusia, considerando que es “presuntamente responsable” del crimen de guerra de deportación ilegal de niños. Con respecto a la guerra en Gaza, en 2024, Khan solicitó órdenes de detención contra Netanyahu y los líderes de Hamás.
Según Betancur Restrepo, es importante separar la crisis interna de la Corte de los ataques externos. “La rendición de cuentas también debe aplicarse dentro de las instituciones internacionales”, argumenta. El caso Khan ha servido, según ella, además para sacar a la luz “denuncias históricas de acoso laboral, discriminación y acoso sexual que aparentemente llevaban años sin ser abordadas de manera suficiente”.
La Corte Penal Internacional “tambalea”, escribió este periódico en su editorial esta semana, y la Corte tambalea mientras que mantiene abiertas, entre otras, investigaciones sobre Ucrania, el Estado de Palestina, Sudán o Venezuela.
“La existencia no está en juego”
Los ataques e intentos de los EE. UU. de aumentar la presión diplomática sobre países aliados para que abandonen la Corte “es algo que ocurrió también cuando yo empecé la gestión”, cuenta el exfiscal jefe de la CPI Moreno Ocampo. “Entonces el presidente George W. Bush quería acabar con la Corte, pero los Estados resistieron”. Por eso, el abogado argentino no ve a la existencia de la Corte en juego, sino “la posibilidad de la Corte de imponerse al poder de algunos líderes nacionales”.
No obstante, Moreno Ocampo describe el caso del saliente fiscal jefe, Karim Khan, como “un tema muy complicado”. Este caso demuestra, en su opinión, que la Corte Penal Internacional está cumpliendo con su tarea de aplicar la ley “también contra el propio fiscal”.
La profesora Laura Betancur Restrepo está de acuerdo con el hecho de que la Corte no carece de valor a pesar de los ataques. “A pesar de sus limitaciones, ha contribuido a consolidar la idea de que incluso los máximos responsables de crímenes internacionales deben responder ante algún tipo de instancia judicial”, dice la docente.
“El mundo tiene que elegir si maneja conflictos a través de la guerra u otra vez de la justicia”, opina, por su parte, Moreno Ocampo, y está hablando sobre todo acerca de los gobiernos que son al final los que tienen que implementar los arrestos de la Corte Penal Internacional.
¿Qué va a pasar con el caso Venezuela I?
Un Estado que no va a implementar los arrestos es Venezuela, que anunció su retiro de la Corte Penal Internacional, un proceso que dura un año y que no va a evitar las investigaciones del caso Venezuela I.
En el 2021, Karim Khan anunció la apertura de una investigación preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, particularmente en el contexto de detención y en la represión de las protestas de la oposición venezolana en 2017.
Según el artículo 127 del Estatuto de Roma, la denuncia para retirarse “surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación”. El Estado tiene que cooperar con la Corte en el contexto de las investigaciones y “la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto”.
El ejemplo más claro en este caso es el de Rodrigo Roa Duterte, expresidente de Filipinas. “Duterte hizo exactamente lo mismo y hoy está preso”, explica el abogado venezolano Zair Mundaray. Las Filipinas se retiraron en el 2018 de la Corte, cuando ya había empezado la investigación de la Corte contra Duterte por crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura y violación. En 2025, Duterte fue detenido y ahora está en La Haya, esperando a que empiece su juicio principal este año.
Sin embargo, Mundaray dice: “El cuestionamiento político de Venezuela de la actividad de la Corte es muy grave porque descalifica un sistema que fue muy complejo construir y que bajo la coyuntura actual sería esencialmente imposible de hacer”.
“Es curioso que Venezuela fue uno de los actores principales en el establecimiento del Estatuto de Roma”, agrega Mundaray. “Nuestros diplomáticos del gobierno Rafael Caldera actuaron en los años 90 de manera muy fuerte para lograr un tribunal internacional que fuera permanente”. Por eso, Venezuela estuvo entre los primeros firmantes del Estatuto de Roma.
La retirada ahora, años después, venía programado, opina Mundaray. “Ya lo habían anunciado en tiempos de Maduro, luego capturaron a Maduro y ahora lo complementan. Ahora les cae como anillo al dedo por la postura de Estados Unidos”.
¿Qué puede hacer la Corte?
Desde una perspectiva crítica del sur global, la situación actual refleja para Laura Betancur Restrepo una paradoja importante: “Durante años la CPI fue acusada de concentrar buena parte de su actividad en África y de reproducir ciertas desigualdades estructurales del orden internacional”. A pesar de esto, en el momento en que el tribunal ha intentado actuar frente a actores cercanos a los centros tradicionales de poder ha enfrentado algunas de las reacciones más duras de su historia, explica.
Para ella, el desafío ahora consiste en construir instituciones internacionales “capaces de exigir responsabilidades de manera coherente, independientemente de si los acusados provienen del norte o del sur global, y al mismo tiempo garantizar que esas mismas instituciones rindan cuentas por sus propias prácticas internas”.
El abogado venezolano Mundaray considera que también hay mucho trabajo por hacer en el propio tribunal. El jurista tiene una mirada muy crítica de la Corte y su exfiscal jefe Khan. “Casi pareciera que es un aliado de quienes cuestionan a la Corte Penal”, alega. Muestra de eso, según él, son “sus acciones erráticas, desmesuradas, donde tiene una cantidad de casos esperando, algunos sin respuesta”.
De eso tiene que salir el tribunal ahora, según Mundaray. “La Corte tiene que dar respuestas más efectivas y que los tiempos no sean tan largos. Esto hace que la gente, sobre todo las víctimas, pierdan la fe en la justicia”.
Además, la Corte debe generar una profunda credibilidad de sus acciones, considera Mundaray. “Debe tener también una política comunicacional que sea más seria y transparente de modo que no sea como una suerte de caja negra donde la mayoría de la población no entiende el sistema e investigación”.
*Este artículo fue realizado en el marco del intercambio Alemania-América Latina del International Journalists’ Programmes (IJP).
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Por Bastian Mühling
