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Después de que el pleno de la Cámara Baja aprobara tramitar un proyecto de ley que busca la regularización para 500.00 inmigrantes que las autoridades estiman se encuentran indocumentados en el país, los partidos tienen ahora hasta dos meses para modificar la propuesta y decidir cómo legalizar a los cientos de miles de inmigrantes irregulares que viven en España y lanzar una votación final.
La luz verde para que la medida sea debatida en el Congreso de los Diputados fue dada el pasado 8 de abril con el respaldo de todas las bancadas políticas, con la única excepción del ultraderechista Vox.
Al votar en contra, ese movimiento señaló que el país debe “seguir siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal”.
No obstante, la medida ya ha sido aceptada para entrar a debate en el Parlamento y de ser aprobada derivaría en una próxima regularización masiva de inmigrantes.
El proyecto llegó al Legislativo gracias a una iniciativa popular tras la recolección de más de 600.000 firmas que lo respaldan. La eventual medida beneficiaría a quienes se encuentren en el país al menos desde 2021.
La red Esenciales, promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de inmigrantes, calcula que el 81% de las personas indocumentadas en el país provienen de Latinoamérica, en su mayoría mujeres.
El fin de las “golden visas”
En el otro extremo de la cara de la migración, Pedro Sánchez anunció el fin de las denominadas “golden visas”, una autorización de residencia en el país para extranjeros no residentes de la Unión Europea (UE) a cambio de la inversión de 500.000 euros.
Se trata de una norma vigente desde 2013 e impulsada por el ahora opositor Partido Popular (PP), cuyos beneficiarios se han enfocado principalmente en la compra de inmuebles. Una situación que, según el actual Gobierno, ha contribuido en la inflación de precios de vivienda, uno de los problemas que más aqueja a la sociedad española en la mayoría de ciudades.
Entre los principales receptores de ese tipo de permiso de residencia se encuentran personas de importantes recursos económicos procedentes de Rusia y China, con el 61,1% del total de beneficiarios, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero también algunos originarios de países como Venezuela y México.
Desde que se aprobó esa ley, las autoridades han concedido 14.576 permisos de residencia por inversiones inmobiliarias.
“Vamos a iniciar el proceso para eliminar el proceso de la llamada ‘golden visa’ que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo”, afirmó el líder gobernante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el pasado 8 de abril.
La medida fue anunciada tras meses de debates entre los líderes políticos de su Administración. Aunque oficialmente no ha sido comunicado a partir de qué fecha dejarían de proceder ese tipo de visas, el presidente del Gobierno remarcó que la decisión está tomada.
El anuncio ha recibido tanto respaldo, como rechazo en el país. Algunos de sus adversarios indican que la medida perjudicará la inversión extranjera y no ayudaría a terminar con el grave problema de acceso a la vivienda que existe en la nación, ya que los beneficiarios de ese tipo de residencia suelen enfocarse en la compra de casas de lujo, un mercado que no suele buscar la mayoría de los españoles.
Sin embargo, quienes respaldan el cambio de la ley remarcan que hasta ahora, esa vía también ha permitido a extranjeros la adquisición de múltiples inmuebles, lo que en un país con escasa oferta inmobiliaria, agudiza aún más la situación. Una problemática que ha dejado de ser exclusiva de grandes ciudades y se ha extendido a otras localidades.
Las provincias de Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia concentran el 90 % de todas las “golden visas” concedidas, indicó el Ministerio de Vivienda.
España ha experimentado un aumento exponencial de las “visas de oro” con la detonación de la guerra rusa en Ucrania, en febrero de 2022, y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que ha obligado a dar una respuesta, destacó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras el aval para dar inicio a los trámites para modificar la ley.
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