El Parlamento de Georgia adoptó este martes una ley sobre “influencia extranjera”, al anular el veto de la presidenta prooccidental y desafiando a la oposición y a la Unión Europea, que temen que la nueva norma se use para reprimir, como ocurrió con una ley rusa similar.
El veto fue puesto el 18 de mayo por la presidenta Salomé Zurabishvili, y el presidente del Parlamento, Shalva Papuashvili, había indicado antes que los miembros del partido gobernante Sueño Georgiano, con mayoría en el hemiciclo, “seguramente” superarían el veto”.
El parlamento adoptó entonces la controvertida ley por 84 votos contra 4, pese a las protestas en las calles y las advertencias de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos de que la medida afecta las aspiraciones georgianas de ingresar a la UE.
“El parlamento de Georgia votó para levantar el veto impuesto por la presidenta a un proyecto antidemocrático sobre influencia extranjera que no se condice con la normativa europea y que ahora se convierte en ley. Estados Unidos condena esta decisión”, reaccionó el martes el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Los detractores de esta ley, que se han manifestado por decenas de miles desde principios de abril, califican el texto de “ley rusa” debido a su similitud con una legislación sobre los “agentes del extranjero”, utilizada en Rusia desde 2012 para reprimir toda voz disidente.
Tras el anuncio de la votación del martes los manifestantes empezaron a reunirse frente al Parlamento en Tiflis, muchos de ellos con banderas georgianas y europeas.
La oposición georgiana y la Unión Europea denuncian una legislación que consideran incompatible con las ambiciones declaradas por esta antigua República Soviética del Cáucaso de adherirse a la Unión Europea y que, por el contrario, la acerca a Moscú.
La ley, aprobada por el Parlamento el 14 de mayo, antes del veto, dispone que todas las oenegés o medios de comunicación que reciban más del 20 % de su financiación del extranjero deben registrarse como “organización que persigue los intereses de una potencia extranjera” y someterse a un control administrativo.
En Bruselas, la Unión Europea expresó en un comunicado que lamentaba “profundamente” que el Parlamento haya decidido anular el veto de la presidenta.
La UE concedió a Georgia la condición de país aspirante a la membresía en el bloque, pero una nota, firmada por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, señala que la ley es “contraria a los principios y valores centrales” de la UE.
“Instamos a las autoridades georgianas a invertir esta tendencia y regresar con firmeza al camino de la UE”, señaló la declaración.
La nota agregó que “todavía hay tiempo para cambiar la dinámica, pero se necesita un fuerte compromiso por parte de las autoridades”.
De acuerdo con Borrell, “la UE y sus estados miembros están considerando todas las opciones para reaccionar ante estos acontecimientos”.
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