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La Conferencia Episcopal Española (CEE) informó que está trabajando en un “Plan de reparación integral” para indemnizar a las víctimas de abusos de la Iglesia, incluso si el agresor ya falleció. La condición, explica la CEE, será que se indemnizará a la víctima siempre y cuando se tenga la convicción de que la agresión sucedió.
“Se hará lo antes posible”, explicó César García Magán, secretario general y portavoz de la CEE. “(La reparación) es un iter de trabajos que ha presentado el servicio de coordinación de las oficinas de atención a menores y tiene tres líneas fundamentales de orientación: la atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral en todas las perspectivas, la psicológica, la social, la espiritual y también la económica”, añadió
La Iglesia, según García Magán, estudiará caso por caso y determinará la indemnización a la víctima. El secretario general de la CEE no aclaró de cuánto será el monto que tendrá que dársele a las víctimas, pero sí habló de cómo se asumirá el pago: los victimarios y las diócesis o institutos de vida consagrada implicados en las agresiones asumirán el costo.
Con esto último, García Magán desvinculó a la Iglesia de la propuesta del Defensor del Pueblo que pedía la creación de un fondo de reparación a través de un organismo independiente. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, había mostrado apoyo a la medida.
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“Vamos a crear un fondo estatal” y “vamos a instar a la Iglesia Católica a que se comprometa a reconocer y a reparar a todas las personas que, desgraciadamente, sufrieron abusos sexuales por parte del clero”, dijo Sánchez antes de ser reelecto por el Congreso la semana pasada.
Esta propuesta fue expuesta en el informe sobre pederastia en la Iglesia que presentó el Defensor, en el que se estima que al menos un 1,13 % de la población adulta en España ha sufrido abusos por parte de sacerdotes. Hasta ahora, la CEE ha admitido tener constancia de “1.125 casos” de abusos.
La CEE rechazó “la dudosa fiabilidad de los resultados presentados de dicha encuesta”, en la que “resulta imposible confiar”, según señaló el lunes en un discurso su presidente, Juan José Omella. El cardenal pidió “una revisión exhaustiva e imparcial de los datos”, que a su juicio podrían haber sido usados “de manera maliciosa”.
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Por su lado, la Iglesia católica española encargó una auditoria sobre los abusos sexuales a menores en su seno que estará lista el 15 de diciembre, según anunció este viernes la Conferencia Episcopal.
El despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo “se ha comprometido a entregar su informe el 15 de diciembre”, indicó en rueda de prensa el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco García Magán, quien no aclaró, sin embargo, cuándo se hará público.
La auditoría, la primera investigación sobre el tema que realiza la Iglesia católica española señalada por años de opacidad por las víctimas, fue encargada al bufete en febrero de 2022. En principio tenía como plazo un año, pero se ha retrasado.
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