La ley en Francia que busca que haya más mujeres en la dirección de empresas

Una mujer durante una manifestación en París para exigir mayores derechos para las mujeres.

Foto: AFP - THOMAS SAMSON

Está claro que el 8M nada se debe celebrar, los derechos de las mujeres han sido negados e ignorados a lo largo de la historia. En Francia, sin embargo, se lleva a cabo una puja política para lograr que las empresas tengan en sus cargos más altos mujeres como cuota fija. Hoy los diputados del partido del presidente Emmanuel Macron presentaron la iniciativa.

El documento, encabezado por la presidenta de la delegación de los Derechos de las Mujeres en la Asamblea Nacional, Marie-Pierre Rixain, establece en primer lugar una obligación de transparencia para las compañías de más de 1.000 empleados, que deberían publicar cada año el número de hombres y mujeres que ocupan el 10 % de los cargos en la cúspide del organigrama.

En un horizonte de cinco años, las mujeres deberían representar al menos el 30 % en esos puestos de responsabilidad y un 40 % al cabo de ocho años, con una sanción para las empresas incumplidoras equivalente al 1 % de su masa salarial.

El hecho no es de poca monta. Como recuerda el periódico Le Monde, “cada año, las empresas con al menos 50 personas deben informar su índice de igualdad de género. Este se calcula con base en cuatro criterios: la diferencia entre salarios, las diferencias existentes en los aumentos individuales, el número de empleados cuyo salario se ajusta a su regreso de la baja por maternidad, la paridad entre las diez retribuciones más altas. Se proporciona un quinto parámetro para empresas con más de 250 empleados: la distribución de promociones según género”.

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Además, el medio francés afirma que se saca un resultado sobre 100 puntos. Si el puntaje es menor a 75 la compañía debe tomar medidas en los siguientes tres años para superar el umbral. Si no lo hace podría ser sancionada con multas.

En un comunicado, Rixain explicó que espera que su texto pueda ser examinado por el Parlamento en mayo con vistas a una adopción “antes de finales de año”. Su partido, La República en Marcha (LREM), es mayoritario en la cámara de diputados, pero no en el Senado, donde dominan los conservadores de Los Republicanos (LR).

Antes de eso, la proposición de ley debe ser incluida en el orden del día de la Asamblea Nacional, lo cual exige previamente su tramitación en comisión. En sus primeros artículos, impone la obligación de que cualquier salario o prestación social se abone en una cuenta bancaria en la que el empleado sea titular o cotitular, como una forma de evitar que la remuneración de algunas mujeres quede bajo el control de sus maridos.

También favorece el acceso de mujeres que están al frente de familias monoparentales (son un 85 %) a dispositivos de formación, al reservarles plazas en las guarderías.

Igualmente propone un “índice de igualdad” para los estudios universitarios como forma de corregir el hecho de que en ciertos estudios, como los de ingeniería, las mujeres sean únicamente un 26 % de los alumnos. “Todas las mujeres, cualquiera que sea su historia, tengan o no hijos, deben poder beneficiarse de una autonomía financiera y una igualdad económica con los hombres”, subrayó la diputada en el comunicado.

En Francia ya existe desde 2011 una ley que ha impuesto cuotas de mujeres en los Consejos de Administración por etapas: en primer lugar un 20 % en 2014 y un 40 % desde 2017. Una ley que ha tenido su efecto, cuando se ve que se ha pasado de un 12,5 % de administradoras en 2010 al 45,8 % actualmente.

Igualmente, desde 2018 hay un “índice de la igualdad profesional” para evaluar las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres a partir de varios indicadores según el tamaño de las empresas. Aquellas que obtienen una nota muy baja deben tomar medidas correctivas para disminuir la brecha en un plazo de tres años.

Este año hay 53 compañías de 250 a 1.000 trabajadores (ninguna de las más grandes) que han obtenido calificaciones inferiores a 75 sobre 100, con lo que podrían ser sancionadas con el 1 % de su masa salarial si no rectifican. E