Los 1.000 casos irregulares de vientres alquilados que preocupan en Europa

Una investigación de las autoridades ucranianas revelaron que hay cerca de 1.000 casos irregulares de vientres alquilados en todo Europa. La empresa responsable está acusada por tráfico de personas, falsedad documental, y evasión de impuestos

redacción internacional
14 de agosto de 2019 - 09:48 p. m.
Foto de referencia.  / Pixabay
Foto de referencia. / Pixabay

Ucrania se ha convertido, junto con países como Canadá o Georgia, en uno de los destinos favoritos para las parejas españolas que acuden a un vientre de alquiler. Sin embargo, el día de hoy las autoridades revelaron un escándalo que, si bien al principio solo se concentraba en el país de Europa del este, se ha propagado hasta llegar a cerca de 1.000 casos irregulares de esta práctica en varios países como Italia o España. De por medio hay delitos como tráfico de personas, falsedad documental, y evasión de impuestos. 

En las altas esferas del gobierno español ya se conoce el problema y se está tomando medidas para colaborar con la justicia. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, solicitó a la Fiscalía General del Estado que revise los casos denunciados. El hecho es importante, pues es la primera vez que esta cartera solicita una indagación en alquiler de vientres, práctica que no está permitida en el país. 

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Según el periódico español, El País, todo giraría entorno a la clínica Biotexcom, la cual opera no solo en Kiev, sino en sedes externas que todavía se están identificando. Eso sí, es importante aclarar que los delitos no están asociados al alquiler de vientres, que es legal en Ucrania, sino por delitos distintos que se le asocian a la clínica. Según el medio español, el paquete básico cuesta 39.000 euros, mientras que el VIP sube hasta los 49.000, que incluye la posibilidad de escoger el sexo del bebé.

El dueño de la compañía involucrada, Albert Totchilovski, ya está en el ojo del huracán. Las autoridades ucranianas lo detuvieron bajo los cargos de tráfico de menores y evasión fiscal. Desde el 2018 el fiscal a cargo del caso ya había pedido a nivel internacional un test de ADN de niños en diferentes países para compararlos con sus padres legales. 

 

Por redacción internacional

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