Niñas de 16 años podrían abortar sin permiso de sus padres en España

Aunque se garantiza la objeción de conciencia, los hospitales en España deben tener siempre a alguien que esté dispuesto a realizar la interrupción voluntaria del embarazo.

Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

La nueva ley de aborto llega al Consejo de Ministros en un intento por dar un giro a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en España. La posibilidad de que las niñas entre 16 y 17 años aborten sin tener el permiso de sus padres, de que se den incapacidades de hasta cinco días por las menstruaciones dolorosas y por las interrupciones voluntarias del embarazo, de que haya un permiso preparto remunerado desde la semana 36 y de que las instituciones educativas ofrezcan, de forma gratuita, los productos necesarios para la menstruación, están entre las nuevas disposiciones de la ley para la protección de los derechos sexuales y reproductivos y la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo que impulsa el Gobierno español.

El texto pasa este martes por primera vez por el Consejo de Ministros sin dos asuntos que sí estaban en el borrador, pero que finalmente fueron rechazados por otros ministerios y que, en consecuencia, no formarán parte del texto final: la reducción del IVA para los productos de higiene femenina y la persecución penal para las personas que recurran a la gestación subrogada fuera de España.

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Estas son las novedades en cuanto el acceso al aborto:

• Las mujeres de entre 16 y 17 años podrán interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de ningún permiso de los padres.
• Se eliminarán los tres días de reflexión obligatorios desde que una mujer pida abortar para reafirmarse en su decisión.
• Las mujeres que interrumpan su embarazo tendrán derecho a una incapacidad y a un acompañamiento integral y especializado.
• Los centros de salud distribuirán la píldora del día después de forma gratuita y en centros servicios de salud sexual y reproductiva, pues hoy hay que ir a una farmacia y pagar un precio de 20 euros.

Así, la ley busca que en todos los hospitales las mujeres tengan acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, para que aquellas que quieran beneficiarse de este servicio lo puedan hacer en el recinto más cercano posible. Aunque se garantiza la objeción de conciencia, los hospitales deben tener siempre a alguien que esté dispuesto a realizar el procedimiento.

Entretanto, se estipula que la gestación subrogada, llamada coloquialmente “vientre de alquiler”, es una forma de “violencia” contra las mujeres, por lo que en España seguirá siendo una actividad prohibida. Sin embargo, el Ministerio de Justicia tumbó la propuesta de castigar con cárcel a los padres de hijos nacidos por gestación subrogada, aun cuando hayan hecho el procedimiento en otros países donde esta práctica sí es legal.

En cuanto a la educación sexual, la ley estipula que aquella deberá ser integral en las principales etapas educativas, así como se deberán entregar de forma gratuita los métodos anticonceptivos en los centros educativos. Además, se establece que se debe ofrecer formación en educación sexual y menstrual a profesores, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos.

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