Muchas oenegés especializadas en atención a la población migrante en España son estos días un oasis de información y acompañamiento ante la confusión e intentos de engaño a los que se enfrentan cientos de miles de personas interesadas en el proceso de regularización extraordinaria iniciado por el Gobierno.
Un ejemplo es la delegación en Madrid de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que estos días reúne en sus puertas a decenas de personas que hacen fila en la calle esperando información, que revisen su documentación y les expidan uno de los documentos que muchos necesitan, el informe de vulnerabilidad.
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El coordinador de esta delegación, Francisco Garrido, explica en una entrevista con EFE que algunas personas llegan con información equivocada, por lo que convocan a todos los que acuden a un taller informativo en el que se les explican los detalles del proceso.
En estas sesiones aclaran las principales dudas, revisan su documentación para ver si está todo correcto y comprueban si es necesario expedir el informe de vulnerabilidad, un requisito obligatorio en algunos casos, no en todos, que solo pueden emitir ayuntamientos y entidades sociales acreditadas y que está siendo muy difícil de conseguir para muchas personas en estos primeros días.
Con este método, están atendiendo a unas 1.300 personas y emitiendo entre 130 y 150 informes de vulnerabilidad por día para dar respuesta al “importantísimo flujo de personas” que está llamando a sus puertas.
En uno de estos talleres, la trabajadora social Ana Soriano explica, sin abandonar la sonrisa, los detalles que generan más dudas sobre el proceso y tranquiliza a la veintena de personas que la escuchan atentamente.
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“Tranquilos, vais a entrar todos”, “Vamos paso a paso”, “Todo va a salir fenomenal” son algunas de las frases de calma que les transmite y que se intercalan con consejos prácticos como revisar que tienen espacio suficiente en sus correos electrónicos para recibir las notificaciones.
Asesoramientos deficientes por parte de abogados
Palabras importantes en un proceso como este en el que desde el primer momento proliferaron los bulos, la desinformación y los intentos de engaño por parte de supuestos especialistas que ofrecen trámites gratuitos a cambio de dinero.
Las personas afectadas también reciben presiones de abogados que les infunden miedo acerca del proceso para que contraten sus servicios por tarifas que llegan hasta los 400 euros por expediente.
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De hecho, ayer el Gobierno español pidió ayuda a los cónsules de los principales países de origen de los inmigrantes que solicitan la regularización para luchar contra los engaños y las estafas en el proceso, y recalcó que no es necesario pagar “ni un euro” para hacer la petición.
Garrido señaló no haber detectado ninguna víctima de estafa entre las personas que han atendido, pero sí “asesoramientos deficientes” por parte de bufetes privados.
También detectaron problemas de algunos países, sobre todo africanos, para conseguir el certificado de antecedentes penales pero esperan que la vía diplomática habilitada por el Gobierno funcione correctamente.
El responsable de CEAR resume así sus consejos para estos primeros días: informarse bien de los requisitos antes de dar ningún paso; recopilar toda la información probatoria del tiempo de estancia en España exigido y “algo de paciencia”.
Largas filas y demoras
Gimbad Mosquera, un músico de 46 años de Antioquia, Colombia, que habló con The Guardian, reside en España desde hace 13 meses y conto que había obtenido una cita para entregar toda la documentación requerida la mañana del miércoles. El inconveniente radicaba en que aún le faltaba el certificado de transporte —razón de su visita a la oficina del consorcio— y dos documentos adicionales de apoyo.
“Ha habido mucha confusión y es difícil saber cómo navegar el proceso”, dijo.
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Una mujer peruana, quien prefirió no revelar su nombre, explicó para el medio que los latinoamericanos —mayoría entre los trabajadores indocumentados en España— intercambian datos sobre documentación y citas a través de grupos de WhatsApp.
La migrante contó que quienes pedían certificados de estatus vulnerable a ONG debían madrugar y aguardar en fila por horas. Imágenes desde varias ciudades españolas revelan largas colas ante ayuntamientos y oficinas consulares al arrancar el proceso de regularización.
De acuerdo con un informe del think tank Funcas, España alberga unos 840.000 migrantes indocumentados. La mayoría —760.000— son latinoamericanos (290.000 colombianos, 110.000 peruanos y 90.000 hondureños), seguidos de 50.000 africanos y 14.000 europeos.
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