Reino Unido aprobó el controvertido proyecto de ley para expulsar a inmigrantes solicitantes de asilo a Ruanda después de un maratoniano pulso entre las dos cámaras legislativas.
Los miembros de la Cámara de los Lores, que habían devuelto repetidamente el texto a la Cámara de los Comunes, renunciaron finalmente a presentar más enmiendas, garantizando que el proyecto se convierta en ley.
El proyecto de ley, iniciado por el primer ministro Rishi Sunak, dice que se deportará a Kigali a los solicitantes de asilo que lleguen al Reino Unido por medios irregulares asegurando que Ruanda es un país seguro para los migrantes expulsados.
La ley también permitirá que las autoridades encargadas de decidir sobre las solicitudes de asilo puedan ignorar secciones del derecho humanitario internacional y británico, además de esquivar una decisión del Tribunal Superior de Justicia que consideró ilegal el proyecto.
Según fuentes del Ministerio del Interior, ya hay un grupo de solicitantes de asilo con débiles reclamos legales para permanecer en el Reino Unido que formarán parte del primer grupo que se enviará de vuelta al este de África en julio, aseguró The Guardian.
La Oficina de Auditoría Nacional, un organismo de control del gasto público, estimó que costará unos 540 millones de libras (unos 665 millones de dólares) deportar a los primeros 300 migrantes.
Las primeras reacciones
El ministro del Interior, James Cleverly, dijo en un video publicado en redes sociales: “La ley evitará que las personas abusen de la ley mediante el uso de afirmaciones falsas de derechos humanos para bloquear las expulsiones”.
Cleverly agregó que era un “momento histórico en nuestro plan para detener los barcos”.
Por otro lado, Denisa Delić, directora de defensa del Comité Internacional de Rescate del Reino Unido, mencionó: “Independientemente de la aprobación hoy del proyecto de ley de seguridad de Ruanda, enviar refugiados a Ruanda es un enfoque ineficaz, innecesariamente cruel y costoso”, según The Guardian.
“En lugar de externalizar sus responsabilidades en virtud del derecho internacional, instamos al gobierno a que abandone este plan equivocado y, en su lugar, se centre en ofrecer un sistema de inmigración más humano y ordenado en el país”, agregó Delić.
El personal del Ministerio del Interior ha advertido en privado que existe el riesgo de que miles de solicitantes de asilo desaparezcan una vez que comiencen las expulsiones para evitar recibir la notificación de que están siendo enviados a Kigali.
La oposición laborista, las asociaciones de ayuda a los inmigrantes, la Iglesia anglicana y la ONU fueron de los primeros en pronunciarse.
El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, el austriaco Volker Türk, afirmó que va “contra los principios fundamentales de los derechos humanos”.
Expertos de la organización han sugerido que las aerolíneas y los reguladores de la aviación podrían ser “cómplices” de violar los derechos humanos internacionalmente protegidos si participan en los vuelos de expulsión de inmigrantes.
“Pase lo que pase”
El proyecto de ley de Sunak es considerado como un intento para reducir la presión que tiene el mandatario por la cifra récord de solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones desde el norte de Francia al Reino Unido.
Horas antes de que el proyecto superara su último obstáculo parlamentario, Sunak anunció que su plan se iba a aplicar “pase lo que pase”.
“Despegarán, pase lo que pase”, dijo Sunak, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de sus prioridades ante las elecciones legislativas británicas este año.
Los vuelos al país africano comenzarán en “diez o doce semanas”, insistió en una rueda de prensa destinada a presentar los medios utilizados por el gobierno para organizar estas expulsiones.
Con 13 millones de habitantes, Ruanda afirma ser uno de los países más estables de África. Pero grupos de derechos humanos acusan al presidente Paul Kagame de gobernar en un clima de miedo y de reprimir la disidencia y la libertad de expresión.
Más de 120.000 personas han cruzado el Canal de la Mancha en embarcaciones rudimentarias desde 2018, cuando el gobierno comenzó a contabilizar el número de inmigrantes irregulares llegados por esta vía.
Sunak confía en que esta política de “frenar los barcos” disuada a los migrantes y impulse electoralmente a su partido conservador, en clara desventaja frente a los laboristas tras catorce años en el poder.
Las elecciones deben celebrarse antes de finales de enero de 2025, pero Sunak dijo que tendrían lugar en 2024 en una fecha todavía no anunciada.
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