La violencia en la frontera: nuevas exigencias para Venezuela

La Victoria, un pueblo fronterizo de Apure (Venezuela), en donde desde hace varias semanas hay enfrentamientos armados. / AFP

Foto: AFP - DANIEL FERNANDO MARTINEZ CERVERA

Aunque desde hace décadas las FARC-EP y el ELN fueron desarrollando una impronta binacional, gracias a las ventajas que ofrecía la condición selvática, fronteriza y cocalera, desde 2016 este escenario se ha convertido en un contexto de confrontación mucho más complejo. Además de por tratarse de enclaves altamente disputados, tal y como sucede en el Catatumbo, en donde se concentran más de 40.000 hectáreas de cultivos ilícitos, o por ser lugares con una alta presencia de contrabando y capital extorsivo, como sucede en Arauca, la frontera entre Colombia y Venezuela se ha transformado notablemente en los últimos cinco años.

La desaparición del actor mayormente protagónico de la violencia, como era el caso de las FARC-EP, al asumir el proceso de desarme y reincorporación a la vida civil, ofrece una ventana de oportunidad, en primer lugar, para el ELN, el cual experimenta un profundo proceso de fortalecimiento en los departamentos fronterizos de Cesar, Norte de Santander y Arauca, además de en los estados venezolanos de El Zulia, Táchira o Apure. Allí van a ganar protagonismo los Frentes de Guerra Oriental y Nororiental del ELN, pero también las primigenias disidencias de las FARC-EP.

Desde 2017, “Gentil Duarte”, “Jhon 40” o “Iván Mordisco”, al frente de la primera gran disidencia de la guerrilla, actúan como firmes convencidos de las ventajas competitivas que ofrece el corredor fronterizo a efectos de cooptar grupos residuales y estructuras continuadoras de la violencia -como los otrora Frente 33 (Norte de Santander), Frente 10 (Arauca) o Frente 28 de las FARC-EP (Arauca/Casanare). Igualmente, los recursos económicos, la porosidad de la frontera y la débil institucionalidad de lado y lado facilitan cualquier ejercicio de recomposición y obtención de recursos, a efectos de preservar la continuidad de la violencia.

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De lo anterior eran igualmente conscientes en “Segunda Marquetalia”, si bien este grupo disidente disponía de un valor añadido: el reconocimiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Un factor nada baladí que, como es de esperar, hizo que este grupo armado igualmente optase por ubicarse en las proximidades de la frontera venezolana, en unos términos similares a los del ELN. Empero, esta intrincada situación de actores armados con presencia en Venezuela empieza a complicarse a partir del año 2020. Así, lo que hasta entonces era una suerte de “coexistencia pacífica”, no exenta de tensiones y contradicciones, se fue transformando a un contexto de disputa. Conscientes de que la presencia del ELN es ampliamente superior a cualquier otro grupo armado de la región, la rivalidad quedó mayormente concentrada entre las disidencias de “Gentil Duarte”, más numerosas y con mayores capacidades, y la de “Segunda Marquetalia”. “Márquez” y “Santrich” aun con todo pensaban que su liderazgo tradicional en la guerrilla, junto al de otros como “El Paisa” o “Romaña”, sería un factor más que suficiente para aglutinar, más pronto que tarde, las diferentes disidencias concurrentes. Todo lo contrario, para “Duarte” aquellos eran percibidos como traidores a la esencia revolucionaria y al legado de las FARC-EP, y rápidamente pasaron de ser adversarios a ser simplemente enemigos.

Desde marzo de este año 2021 es que las relaciones entre estos dos proyectos disidentes se encuentran rotas, y la virulencia y las confrontaciones han ganado una gran notoriedad. Particularmente, esto también ha obligado a un cambio de estrategia en el tradicional rol pasivo que hasta entonces ha desempeñado la fuerza pública venezolana. Dada la mayor proximidad de Nicolás Maduro con “Segunda Marquetalia”, las estructuras afines a “Gentil Duarte” ubicadas en Venezuela pasaron a convertirse en un serio problema, alimentando enfrentamientos con militares venezolanos. Algo que se ha traducido en diversos operativos además de varios secuestros y bajas de integrantes de la fuerza pública.

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A partir de esta tesitura es que se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, se hace patente por enésima vez la porosidad de la frontera y la concurrencia de preocupantes debilidades institucionales, las cuales se acompañan de ingentes prácticas y recursos de origen ilícito que, junto al suroccidente colombiano, convierten a la región en el escenario de mayor violencia armada, desde el año 2016. En todo caso, durante muchos años, y aún hoy, la presencia de guerrillas colombianas en la frontera con Venezuela ha desempeñado un rol de “estabilidad”, por ubicarse aquí algunos de los estados más firmemente opositores a Nicolás Maduro. Además, como sucedía con Ecuador en la primera década del siglo XXI, el no entender la presencia de grupos armados como un problema, evitaba la necesidad de securitizar la región y, por ende, la urgencia de ofrecer respuestas militares a un fenómeno que confería más beneficios que problemas para Caracas.

Sin embargo, resulta innegable que la muerte de “Jesús Santrich” en este mismo corredor colombo-venezolano, sea cual sea la hipótesis que barajar, representa un serio problema para el gobierno venezolano. Desde una perspectiva más cortoplacista, si la muerte de “Santrich” fue producto de una disputa entre disidencias de las FARC-EP, lo cual no es nada disparatado, ello pone manifiesto hasta qué punto se ha sido aquiescente con la ubicación de grupos armados colombianos en Venezuela. Algo similar sucede con la posibilidad de que la muerte de quien fuese una de las voces más destacadas del proceso de negociación de La Habana se hubiera producido por mercenarios colombianos. Tanto una posibilidad como otra presentarían la realidad de un Estado que es incapaz de atender su territorio y cubrir unas mínimas garantías de presencia y capacidad en uno de los entornos que mayores problemas puede causar a la seguridad nacional venezolana.

Mayor problema sería si, además, la baja de “Santrich” hubiera sido responsabilidad de la fuerza pública venezolana. Aunque el gobierno de Caracas ha sido benefactor de “Segunda Marquetalia”, no es desorbitado pensar que, desde ciertas posiciones militares de Venezuela, se entienda que sea la disidencia que sea, una disputa armada entre estas representa un “problema colombiano” que está empezando a traducirse en bajas y afectaciones a la fuerza pública venezolana. De este modo, más allá de las voluntades de Maduro, el contexto local agravaría y simplificaría una lógica amigo/enemigo en donde cualquier disidencia de las FARC-EP puede terminar siendo concebida como un problema al que enfrentar.

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A medio y largo plazo, más allá del reconocimiento de los acontecimientos, desde Venezuela ya deben saber que la disputa armada entre actores de la violencia colombiana ha llegado para quedarse, al menos mientras que la frontera siga siendo una atractiva fuente de recursos económicos. Así, más pronto que tarde el gobierno deberá asumir una posición. De todos los posibles escenarios, el más factible es el de presionar a las disidencias de “Gentil Duarte”, manteniendo la relación mutuamente favorable con el ELN y, tal vez, respetando el vínculo con “Segunda Marquetalia”. En todo caso, esto igualmente puede cambiar por la profunda debilidad de dicha “Segunda Marquetalia”, y que puede ser destinataria de nuevas acciones por parte de los grupos acólitos de “Gentil Duarte”.

Sea como fuere, la muerte de “Santrich” visibiliza un punto de inflexión que, de no superarse, obligará a todos los actores, pero especialmente a Venezuela, a resignificar su posición con los diferentes grupos armados y bajo la necesidad de articular una respuesta securitaria ausente hasta el momento. Veremos cómo evoluciona el escenario fronterizo de la violencia en las próximas semanas, si bien, es posible esperar nuevos episodios de violencia, dada la ocurrencia de un escenario en donde ninguno de los actores involucrados, integrando a Colombia y Venezuela, terminan por erigirse como actores hegemónicos en el territorio.

Investigador postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid. Acaba de publicar el libro “Colombia (2016-2021). De La Paz territorial a la violencia no resuelta”.