“Recuerdo que ese día nos golpearon bastante, estábamos apilados unos sobre otros y el aire que respirábamos solo olía a sangre. Nos subieron a un bus donde seguían pegándonos, mientras tanto, solo escuchaba a personas gritando ‘no más, no más’. (…) Llegamos a un lugar y dieron la instrucción de taparnos los ojos y la cabeza. Entonces, un policía me tomó del pantalón, me empujó contra la pared y metió su mano en mi vagina, luego siguió pegándome”. Este es uno de los fragmentos de los relatos que se escucharon a finales del año pasado ante la Corte Interamericana de Derechos humanos, máxima instancia donde llegaron 11 mujeres mexicanas con el único fin de exigir justicia, la misma que llevan esperando doce años, doce años del llamado “mayo rojo” y en los que una y otra vez han tenido que repetir que sus historias no son un invento.
De las mujeres de Atenco, la represión policial y los crímenes olvidados que un carrusel de sangre se llevó, se habla hace más de una década. Se les conoce así a las once valientes que fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza de seguridad mexicana e, incluso, arbitrariamente privadas de libertad entre nueve días y dos años. Los hechos ocurrieron en mayo de 2006, fecha en la que se vivieron agrestes enfrentamientos entre policías del estado mexicano y los pobladores de Texcoco y Salvador Atenco, todo en medio de una protesta de pobladores que se oponían al desalojo de sus tierras para la construcción de un gran supermercado. De estos dos días de horror éste fue el resultado: más de 200 detenciones y, al menos, 31 denuncias de agresiones sexuales por parte de estos agentes de seguridad.
El caso tiene aún tres procesos abiertos y, hasta el momento, ningún responsable o detenido por los hechos. Ni siquiera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la exigencia de investigar "los distintos grados de responsabilidad (sobre las denuncias), desde la autoría material, hasta posibles autorías intelectuales", ha logrado que este tortuoso camino legal, que han liderado estas mujeres, muestre un asomo de justicia.
No obstante, en medio de esta batalla legal, las mujeres de Atenco no han estado completamente solas. La representación legal de ellas ha sido asumida por varias organizaciones de derechos humanos que buscan que el estado mexicano cumpla y conozca que, como ellas, son muchas las mujeres que siguen de pie resistiendo ante la tortura sexual y una justicia que languidece.
El Espectador habló con una de las líderes de estas organizaciones, Marcela Martino, directora de México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que representa los intereses de las mujeres de Atenco. Tras las audiencias ante la CorteIDH y a doce años de los hechos, señala que el mensaje es claro para el estado mexicano y toda la región: las mujeres no tolerarán la impunidad frente a ningún tipo de agresión sexual.
¿Ayotzinapa, Atenco, entre otros casos, son muestra de que la comunidad internacional debería girar su mirada a México y los derechos humanos?
Por supuesto, en dos sentidos. Por un lado, si bien en México hay problemas muy serios y estructurales con los derechos humanos, lo cierto es que las mujeres en todo el continente y el mundo enfrentamos una continua violencia a lo largo de nuestras vidas que se expresa de muchas formas, siendo la sexual y el feminicidio las expresiones más extremas de esa discriminación. En la otra mano, es obvio que hay una repetición crónica que, justamente, se produce ante la falta de investigación de hechos tan graves como los que este caso pone sobre la mesa. Ayotzinapa sería un ejemplo.
Y es que estamos hablando de un tema especialmente grave, 11 mujeres fueron retenidas en un contexto de represión de unas protestas, respondiendo a una manifestación social. Algunas eran estudiantes, otras periodistas, profesionales de la salud, etc. Mujeres del común que fueron torturadas física, psicológica y sexualmente por agentes del estado. Pero su caso, con todo lo aberrante que es, es reflejo de muchas otras violaciones sexuales contra mujeres en el marco de tensiones en México.
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Sin duda los ojos del mundo deben estar fijados en México y toda la región, pero, sobre todo, en la violación de derechos humanos en contra de nuestras mujeres; exigiendo así una respuesta por parte las entidades estatales sobre cómo abordar de una mejor manera estas violaciones de derechos humanos.
Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México para la fecha de los hechos, hoy es presidente del país. Muchos afirmaron que este caso lo pondría contra las cuerdas, no obstante, está a punto de entregar el cargo y no hay respuesta del Estado frente al mandato de la CIDH y el caso ha tenido que escalar a la CorteIDH…
Efectivamente este fue uno de los aspectos que suscitó preguntas por parte de los jueces de la CorteIDH, pues Peña Nieto era gobernador del estado de México y después de estos hechos él dio declaraciones que debilitaron o estigmatizando a las mujeres que denunciaron violencia sexual.
Pero más allá del presidente, llama la atención cómo otros altos mandatarios políticos y jerarcas de fuerzas de seguridad de México también han insistido en restar credibilidad a las mujeres. Todo esto, además, acompañado de una falta de investigación.
Cuando hay una retórica por parte de las autoridades en la que se niega tajantemente esos hechos, en la que se indica que no merecen la máxima condena del estado, eso repercute en las investigaciones y la administración de justicia.
Entonces no estamos ante un caso que no trasciende solo por la falta de acción de una persona, tiene que ver con la pregunta de cómo se establecen las responsabilidades a todo nivel frente a este tipo de graves violaciones. Los hechos aberrantes de Atenco no son aislados, no son actos cometidos por policías que se desviaron de su deber. En ellos participaron agentes municipales, estatales y federales de diferentes corporaciones de seguridad de México de una manera reiterada y sistemática.
Hay, por supuesto, una responsabilidad directa por parte quienes ejecutaron estas violaciones, pero, además, hay una responsabilidad -por lo menos por omisión- de otras partes del gobierno al no prevenir y garantizar que estos abusos no se siguieran cometiendo y que no se generara un discurso que perpetua la tolerancia frente a estas situaciones. Se volvió normal la no investigación de violaciones de derechos humanos contra las mujeres.
La represión policial y violación de los derechos humanos es una constante en varios países de la región. ¿Qué lección podemos aprender de casos como el de ‘Las Mujeres de Atenco’?
Justamente uno de los planteamientos en este caso ha sido ese, la represión de personas que estaban ejerciendo su derecho a reunión, y que esta represión abrió la puerta al resto de violaciones a la integridad de muchas personas. Es decir, el uso de la fuerza desproporcionada e indiscriminada fue lo que generó un clima que posibilitó la violencia sexual y tortura durante la detención, el trayecto y la privación de libertad de muchas de las personas en este caso.
Así, vemos que hay mucho que puede aprender toda la región. Ya hay experiencias comparadas que indican que se requiere un estricto proceso y múltiples controles externos e internos de la policía para garantizar legitimidad y una actuación con los estándares de un estado democrático de derecho; no obstante, vemos que las violaciones se siguen dando.
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El llamado es a que sea una tarea de todos los estados del mundo vigilar y crear procesos de evaluación y aprendizaje, procesos que no se agotan únicamente en la expedición de protocolos y normas, sino que tienen que pasar sobre cómo se registran los hechos, cómo se rinden cuentas, cómo certifican y se aprende a partir de estas experiencias para modificar las prácticas y normas que no están escritas; normas que se reproducen una y otra vez crónicamente, repitiendo violaciones de derechos humanos.
El CEJIL ha hecho un acompañamiento a este caso por muchos años. ¿Como mujer y activista cuál es la conclusión tras 12 años de ausencia de justicia?
Cualquier persona que haya escuchado a estas mujeres puede darse cuenta de la profunda fuerza, dignidad y resiliencia que irradian. Es un grupo de mujeres que sufrió los horrores de las violaciones, cuyos cuerpos fueron atacados. Ellas no solo fueron estigmatizadas sino, también, culpabilizadas de los hechos que sufrieron.
Estas mujeres han resistido doce años sin tregua, no solo por sí mismas, sino para que esto no les pase a otras. Este acto implica una fuerza muy poderosa y, como ellas mismas lo resaltaron ante la Corte, si bien ellas son muy fuertes, han logrado a llegar hasta acá porque han enfrentado el dolor con el acompañamiento de otras mujeres que han vivido lo mismo.
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Ver las medidas de reparación que ellas han pedido, en las que se incluye la creación de un centro de sobrevivientes de violencia sexual, con el fin de ayudar a otras como ellas, nos muestra de lo que somos capaces como mujeres.
Para mí, y todos los que hemos acompañado este caso, no solo es un profundo honor representar a estas mujeres, sino que es una inspiración. Estamos ante un caso de valentía que, por qué no, puede desembocar en una victoria en pro de mujeres libres de violencia en todos los continentes y el mundo. Resta esperar si este año la Corte se manifestará frente al caso.
Por Daniela franco garcía
