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Quedan pocas dudas quizás que uno de los más ineficientes e incompetentes organismos internacionales es la Corte Penal Internacional, CPI, nacida de buenas intenciones, en aquellos tiempos en los que, para resolver los problemas del planeta, la fórmula era crear entes multilaterales.
La CPI ha sido un colosal fracaso, un elefante blanco, que ni siquiera ha servido como ente disuasivo. La CPI producto del Estatuto de Roma, ratificado por 123 Estados entró en vigor en 2002. No son miembros de la CPI, entre otros, Estados Unidos, China y Rusia. La CPI es un tribunal complementario que juzga individuos, no Estados, y tiene bajo su competencia cuatro tipos de crímenes.
Lastimosamente, La CPI se ha politizado y burocratizado in-extremis, algo no extraño a organismos internacionales cuyos miembros son Estados. El costo de la CPI, unos 180 millones de dólares por año, no se compadece con sus magros logros, si es que así se les puede llamar. Hasta ahora cuatro individuos han sido condenados, todos africanos, de una docena de casos abiertos.
El problema de la corte comienza con el mismo Estatuto de Roma en el que la misma definición de los crímenes bajo su jurisdicción se politizó. Tal es el caso del “crimen de guerra” y el de “agresión internacional”, vagos y sesgados en el texto del Estatuto. La gestión de los dos fiscales de la corte, el argentino Luis Moreno Ocampo y la actual Fatou Bensouda de Gambia, dejan mucho que desear. Esta última fue acusada ante la comisión de reconciliación en su país natal de responsabilidad en tortura y detenciones arbitrarias.
Son incontables las atrocidades acaecidas a lo largo y ancho de planeta desde 2002 que han pasado desapercibidas para la corte y cuyos responsables tienen nombre y apellido. Siria, Sri Lanka, Myanmar, Yemen, Irán, Venezuela, son casos que deberían estar siendo tratados en la CPI, pues ahí se ha incurrido en genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sin embargo, sus responsables tienen poco que temerle a la CPI. Colombia es uno de los países objeto de una investigación preliminar.
La Fiscal Bensouda, de salida, cayó en la trampa o se lanzó a ella intencionalmente por su sesgo político y convicciones personales. Tras su propuesta, un tribunal preliminar compuesto por tres jueces falló 2 a 1 que la CPI tiene competencia para investigar a Israel y Palestina. De un plumazo se decidió una investigación contra un Estado no miembro de la CPI, Israel, por demanda de un ente que ni siquiera es un Estado, Palestina. Hipocresía recargada. Israel, al igual que las democracias occidentales, posee un sistema judicial, que no perfecto, que juzga a sus nacionales si cometen alguno de los crímenes tipificados en el estatuto de la corte. Tiro en el pie.
Es de esperar que el nuevo fiscal que será elegido en junio enderezca, si es que aun se puede, el camino de la CPI. De lo contario lo mejor es darle entierro de tercera. O de cuarta.
