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El Parlamento israelí aprobó el martes en primera lectura dos proyectos de ley de una controvertida reforma del sistema judicial considerada por sus opositores como una amenaza a la democracia.
Los diputados votaron a favor por 63 votos (47 en contra) dos textos que pretenden modificar el proceso de nombramiento de los jueces y declarar incompetente a los tribunales para juzgar actos o decisiones que consideren contrarios a las leyes fundamentales del país (equivalente a la Constitución).
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Otra disposición clave de la reforma, que introduce una cláusula que permitiría al Parlamento anular por mayoría simple ciertas decisiones del Tribunal Supremo, y que levanta gran oposición, será sometida a votación en una fecha posterior.
Tras el voto en el Parlamento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, que tiene un papel esencialmente protocolario, volvió a alertar sobre las fracturas que el proyecto provoca en la sociedad israelí.
“Es una mañana difícil” y “son muchas las personas que temen por la unidad de la nación”, declaró Herzog, que ha intentado en vano instaurar un diálogo entre los dos campos.
“Debemos hacer todo lo posible para continuar el diálogo tras esta votación, para alcanzar un marco negociado que nos saque de este difícil periodo”, dijo en una conferencia de prensa en Jerusalén.
- Llamado de la ONU -
Preocupado por su impacto en los derechos humanos y la independencia de la justicia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió a Israel que suspenda la reforma. “Pido al gobierno israelí que suspenda los cambios legislativos propuestos y los abra a un debate y a una reflexión más amplios”, dijo Volker Türk.
En reacción, el Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó el martes “de absurdo” el llamado de la ONU a suspender la reforma. “Qué absurdo”, dijo Netanyahu, según un comunicado de su oficina.
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El jefe de gobierno israelí consideró que sería mejor “condenar las violaciones de los derechos humanos en Irán, Siria o en la Autoridad palestina”. Este proyecto de reforma judicial fue anunciado a inicios de año por el nuevo gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, que asumió el poder a finales de diciembre.
Netanyahu lidera una coalición de partidos de derecha, extrema derecha y ultraortodoxos judíos. La propuesta del Ejecutivo genera un fuerte rechazo en la opinión pública, que lo ve como una amenaza a la democracia.
En Tel Aviv decenas de miles de personas salen cada sábado por la noche a manifestar contra la reforma pero también contra la política general del gobierno, uno de los más derechistas de la historia de Israel.
El lunes por la noche decenas de miles de personas se congregaron frente al Parlamento israelí en Jerusalén para manifestar su rechazo al proyecto. Pese al importante dispositivo policial, algunos manifestantes penetraron en el interior del edificio, aunque no llegaron hasta el hemiciclo.
La sesión fue interrumpida por incidentes, especialmente cuando diputados de la oposición, ataviados con banderas israelíes, gritaron “¡Vergüenza!” a sus colegas de la mayoría.
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Las disposiciones aprobadas deben ser votados en segunda y tercera lectura en el pleno antes de convertirse en ley. El ministro de Justicia Yariv Levin llamó a la oposición al diálogo. “Podemos llegar a un acuerdo”, aseguró.
Para Netanyahu y Levin la reforma es necesaria para reequilibrar las relaciones de fuerza entre los diputados y la Corte, que consideran politizada. Pero sus detractores argumentan que amenaza el carácter democrático del Estado.
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