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A finales de 2019, Joseph Naddaf, el nuevo director de seguridad del puerto de Beirut, vio cómo una bodega de almacenamiento tenía la puerta rota y un agujero en la pared, pero al hacer una inspección más detallada descubrió que miles de toneladas de nitrato de amonio, un peligroso compuesto que se usa en explosivos, habían traspasado las bolsas en donde estaba guardado y corroía las paredes y pisos del depósito, aparentemente abandonado. ¿Qué más vio el funcionario? Investigaciones periodísticas posteriores revelaron que el hombre se alertó porque al lado de este peligroso insumo había tinajas de queroseno y ácido clorhídrico, además de una docena de mecha en carretes de madera y 15 toneladas de cohetes…, es decir, una bomba en potencia.
Naddaf revisó documentos y se sorprendió porque las 2.750 toneladas de nitrato de amonio habían estado en la bodega No. 12 del puerto desde 2013, sin supervisión ni un protocolo de almacenamiento. Informó a sus superiores: primero a las autoridades aduaneras y portuarias, luego a tres ministerios, al comandante del ejército, a dos jueces y en 2020, semanas antes de la explosión, la queja llegó hasta el primer ministro, Hassan Diab, y el presidente Michel Aoun.
Nadie hizo nada ni tomó precauciones, pero cuando esos insumos explotaron arrasando con la mitad de Beirut, destrozando todo a su paso y matando a 217 personas, las autoridades se hicieron las desinformadas. Resulta que nadie sabía nada, aunque la misma noche del fatídico 4 de agosto de 2020 se informaba que la explosión había sido en la bodega No. 12 del puerto.
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El gobierno libanés se negó a una investigación internacional. Ante un país destrozado por la explosión y una grave crisis económica, el gobierno prometió investigar y llevar a los responsables ante la justicia. Un año después no han hecho nada, de acuerdo con periodistas libaneses, por cuenta de las injerencias políticas para sabotear el caso. El juez Fadi Sawan, primer encargado de las pesquisas, fue apartado de sus funciones después de inculpar a altos responsables; su sustituto, Tarek Bitar, se enfrenta también a obstáculos, sobre todo a la negativa del Parlamento de levantar la inmunidad de algunos de sus miembros, sospechosos de implicaciones en la potente explosión.
Amnistía Internacional (AI) acusó a las autoridades libanesas de obstaculizar sin escrúpulos el proceso. “Las autoridades se pasaron el último año obstaculizando de forma vergonzosa la investigación por la verdad y la justicia de la víctimas”, lamentó la ONG. Todo se ha convertido en un juego político que todo lo complica. el Primer Ministro y su equipo renunciaron el 10 de agosto de 2020, días después de la explosión, y hoy el país no tiene gobierno.
Con un agravante, la asistencia internacional al Líbano está condicionada a la formación de un gobierno capaz de luchar contra la corrupción y de llevar a cabo reformas. ¿Cuándo será? “Se demora”, respondió el actual primer ministro libanés designado, Najib Mikati, quien confesó que los “regateos políticos” obstruyen su tarea. Mikati insistió en su voluntad de formar este nuevo gobierno tan esperado en un plazo limitado, después de un año de vacilaciones y de negociaciones políticas. Pero los libaneses ya no creen, han sido años de corrupción y desidia, que tenían al país en la peor situación económica antes de la explosión. El estallido no solo trajo más pobreza sino que se sumó a la pandemia de coronavirus; los libaneses ya perdieron la esperanza de recuperarse y de conocer la verdad de lo sucedido en el puerto.
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Algunos temen que nunca se haga justicia en este caso. “Simplemente intentan escapar de la justicia”, dice el abogado Youssef Lahoud, que representa a más de 1.000 víctimas de la explosión, cuyas consecuencias son cada vez más difíciles para la población. Por que no son solo los familiares de los fallecidos los que viven las consecuencias; de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), una de cada tres familias en el Líbano tiene niños con signos de trauma, producto de la explosión. “Una de cada tres familias (34%) tiene niños que todavía muestran signos de angustia psicológica”, afirmó UNICEF, que en julio realizó una encuesta entre 1.200 familias. ”En el caso de los adultos, la proporción llega a casi una de cada dos personas (45,6%)”, añadió la agencia de la ONU en un informe publicado en vísperas del primer aniversario de la explosión. Entre las víctimas de la tragedia, seis niños perdieron la vida y otros 1.000 resultaron heridos.
¿Qué se sabe hasta ahora?
La investigación permitió revelar la identidad de varias partes implicadas, incluyendo el nombre del propietario de la compañía marítima encargada de transportar el cargamento y el nombre del banco mozambiqueño que financió la operación. El barco Rhosus, de bandera moldava, había partido de Georgia con destino a Mozambique, en 2013, e hizo escala en Beirut con un cargamento de nitrato de amonio a bordo. era im édodp de una empresa privada de Mozambique, Fábrica de Explosivos de Mocambique (FEM); el cargamento, descargado en 2014 en el úerto del Líbano, nunca fue enregado y el Rhosus, abandonado en ese lugar, terminó hundiéndose en 2018.
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La investigación local estableció los presuntos vínculos entre tres empresarios de nacionalidades siria y rusa con la compañía Savaro Limited, que comercia con productos químicos y que había recibido el encargo de la firma mozambiqueña.
Grandes avances, pero, ¿y los responsables del almacenamiento durante años en Beirut? Ese es el punto débil de la investigación. El abogado Youssef Lahoud explicó que no se sabe cómo empezó el incendio en la bodega, pero señalan que unos trabajos de soldadura cercanos habrían provocado la chispa que generó la explosión. Expertos han dicho que si hubieran explotado 2.750 toneladas de nitrato de amonio el daño habría sido muchas veces mayor, por lo que temen que el material había sido extraído sin que nadie lo notara.
Resulta que todos los partidos políticos principales y organismos de seguridad de Líbano tienen participación en el puerto, en donde un bien coordinado sistema de corrupción manda: el inspector de aduanas recibe sobornos para que los importadores evadan impuestos, el ejército y otros organismos de seguridad también reciben lo suyo para no inspeccionar la mercancía, funcionarios del Ministerio de Asuntos Sociales tienen su tajada también para autorizar pedidos “fraudulentos”... y así una larga cadena donde todos ganaban, a costa de una ciudad que lo perdió todo en un devastador minuto.