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Suele pensarse —de manera equivocada— que la libertad de prensa se ve mayormente amenazada en países con regímenes autoritarios, pragmáticos o con altos índices de corrupción y violencia. Corea del Norte, Rusia, China, México y Venezuela son siempre los ejemplos de lo que no debe hacerse en materia de libertad de expresión.
Pero al parecer la presión contra periodistas no es una práctica exclusiva de regímenes autoritarios. La semana pasada, un operativo policial en contra del conglomerado de medios más grande de Australia encendió las alarmas sobre la libertad de expresión en uno de los países más desarrollados del mundo. Una investigación que dejaba mal parado al gobierno fue el detonante.
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El gobierno australiano acusó a la radiodifusora nacional de Australia (ABC) y a tres periodistas de haber “dañado” los intereses nacionales del país. La Policía australiana allanó este mes las instalaciones de ABC y de un periodista tras haber denunciado ejecuciones ilegales y excesos por parte de la misión militar australiana en Afganistán en 2017.
El operativo en contra de los periodistas se dio en el marco de una polémica ley que se promulgó en 2017, que buscaba proteger al país contra la interferencia y el espionaje extranjeros. El texto afirma que cualquier material obtenido sin autorización por medio de un funcionario del gobierno y considerado “inherentemente dañino” o susceptible de dañar “los intereses de Australia” debe ser evaluado por las autoridades. Además las reformas introducen fuertes sanciones y ponen a cualquiera, incluidos los periodistas, dentro de sus competencias.
“El hostigamiento de la Policía contra los periodistas es algo que se está normalizando y tiene que parar”, afirmó tras el allanamiento Marcus Strom, presidente de Media Entertainment and Arts Alliance (MEAA), el principal sindicato de periodistas del país. De hecho, según Strom, la legislación actual permite que la Policía “agregue, copie, elimine o altere” el material confiscado.
La legislación forma parte de una docena de leyes relacionadas con la seguridad nacional introducidas en Australia desde los atentados terroristas del 11 de septiembre que, según los críticos, han hecho cada vez más difícil denunciar posibles delitos.
De hecho, la afectación más grave ocurrió en 2015, luego de que el Parlamento aprobara una ley de retención de metadatos, a pesar de las advertencias por parte de defensores de la libertad de prensa. Según ellos, estas medidas, que en su momento fueron denunciadas por personajes como Edward Snowden, de manera indirecta expondrían a los denunciantes y a otras fuentes confidenciales. “Es claro que la serie de leyes de seguridad nacional que se han aprobado en el Parlamento en los últimos años han sido diseñadas no solo para combatir el terrorismo, sino también para perseguir y procesar a quienes quieren exponer delitos por parte del gobierno”, afirmó Marcus Strom.
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Sin embargo, no solo los periodistas reciben presiones y amenazas; sus fuentes, quienes filtran información que luego se convierte en noticia, son los principales afectados por esta nueva legislación, de acuerdo con organizaciones periodísticas como el Club Nacional de Prensa de Australia.
Las autoridades australianas acusaron a un exfuncionario de seguridad de cinco delitos por haber entregado información a quienes publicaron “Los archivos afganos”, la investigación que puso en jaque al Ejército australiano.
Esta semana se conoció que David McBride, un exfuncionario de la Oficina de Seguridad Nacional australiana, enfrenta cinco cargos por haber filtrado material clasificado a tres periodistas de alta jerarquía de ABC y algunos periódicos locales. El jueves, al terminar la primera audiencia, McBride dijo que no niega haber filtrado el material, pero que lo hizo porque estaba cumpliendo con su deber de denunciar una conducta ilegal por parte del gobierno.
“Todo esto se trata de lo que sucedió hace diez años en la cima de una montaña en Afganistán. Esto no es seguridad nacional, sino una vergüenza nacional”, afirmó McBride al salir del juzgado.
Si bien en el 2013 se introdujo un esquema de denuncia de corrupción y actos delictivos para funcionarios públicos, similar al de países como Singapur, Japón y Corea del Sur, la situación actual en Australia está lejos de los ejemplos de los países asiáticos. De hecho, McBride dijo que antes de acudir a la prensa intentó denunciar el caso internamente y a la Policía, fallando en ambas ocasiones.
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“Vi que ellos (la Policía) no hicieron nada al respecto y finalmente acudí a la prensa, y se publicó en ABC”, afirmó el exfuncionario en declaraciones a la prensa.
Pero McBride no es el único funcionario que cae en desgracia, luego de hacer una denuncia por corrupción dentro del gobierno. En 2015, Ron Shamir, de la Oficina Australiana de Impuestos, denunció “operaciones encubiertas” de la agencia gubernamental contra los contribuyentes. Hoy, Shamir está sin trabajo, se quebró y enfrenta demandas por US$88.000 en honorarios legales del gobierno.
“Se necesita mucho coraje en este entorno para poner tu nombre en una filtración”, afirmó Shamir al diario The Canberra Times.
En medio del aluvión mediático y de reclamos por parte de CNN, la BBC y organizaciones internacionales como Human Rights Watch, el primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo que su país “cree firmemente en la libertad de prensa”, pero aclaró que esta libertad debe seguir ciertas reglas “que protegen la seguridad nacional de Australia”.
Por Jesús Mesa (jmesa@elespectador.com)
