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No es sólo Colombia o Perú. Alrededor del mundo hay varios países tratando de hacer memoria para pasar la página. Canadá es uno de ellos. Y en su caso hay una página vergonzosa que lamentablemente se sigue escribiendo: los asesinatos, en su mayoría impunes, de mujeres aborígenes. Pese a que representan apenas el 4 % de la población, por lo menos una de cada 10 mujeres asesinadas en Canadá es indígena.
Con el agravante de que, de nuevo, estos homicidios casi nunca son investigados y mucho menos esclarecidos. El gobierno de Canadá lo sabe; se lo han dicho varias organizaciones internacionales e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por ello, desde diciembre del año pasado, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que crearía una comisión para esclarecer, por lo menos, 1.200 asesinatos y desapariciones de mujeres aborígenes.
Tras varios meses de conversaciones con los familiares de las víctimas, el pasado 3 de agosto el gobierno canadiense anunció la creación de la comisión y dijo que será dirigida por la jueza Marion Buller, la primera indígena en ocupar ese cargo. Esta comisión, que contará con un presupuesto de US$30 millones, comenzará trabajos el próximo 1º de septiembre y su misión es clara: establecer las causas “sistémicas” de la violencia contra mujeres y niñas aborígenes.
“Al examinar las causas de raíz que han contribuido a esta tragedia nacional, incluidas las barreras sistémicas e institucionales, pasadas y presentes, la comisión jugará un papel clave al ayudarnos a definir dónde actuar para proteger los derechos humanos de todas las indígenas de Canadá”, sostuvo al respecto la ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould. Ciertamente, con esta comisión, el gobierno canadiense busca saldar una antigua deuda con sus pueblos originales.
Durante años Canadá se hizo la de la vista gorda ante la tragedia de sus pueblos nativos. Varios gobiernos conservadores sólo negaron lo sucedido. Hasta que a mediados de 2014, al verse presionada por varias ONG, la Real Policía Montada de Canadá dio a conocer un informe que puso el dedo sobre la llaga, en el cual admitió que, entre 1980 y 2012, habían sido asesinadas 1.017 indígenas y otras 160 habían desaparecido.
De acuerdo con el informe, la posibilidad de que una mujer aborigen canadiense fuera asesinada era cuatro veces mayor que la de una no aborigen. Una cifra espeluznante. Ese mismo año, la Comisión Interamericana emitió un informe donde se concluía tajantemente que “las desapariciones y asesinatos de mujeres indígenas en Canadá son parte de un patrón de violencia y discriminación más amplio contra las mujeres indígenas en Canadá”.
No era ningún secreto, dijo la CIDH: “El hecho de que las mujeres indígenas en Canadá experimentan desigualdades institucionales y estructurales como resultado de la desigualdad y discriminación históricas, enraizadas en la sociedad, ha sido reconocido por el gobierno de Canadá”. Luego vino un demoledor informe de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación de Canadá (CVRC).
En este, esa entidad criticaba puntualmente una serie de medidas educativas con las que, supuestamente, se buscaba ayudar a los pueblos ancestrales. La conclusión de la CVRC fue otra: el gobierno canadiense, dijo, “llevó adelante esta política de genocidio cultural porque deseaba renunciar a sus obligaciones legales y financieras hacia los pueblos originarios y obtener el control de las tierras y los recursos de éstos”.
Estos informes llevaron a Trudeau a ofrecerles excusas a los pueblos ancestrales. Trudeau ha dicho que la prioridad de su gobierno ha sido restablecer sus relaciones con las comunidades indígenas. Su anuncio de crear una comisión para esclarecer estos 1.200 crímenes en contra de mujeres aborígenes ha sido bien recibido, aunque con una salvedad: las ONG defensoras de los derechos de los pueblos ancestrales han criticado la timidez con la que el gobierno canadiense se ha referido a la presunta responsabilidad de la Policía en los hechos.
Falta mucho para que haya resultados. La comisión tendrá dos años antes de dar un informe al respecto. Hay muchos casos por esclarecer, pero, sobre todo, uno que ya hace parte de la cultura popular canadiense, que es casi un mito, una historia de terror: los asesinatos de la Autopista de las Lágrimas, como se conoce a un tramo de 724 kilómetros de la carretera Transcanadiense, también conocido como la carretera 16.
En esta vía han sido asesinadas, desde 1980, unas 18 mujeres, aunque algunas entidades estiman que la cifra puede ascender a 40. La mitad de las víctimas eran indígenas. En 2013, la ONG Human Rights Watch (HRW) hizo un informe especial al respecto en el que denunciaba no sólo negligencia por parte de la Policía Montada, sino, incluso, violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de esta entidad.
Mejor dicho: quienes debían encargarse de investigar las desapariciones y asesinatos en esta vía, terminaban convirtiéndose, ellos mismos, en monstruos. “Me siento sucia (...). Amenazaron que si contaba a alguien lo sucedido me llevarían a las montañas para matarme, y harían que pareciera un accidente”, le dijo una sobreviviente a HRW. Mientras tanto, los asesinatos siguen sin ser esclarecidos.
Se ha especulado que muchos de los homicidios fueron cometidos por personas que recogieron a estas mujeres, después de que pidieran un aventón, en una región en la que es difícil movilizarse por la ausencia de transporte público. En su momento hubo un procesado por estos hechos, el estadounidense Bobby Jack Fowler. Sin embargo, su nombre sólo pudo ser vinculado a uno de los homicidios. Los demás siguen impunes. Pero ahora Canadá busca salir de su Autopista de las Lágrimas, reconociendo lo que durante años trató de negar.