En Washington D.C la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó la primera audiencia sobre derechos de trabajadoras sexuales en América. La CIDH hizo un llamado para que los gobiernos de la región diseñen políticas públicas y regulen la prostitución de manera que se pueda ejercer de manera digna.
Entre los motivos que inspiraron la reunión está el alto índice de asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales en la región. A lo anterior también se añade el importante índice de impunidad que existe para este tipo de crímenes.
Según la investigación que se dio a conocer en la reunión, los agresores más comunes de las mujeres que ejercen la prostitución en los países miembros de la OEA son miembros de las fuerza armadas, agentes de migración y funcionarios de justicia.
En el informe Ley entre comillas, publicado por la ONG Parces a finales del año pasado, se ponía en evidencia que sólo en Bogotá, al menos el 62% de las personas encuestadas que ejercen la prostitución ha recibido maltrato físico por la policía o un cliente, y al 32% les han negado el servicio de salud por su oficio.
Las expertas que participaron del foro del CIDH también señalaron que 8 de cada 10 crímenes en los que las trabajadoras sexuales son afectadas no son denunciados. Según Lucila Esquivel, miembro de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), en los casos en los que sí se realiza una denuncia, el estigma que pesa sobre la población dedicada a la prostitución hace que rara vez aparezcan los culpables y que las investigaciones no se concluyan.
En el foro hizo un llamado para que los países de la región legislen de modo que se trace una clara diferencia entre el trabajo sexual, por un lado, y la trata y tráfico de personas, por el otro. Del mismo modo, señaló la urgencia de diseñar políticas públicas para combatir la discriminación de la que son víctimas las trabajadoras sexuales.