Cinco años sin los estudiantes de Ayotzinapa

IGUALA(MÉXICO), 23/09/2019.- Padres de familia de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 y simpatizantes realizan este lunes un mitin en el Palacio de Justicia de Iguala (México). El objetivo de la protesta, que culminó en destrozos a las instalaciones, fue exigir que entreguen los videos que las cámaras de seguridad de ese lugar, en ese momento a cargo de la magistrada Lambertina Galeana Marín, captaron la noche de los hechos, el 26 de septiembre de 2014, y que supuestamente desaparecieron. EFE/Francisca Meza

Foto: EFE

A tres horas de Ciudad de México, al costado de una carretera secundaria, en Ayotzinapa, se encuentra la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Entre las paredes y los pasillos de la institución se reivindica la lucha obrera y campesina; es la “Cuna de la conciencia social” -como señala un cartel en la entrada- en medio del estado de Guerrero, un territorio plagado de violencia, corrupción y narcotráfico.

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Fue creada al albor del México posrevolucionario, en 1926, para ofrecer a hijos de familias campesinas, pobres e históricamente excluidas la posibilidad de hacer una carrera como maestros; para ir a educar a esas recónditas zonas montañosas del país. Pero formar parte de esa escuela (desconocida para el mundo antes de la desaparición de los 43 estudiantes) no solo implicaba un proceso educativo; para los jóvenes era (y es) también una forma de organización, de exigencia constante de recursos, de resistencia en medio de la violencia. El 26 de septiembre de 2014, varios estudiantes de la institución tenían que gestionar unos autobuses para ir hasta Ciudad de México a participar de la conmemoración de una masacre, la matanza del Movimiento Estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, en 1968. Todos los años lo hacían: llegaban a la ciudad de Iguala, tomaban unos buses, los llevaban a la sede de la escuela en Ayotzinapa y viajaban hasta la capital. Pero ese año todo fue distinto: fueron víctimas de una tragedia que marca a toda una generación.

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Alrededor de la pregunta “¿dónde están los 43?” gira la vida de los padres y madres de los estudiantes, que desde entonces no han dejado buscarlos y de viajar por México y por el mundo exigiendo justicia. Detrás de esa quedan miles de preguntas más que cinco años después no tienen respuesta: ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿Por qué? ¿Tendrán hambre? ¿Siguen vivos?

El gran precio de la desaparición es que estas dudas pueden prolongarse de manera indefinida, es que la realidad no se encuentra hasta que no se encuentre a la persona.

“No podemos aceptar que nuestros hijos estén muertos. Muchas personas nos dicen: apláquense, que sus hijos están muertos. Pero cómo podemos, si no hay pruebas, no hay pruebas científicas que avalen que nuestros hijos están muertos. Nosotros siempre se los pediremos, nuestros hijos vivos, porque así se los llevaron y así los queremos”, dice Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Ramos, uno de los estudiantes desaparecidos.

La investigación de la desaparición empezó en la Fiscalía General del estado de Guerrero, después pasó a la Procuraduría General de la República (PGR) y cuatro meses después, el 27 de enero de 2015, el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, anunció que el caso estaba resuelto

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Según su versión, que el gobierno bautizó como la “verdad histórica”, los estudiantes habían sido retenidos por la Policía Municipal de Iguala y habían sido entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían matado e incinerado sus cuerpos en un basurero cercano al pueblo de Cocula. Después habrían eliminado todo rastro tirando las cenizas y otros restos en el río San Juan.

Pero la investigación del gobierno de Peña Nieto (quien la defendió hasta el último día) fue todo menos convincente, y más adelante empezarían a salir las pruebas en contra de los supuestos hallazgos.

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“Esa investigación tuvo muchos problemas, pero resalto tres: se basó en una teoría de caso única, conclusiva y cerrada que intentó simplificar el ataque, volverlo algo mínimo, un evento pequeño; se confeccionó con base en testimonios y declaraciones (que después la ONU probó que habían sido forzados con torturas y detenciones ilegales) y no en evidencia científica, y tres, el descubrimiento de un alto funcionario en las inmediaciones del río llevándose a un detenido a escondidas, sin fiscal a cargo, en donde cuestionablemente apareció al siguiente día un hueso de uno de los estudiantes desaparecidos, el único resto que ha aparecido hasta ahora”, explica Tapia.

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Pese a estos hallazgos, las preguntas de los padres siguen ahí. Aunque con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia recobraron la esperanza (pues creó una Comisión de la Verdad y destinó personal, recursos y apoyo para encontrarlos), estos cinco años han sido un “tiempo detenido” en donde la ausencia habita sus hogares, sus actividades diarias fueron dejadas de lado y las repercusiones en su salud física y mental, sumado al desgaste, cada vez se hacen más visibles. A pesar de la liberación de decenas de presuntos responsables y del reto de empezar de cero la búsqueda, ellos no descansan.

“Estamos esperando con ansia poder besarlos, abrazarlos y decirles: ‘¡Te quiero hijo!’, eso estamos esperando”, asegura Epifanio Álvarez.