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La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Países Bajos, informó este viernes que Colombia presentó al Tribunal una declaración de intervención en la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza.
En el documento, Colombia, que es parte en la Convención, deja claro que no busca convertirse en parte en el proceso iniciado por Sudáfrica, que lo lleva en solitario. En cambio, “la intervención de Colombia tiene como objetivo ayudar a la Corte a interpretar las disposiciones de la Convención que están en cuestión en este caso”.
“El Gobierno de Colombia presenta la presente Declaración de Intervención con la creencia genuina de que los Estados partes en la Convención sobre Genocidio deben hacer todo lo que esté a su alcance para contribuir a asegurar la prevención, represión y castigo del genocidio y, por tanto, para ayudar a la Corte a determinar la responsabilidad de cualquier Estado Parte en la Convención, por su incumplimiento de las obligaciones contenidas en ella, especialmente en el contexto de una situación tan dramática como la que se desarrolla en la Franja de Gaza”, reza el documento.
“Desde el comienzo mismo del ataque, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado pública y repetidamente la naturaleza genocida de las acciones de Israel contra los palestinos en Gaza. El objetivo final de Colombia en este esfuerzo es garantizar la urgente y más completa posible protección para los palestinos en Gaza, en particular para poblaciones vulnerables como mujeres, niños, personas con discapacidad y ancianos”, explica.
En su exposición, Colombia sostiene que “las más altas autoridades de Israel han declarado expresamente que su intención es limpiar la Franja de Gaza de todo o parte de los habitantes palestinos, ya sea matándolos directamente o causándoles graves daños físicos e incluso mentales, e infligiendo deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, mediante la eliminación física de la mayor parte de sus espacios habitables, instalaciones de salud y medios de subsistencia, e incluso obstaculizando los esfuerzos caritativos de llevar alimentos y medicinas a la zona [...]”.
No solo se refiere a cifras reportadas por distintas agencias de la ONU, que hablan de más de 30.000 víctimas mortales en el enclave palestino tras el inicio de las acciones militares de Israel el pasado 7 de octubre, de las cuales unas 13.000 serían niños, sino también a la obstaculización de la entrada de la ayuda humanitaria, entre otras denuncias.
El documento, asimismo, se refiere a actos como el desplazamiento del que ha sido víctima la población en Gaza. Este tipo de “deportación”, prosigue, “puede constituir un acto genocida cuando la intención es destruir total o parcialmente al grupo objetivo”.
“Colombia reitera su llamado a que otros Estados Parte en la Convención de 1948 se sumen a este procedimiento”, expresó la Cancillería colombiana en un comunicado.
La relación entre Israel y Colombia se ha deteriorado desde octubre del año pasado. El gobierno con sede en Jerusalén reclamó en un primer momento que Bogotá no condenara los ataques terroristas de Hamás ocurridos el 7 de octubre, cuando milicianos de ese grupo mataron a casi 1.200 personas y secuestraron a casi 250 en el sur de Israel.
El presidente Petro, en cambio, ha sido muy crítico desde el principio con las acciones militares de Israel en Gaza. A raíz de los bombardeos (como el ocurrido en el campo de refugiados de Jabalia), llamó a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Margarita Manjarrez, y anunció el cese de compras militares a Israel, de lo que públicamente, no obstante, no se han dado reportes por razones de “seguridad nacional”.
El gobierno israelí, no obstante, ha mantenido en Colombia a su embajador, Gali Dagan.
Petro afirmó que si Israel no cumplía la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pidió un cese al fuego en Gaza durante el mes del Ramadán, que termina hoy, rompería relaciones con Israel.
El alto al fuego no sucedió.
Israel está obligada a garantizar la ayuda humanitaria en Gaza por la CIJ
En enero pasado, la corte de La Haya se pronunció por primera vez respecto a la demanda de Sudáfrica, que acusa a Israel de genocidio en la Franja de Gaza.
La CIJ, con el fin de evitar actos de genocidio, le exigió a Israel “adoptar medidas inmediatas y efectivas” para permitir el acceso de la asistencia humanitaria a Gaza y “castigar” cualquier incitación al genocidio contra los civiles palestinos, aunque no instó a un alto el fuego.
“Es el mundo al revés”, afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu antes del esperado pronunciamiento. “Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal”.
“Si hay actos que pueden calificarse de genocidas, estos se perpetraron contra Israel”, afirmó en las audiencias el abogado israelí Tal Becker.
El 28 de marzo, la misma corte se volvió a pronunciar exigiendo que garantice sin demora la entrega de “ayuda humanitaria urgente” en la Franja de Gaza, devastada tras casi seis meses de guerra entre Israel y Hamás.
De acuerdo con el máximo tribunal de la ONU, Israel debe adoptar todas las medidas necesarias y eficaces para garantizar, sin demora, la entrega sin trabas de “los servicios básicos y la ayuda humanitaria urgente” para Gaza.
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