Cristina Fernández: gobierno busca distraer la atención sobre crisis económica

La exmandataria argentina fue citada a declarar nuevamente hoy, por la supuesta trama de pagos de sobornos de empresarios a funcionarios de su gobierno en la que, según los “cuadernos de la corrupción” está directamente implicada.

En un escrito presentado al juez del caso, Claudio Bonadio, en los tribunales federales de Comodoro Py, Cristina Fernández de Kirchner afirmó: “Reitero mi negativa de manera categórica y terminante de haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así como también de haber cometido delito alguno".

Asimismo, denunció que la investigación "dirigida deliberadamente" en su contra no ha conseguido ni una "mínima prueba" que acredite los delitos que "calumniosamente" se le atribuyen" y aseguró que pese a los "abusos judiciales" que sufre, se mantiene a disposición de la Justicia.

(En contexto: Cristina Kirchner citada a declarar por escándalo de corrupción)

Fernández acudió hacia las 11.00 hora locala los tribunales, donde había sido citada por Bonadio para ampliar su declaración indagatoria por los nuevos datos aparecidos desde que se presentó ante el mismo juez por esta causa a mediados de agosto.

La expresidenta también denunció "gravísimas irregularidades" en el proceso judicial, al señalar que este se originó "a través de una prueba obtenida de manera ilícita" y "en contra de la voluntad" de su autor, haciendo referencia a las fotocopias de los cuadernos en los que Oscar Centeno, un chófer del Ministerio de Planificación, contaba cómo supuestamente llevaba bolsas con dólares de parte de empresarios a funcionarios durante los Gobiernos de su esposo ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández y que hicieron que saliera a luz esta causa.

"Se desarrolló un procedimiento que resulta inédito y de características escandalosas para cualquier persona: quienes confiesan supuestos delitos que habrían cometido se van a su casa y quienes defienden su inocencia quedan presos", agregó por los numerosos empresarios y funcionarios que se han acogido a la figura del arrepentido durante la investigación.

(Puede ver: Así fue el allanamiento a la casa de Cristina Fernández de Kirchner en El Calafate)

La expresidenta denunció que "ni siquiera en tiempos de la inquisición se atrevieron a tanto" y aseguró que se vulneró "de manera descarada" la regla constitucional que "prohíbe perseguir a una persona dos veces por el mismo hecho".

"En mi caso, tal violación se ve multiplicada pues soy perseguida simultáneamente en cuatro causas por la misma supuesta asociación ilícita", aseguró antes de criticar que está siendo juzgada por "un juez enemigo" o "un no juez".

Además, cuestionó que haya sido citada a declarar "en medio de las peores noticias económicas" y cuando la moneda local afronta una fuerte devaluación e hizo hincapié en el "carácter de persecución política" de esta causa.

La expresidenta señaló que la causa se dirige contra dirigentes de una agrupación política -el kirchnerismo- que "nada tienen que ver" con esos hechos y que "resultan un blanco predilecto para los medios de comunicación concentrados afines a este gobierno".

"Estamos en presencia de una supuesta investigación que carece de todo contenido jurídico, que se desarrolla con fines que nada tienen que ver con un servicio de administración de justicia y que, de manera torpe, busca distraer la atención de la opinión pública frente a una debacle política, económica y social que ya nadie puede ocultar", sentenció.

(Le puede interesar: El juez Claudio Bonadio, a la caza de Cristina Fernández de Kirchner)

Bonadio también citó a otra decena de acusados para que declaren en los próximos días, entre los que están el ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio de Vido (ya en prisión preventiva por otra causa), el secretario de Coordinación y Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, y Gerardo Ferreyra, de la empresa Electroingeniería.

Además, el juez convocó por primera vez y para finales de septiembre a los militantes kirchneristas Eduardo "Wado" De Pedro, José Ottavis y Andrés "Cuervo" Larroque, así como al empresario Sergio Szpolski.

Pese a que Bonadio pidió la detención de Cristina Fernández, el ministro de Justicia de Argentina, Germán Garavano, remarcó que es necesario que la expresidenta y actual senadora explique ante la Justicia las causas por corrupción que la afectan, pero no se mostró a favor de sea llevada a prisión preventiva antes de ser juzgada.

De igual forma, hace dos semanas, se procedió tras el visto bueno del Senado al registro de tres casas de la propiedad de Fernández, una en Buenos Aires y dos en la Patagonia.

La exmandataria argentina fue citada a declarar nuevamente hoy, por la supuesta trama de pagos de sobornos de empresarios a funcionarios de su gobierno en la que, según los “cuadernos de la corrupción” está directamente implicada.

En un escrito presentado al juez del caso, Claudio Bonadio, en los tribunales federales de Comodoro Py, Cristina Fernández de Kirchner afirmó: “Reitero mi negativa de manera categórica y terminante de haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así como también de haber cometido delito alguno".

Asimismo, denunció que la investigación "dirigida deliberadamente" en su contra no ha conseguido ni una "mínima prueba" que acredite los delitos que "calumniosamente" se le atribuyen" y aseguró que pese a los "abusos judiciales" que sufre, se mantiene a disposición de la Justicia.

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Fernández acudió hacia las 11.00 hora locala los tribunales, donde había sido citada por Bonadio para ampliar su declaración indagatoria por los nuevos datos aparecidos desde que se presentó ante el mismo juez por esta causa a mediados de agosto.

La expresidenta también denunció "gravísimas irregularidades" en el proceso judicial, al señalar que este se originó "a través de una prueba obtenida de manera ilícita" y "en contra de la voluntad" de su autor, haciendo referencia a las fotocopias de los cuadernos en los que Oscar Centeno, un chófer del Ministerio de Planificación, contaba cómo supuestamente llevaba bolsas con dólares de parte de empresarios a funcionarios durante los Gobiernos de su esposo ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández y que hicieron que saliera a luz esta causa.

"Se desarrolló un procedimiento que resulta inédito y de características escandalosas para cualquier persona: quienes confiesan supuestos delitos que habrían cometido se van a su casa y quienes defienden su inocencia quedan presos", agregó por los numerosos empresarios y funcionarios que se han acogido a la figura del arrepentido durante la investigación.

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La expresidenta denunció que "ni siquiera en tiempos de la inquisición se atrevieron a tanto" y aseguró que se vulneró "de manera descarada" la regla constitucional que "prohíbe perseguir a una persona dos veces por el mismo hecho".

"En mi caso, tal violación se ve multiplicada pues soy perseguida simultáneamente en cuatro causas por la misma supuesta asociación ilícita", aseguró antes de criticar que está siendo juzgada por "un juez enemigo" o "un no juez".

Además, cuestionó que haya sido citada a declarar "en medio de las peores noticias económicas" y cuando la moneda local afronta una fuerte devaluación e hizo hincapié en el "carácter de persecución política" de esta causa.

La expresidenta señaló que la causa se dirige contra dirigentes de una agrupación política -el kirchnerismo- que "nada tienen que ver" con esos hechos y que "resultan un blanco predilecto para los medios de comunicación concentrados afines a este gobierno".

"Estamos en presencia de una supuesta investigación que carece de todo contenido jurídico, que se desarrolla con fines que nada tienen que ver con un servicio de administración de justicia y que, de manera torpe, busca distraer la atención de la opinión pública frente a una debacle política, económica y social que ya nadie puede ocultar", sentenció.

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Bonadio también citó a otra decena de acusados para que declaren en los próximos días, entre los que están el ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio de Vido (ya en prisión preventiva por otra causa), el secretario de Coordinación y Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, y Gerardo Ferreyra, de la empresa Electroingeniería.

Además, el juez convocó por primera vez y para finales de septiembre a los militantes kirchneristas Eduardo "Wado" De Pedro, José Ottavis y Andrés "Cuervo" Larroque, así como al empresario Sergio Szpolski.

Pese a que Bonadio pidió la detención de Cristina Fernández, el ministro de Justicia de Argentina, Germán Garavano, remarcó que es necesario que la expresidenta y actual senadora explique ante la Justicia las causas por corrupción que la afectan, pero no se mostró a favor de sea llevada a prisión preventiva antes de ser juzgada.

De igual forma, hace dos semanas, se procedió tras el visto bueno del Senado al registro de tres casas de la propiedad de Fernández, una en Buenos Aires y dos en la Patagonia.